La ESI todavía es materia pendiente en la provincia

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El presidente de la Cámara de Diputados, Ángel Giano, dialogó con EL DIARIO.

Hace 18 años, la ley provincial 9.501 estableció que el CGE debía diseñar e implementar políticas de educación sexual y garantizar recursos, financiamiento y formación docente. Actualmente, en Diputados de la provincia hay un proyecto para establecer la Educación Sexual Integral en todos los niveles educativos a cargo del CGE. La ESI como derecho aparece potenciada en la ley nacional 27610 –IVE-, recientemente promulgada.

 

Redacción EL DIARIO

 

 

Con el número 27.610 fue promulgada la ley que regula el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y a la atención postaborto.

El inciso d) del artículo 2 de esa norma dedicado a los “derechos” de las mujeres y personas con otras identidades de género con capacidad de gestar expresa: “Prevenir los embarazos no intencionales mediante el acceso a información, educación sexual integral y a métodos anticonceptivos eficaces”.

Más adelante, el artículo 13 se refiere a la “Educación sexual integral y salud sexual y reproductiva” y establece que “el Estado nacional, las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios tienen la responsabilidad de implementar la ley 26.150, de Educación Sexual Integral, estableciendo políticas activas para la promoción y el fortalecimiento de la salud sexual y reproductiva de toda la población.

Agrega que esas políticas deberán, además, capacitar sobre perspectiva de género y diversidad sexual a los y las docentes y a los y las profesionales y demás trabajadores y trabajadoras de la salud, a fin de brindar atención, contención y seguimiento adecuados a quienes soliciten realizar una interrupción voluntaria del embarazo en los términos de la nueva ley, así como a los funcionarios públicos y las funcionarias públicas que actúen en dichos procesos.

 

 

ANTECEDENTES

La Ley Nacional 26.150 al que alude el artículo 13, implementa el Programa Nacional de Educación Sexual Integral y está vigente desde el año 2006. Es conocido por sus siglas ESI. Reconoce el derecho a la educación sexual integral de todas las personas, desde el nivel inicial hasta el superior, en los establecimientos educativos públicos, de gestión estatal y privada de todo el país.

La ley 26.206 es otra de las mencionadas. Entre “Los fines y objetivos de la política educativa nacional” puntualiza: “brindar conocimientos y promover valores que fortalezcan la formación integral de una sexualidad responsable”.

 

LOCAL

En esta provincia, desde 2008, la Ley de Educación Provincial -9890, en lo que refiere a fines y objetivos alude a “la formación integral de una sexualidad responsable”. Además, especifica que debe contar con “una estructura única en todo el territorio” con la que, entre otras acciones, “promueve una educación sexual escolar integral”.

Con mayor especificidad, en 2003, la Legislatura entrerriana sancionó la ley n° 9.501 que creó el Sistema Provincial de Salud Sexual y Reproductiva y Educación Sexual en el ámbito de la Secretaría de Estado de Salud con el fin de coordinar la información, asesoramiento, capacitación y prestación de servicios en materia de salud sexual y reproductiva y de educación sexual.

Esa legislación, vigente desde hace 18 años, estableció como un deber del Consejo General de Educación, diseñar e implementar políticas de educación sexual y garantizar recursos, financiamiento y formación docente. Además, que el Estado provincial debía impulsar la formación académica en Sexualidad Humana en la Educación Superior y Universitaria y simultáneamente la capacitación de los profesionales en ejercicio. También estableció que se debía incluir tanto en las políticas de educación sexual como en la capacitación y formación en los diferentes niveles educativos la perspectiva de las relaciones de género.

El Consejo General de Educación debía buscar los mecanismos para contar con un organismo asesor interdisciplinario conformado por representantes de la Federación Sexológica Argentina, de carreras profesionales de Salud, Humanidades y Ciencias Sociales, institutos superiores pedagógicos y organizaciones no gubernamentales con demostrada experiencia de capacitación en educación sexual.

 

EN DEBATE

La decisión política a lo largo de los años no parece haber acompañado con igual determinación la claridad de la letra de las normas al punto que todas están citadas en los fundamentos de un nuevo proyecto, autoría del presidente de la Cámara de Diputados, Ángel Giano, por la que “se establece la enseñanza de la Educación Sexual Integral en todos los niveles educativos a cargo del CGE y en la formación docente, tanto en el sistema educativo público de gestión estatal y de gestión privada”.

La ESI será de carácter “obligatorio”, expresa el artículo segundo de esta iniciativa actualmente en debate y que ya cuenta con dictamen de la comisión de Educación, Ciencia y Tecnología.

 

CLAVE

El diputado Giano destacó que, en el debate del proyecto sobre interrupción voluntaria del embarazo, “muchos de los oradores y las oradoras plantearon que la educación sexual integral es clave porque cuanto más y mejor se implemente, claramente habrá menos embarazos no deseados, menos enfermedades de trasmisión sexual y todo lo que implica aplicar esta verdadera educación en todos los niveles y en la formación docente; algo que hoy no se está dando”, dijo a EL DIARIO.

En ese orden, reflexionó que los proyectos sobre la IVE y el Plan de los Mil Días “generan más justicia social hacia adelante, es una consolidación de los derechos de las mujeres. Creo –agregó- que lo importante, más allá de la sanción de las leyes, es la efectiva implementación de las mismas; que el Estado pueda estar preparado lo más rápidamente posible para el cumplimiento de las dos normas”.

Sobre la ESI, Giano consideró que “es importante además del efectivo dictado de la materia que los docentes estén preparados, capacitados, para brindar la educación sexual integral, con lo que creo –confió- se van a solucionar muchos de los problemas que ahora se tratan de proteger con la sanción reciente de las dos leyes nacionales”.

Estimó que el proyecto del que es autor “va a tomar fuerza en los primeros meses de este año”. Hay una “cuestión presupuestaria” que resolver porque prevé la designación de un responsable o coordinador por escuela de la ESI y no se estarían pudiendo crear cargos, o al menos en tanta cantidad, en el actual contexto de emergencia. “Quedó pendiente una charla con Educación” trasmitió a EL DIARIO el diputado provincial. Ratificó su interés por “ver cómo se procura la implementación de esta educación y cómo se materializa el docente y la docente que la pueda desarrollar porque –admitió- se han hecho muchas capacitaciones en Entre Ríos, pero en la práctica a la mayoría de los docentes les cuesta educar, responder a las inquietudes, dudas, preguntas de alumnos y alumnas de todos los niveles. A mi criterio es lo que ha ocurrido y por esa razón, presenté la ley para que sea obligatoria y haya docentes preparados para darla”, insistió.

 

Las leyes y los derechos

“Después de muchísimos años de lucha hemos logrado que se sancione el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. La ley viene a poner una centralidad que es hacerse cargo de un problema de salud pública que venía siendo discutido, pero sobre todo, en el que el Estado casi no tenía intervención”. María Elena Ale integrante de la Red de socorristas evaluó la nueva legislación que amplió lo que estaba normado desde 1921 en cuanto a abortos.

Ponderó que “esta ley va concatenada con otras leyes” y en particular se refirió a la de Los mil días sancionada también en la sesión del 30 de diciembre, porque “el Estado no solo se hace responsable de garantizar las prácticas sanitarias en caso que las personas quieran interrumpir el embarazo, sino que también ahonda el compromiso y define una política social de acompañamiento para quienes deciden continuar el embarazo”.

Ale también destacó que “en los fundamentos y en algunos artículos recupera otras leyes que están vigentes en relación a los derechos de las infancias y adolescencias a decidir, a la ESI como centralidad en todo esto y a la concepción de salud comunitaria”.

La feminista explicó que “como activistas se nos abre un nuevo camino porque las leyes por sí mismas no garantizan derechos. Será un nuevo camino donde vamos a reforzar las articulaciones con organismos estatales, a fortalecer las acciones que tengan que ver con el reclamo para el cumplimiento del derecho (a la interrupción del embarazo), así como lo hicimos con la ley de fertilización asistida, de identidad de género, de matrimonio igualitario, de salud sexual y reproductiva, y las leyes que tienen que ver con los cuidados y los derechos de les pacientes”, aseguró a EL DIARIO.

 

“Después de muchísimos años de lucha hemos logrado que se sancione el derecho a la interrupción del embarazo”, dijo Ale.

 

Aún con leyes, hay muchos aspectos para profundizar

“La ESI va a ser un eje principal y fundamental” es lo primero que respondió a EL DIARIO la licenciada Silvia Primo, convocada para reflexionar sobre esta materia a la luz de las normas ya promulgadas a nivel nacional. Habló de “fortalecer un compromiso” en orden a “exigir a las autoridades del CGE, en principio” y también a “capacitar a los y las docentes en la educación sexual integral, sobre todo para cumplir con la transversalidad curricular que es lo que está costando muchísimo poder concretar dentro de lo que son los ejes curriculares y transversales de la ESI”, explicó Primo.

La licenciada en Trabajo Social, con una reconocida trayectoria en capacitación de recursos humanos, en extensión e investigación universitaria vinculadas a sexualidad, violencia de género, entre otras temáticas, consideró que “habrá que profundizar esta educación sexual integral en todos los niveles, en instituciones públicas y privadas”. También se refirió a las responsabilidades en el desempeño de la función pública, a la formación universitaria y la prevención de la violencia, aspectos sobre los cuales profundizar la atención a partir de las nuevas normas.

Destacó que “la legislación prevé desde el nivel inicial hasta los niveles superiores la educación sexual integral” y remarcó que “en la universidad también va a haber que introducir” esa temática. En esa línea, acotó que “habrá que trabajar mucho también en el cumplimiento de esta ley en las instituciones escolares privadas. Se deberá monitorear para que realmente se lleve adelante, dado que esas instituciones pareciera que no cumplen con ningún requisito vinculado a la ESI, que todavía sigue siendo visualizada como algo que es opcional y que se puede elegir desarrollar o no”, advirtió.

 

RUPTURA

En su análisis, Primo hizo hincapié en “poner mucha atención a la necesidad de separar la Iglesia del Estado. Quienes hemos estado participando, escuchando atentamente las intervenciones en la Cámara de Diputados y en el Senado hemos visto de qué manera sutil y no sutil, la Iglesia ha penetrado profundamente en la constitución y en la identidad de muchas instituciones sin que sean privadas o tengan dependencia de la Iglesia”, testimonió.

“Nosotras, que venimos trabajando en ESI y quienes estamos en contacto con el sistema de salud pública, vemos de qué manera los valores religiosos operan sobre las decisiones de las personas, de muchos profesionales; ahí creo que hay que abordar una fuerte estrategia de ruptura a nivel de paradigma”, analizó la licenciada con referencia a la importancia de separar, distinguir, cuestiones que son de índole personal, privada, respecto de otras vinculadas a la función pública que se cumple.

 

Primo subrayó que se debe distinguir cuestiones de índole personal respecto de otras vinculadas a la función pública que se cumple.

 

FORMACIÓN

Sostuvo que “a quienes estamos dentro del sistema público de Educación o de Salud se nos paga un sueldo para cumplir una función pública que tiene que ver con un servicio, y nosotros sabemos que tanto sobre la educación pública como la salud -si bien no está definido conceptualmente de esa manera-, no se pueden aplicar valores o principios ligados a lo religioso”.

“Indudablemente, intervenciones que se han podido escuchar en 2020 y en 2018 han demostrado esta fuerte impronta y de una manera sutil, la influencia sobre los discursos pero también sobre las acciones” describió antes de advertir, en otro orden, que “si bien esta ley de IVE va a permitir que los profesionales puedan plantar la objeción de conciencia como un impedimento para hacerse cargo de la interrupción de un embarazo, la institución deberá cumplir con esa función. No puede haber instituciones objetoras de conciencia, sino personas o profesionales”, aclaró.

Planteadas esas advertencias, Primo puso el acento en la formación de los profesionales en la Universidad. “Con la ley Micaela que vemos que se está aplicando a nivel de todos los funcionarios y funcionarias públicas no alcanza, entonces la ESI se va a tener que concretar en esos niveles de educación superior, en los espacios académicos en los que se forman los profesionales que luego van a tener la función pública en el ámbito de la salud, la educación, el desarrollo social, o en cualquier otro ámbito”, señaló.

 

VIOLENCIA

Primo entendió que también deberá profundizarse la atención en cuanto a la prevención de la violencia. Explicó que “impedir el acceso a los métodos anticonceptivos es también una forma de ejercer violencia, es un mecanismo de control sobre la salud sexual y reproductiva, y de control sobre los cuerpos de las mujeres”.

“El fortalecimiento de los grupos de mujeres que están semi organizadas o las organizaciones de mujeres de los sectores con menores posibilidades de acceder a los recursos que estarían disponibles en los servicios públicos de salud o educación, es otro punto en el que va a haber que trabajar. La conformación de redes de mujeres que son víctimas de abuso de violencia o esta red de socorristas que ya está organizada desde hace años, también van a tener que fortalecerse y ampliar”, sostuvo.

 

 

Estado de alerta

Silvia Primo reflexionó que “hasta que la reglamentación de esta ley (que regula la IVE) se apruebe y hasta que se pueda lograr su plena implementación habrá que hacer un trabajo de vigilancia del acceso a los derechos, del ejercicio de los derechos, del respeto hacia los derechos como para que justamente logremos que la existencia de esta ley no sea violada por quienes deben respetarla y cumplirla”.

Advirtió que “hay otro camino bastante más largo todavía que transitar, si se quiere más cómodo, porque hay una ley” reconoció, pero “los grupos de mujeres –insistió- vamos a tener que seguir trabajando mucho, estar en estado de alerta para hacer reclamos, para pedir la sanción de quienes no cumplan con la ley y eso no va a ser un trabajo menor”. Más allá de la advertencia, afirmó que “a partir de ahora va a haber un mejor acceso al aborto legal”.