Aborto: preparan argumentos para enfrentar posibles judicializaciones

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Letradas con perspectiva de género y comprometidas con la iniciativa sancionada prevén presentaciones contra la norma que se dirimirán en los tribunales.

Abogadas con perspectiva de género y comprometidas en la lucha por la aprobación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) coincidieron en que es probable «que se intente judicializar la norma para obstaculizar su aplicación» pero aseguraron que están preparadas y continúan profundizando «argumentos sociojurídicos sólidos para defender el acceso a los derechos que allí se garantizan».

En diálogo con Télam, la abogada especialista en Derecho de Familia e investigadora de Conicet, Marisa Herrera, analizó el camino que resta por recorrer tras la aprobación reciente de la Ley de IVE: «Sabemos que se intentará judicializar la ley para obstaculizar su aplicación y, por eso, estamos escribiendo la primera obra jurídica que pretende ser un análisis exegético de ambas leyes -IVE y el programa mil días- desde la triple visión constitucional, civil y penal».

Herrera, quien participó de plenarios en el Senado en el 2018, con explicaciones y fundamentos sólidos en favor de la Ley de IVE, agregó que además, junto a especialistas, están confeccionando un documento extraordinario «para salir en breve en una conocida revista jurídica a los fines de seguir profundizando los sólidos argumentos sociojurídicos en favor de este gran hito normativo».

«Si algo demostró el movimiento de mujeres y la diversidad, es que sabemos, y mucho, de luchas en el campo jurídico», dijo, y doblegó: «Por eso, una vez más, nos encontrarán allí defendiendo con responsabilidad, compromiso y convicción esta gran conquista legislativa».

En la misma línea, la abogada Natalia Gherardi, integrante del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), celebró la aprobación de la Ley y consideró que «es un paso fundamental en la ampliación de los derechos y de las garantías para respetar la autonomía de las mujeres».

«La ley que se aprobó es un piso mínimo, a partir de allí, hay que garantizar que todas las provincias en todo el territorio, sin arbitrariedad, ni distinciones, simplemente tengan acceso a los derechos que contempla la norma sin discriminación», dijo a Télam Gherardi.

«Estamos preparadas con argumentos sólidos, y definitivos, para responder a los ataques de la ley que probablemente vengan de los sectores anti-derechos, que se opusieron a su sanción, tal como sucedió después del caso F.A.L. y la implementación de protocolos de aborto no punible desde el 2012», resaltó.

El caso F.A.L. es el histórico caso judicial surgido en la localidad chubutense de Comodoro Rivadavia de una joven que fue violada por su padrastro cuando tenía 15 años. Su madre recurrió a la Justicia para que su hija pudiera realizarse el aborto en un hospital público y fue rechazado en primera y segunda instancia.

Finalmente, intervino el Tribunal Superior de Justicia provincial, que encuadró el caso en el supuesto del aborto no punible, del artículo 86 del Código Penal de la Nación, y autorizó la realización del mismo.

Por su parte, Raquel Hermida Leyenda, quien representa a víctimas de violencia de género, aseguró este miércoles que convertida en ley la IVE vendrán conflictos judiciales para poder garantizar el acceso al aborto.

«Como toda norma, la IVE no es perfecta y nosotros, los abogados, vamos a discutirla en Tribunales frente a la justicia, porque nos queda esa segunda etapa, enfrentar al sistema patriarcal», resaltó Hermida Leyenda en referencia a las presentaciones judiciales que imagina harán los denominados sectores «provida» para impedir la realización de abortos.

La abogada, quien representó a la cantante Anita Coacci y a la actriz Natalia Juncos en el juicio que les inició el actor Juan Darthes por calumnias e injurias, señaló: «Hoy tengo la suerte de dedicarme a defender mujeres que fueron abusadas, pero el abuso en muchos lugares estuvo ligado durante años a esta práctica clandestina».

Tras recordar que ella es una mujer de la época «del aborto clandestino hecho por cirugía, cuando ni existía la pastilla para hacerlo», contó que cuando tenía 28 años tuvo que acompañar a abortar a una trabajadora que había sido abusada en la calle. «Juntamos la plata para esa operación, antibióticos, los taxis…Ayer, cuando aprobaron la Ley de IVE me acordé de ella, de sus tres hijos y de su marido».

«Fue horrible, yo estaba en contra del aborto, soñaba con ser madre biológica y nunca se me había cruzado por la cabeza asistir a un aborto clandestino y ese día y luego muchos más, lo hice», aseguró la letrada, quien confesó que tuvieron miedo, «porque todo era ilegal y podíamos terminar detenidas».

 

Los puntos salientes de la nueva ley

– Se consagra el derecho de mujeres y personas con otras identidades de género con capacidad de gestar a decidir la interrupción del embarazo, requerir y acceder a la atención del aborto y recibir atención postaborto en los servicios del sistema de salud.

– El aborto se permitirá hasta la semana 14 inclusive del proceso gestacional. Fuera de ese plazo sólo se podrá acceder en caso de violación o si estuviere en peligro la vida o la salud integral de la persona gestante.

– En caso de menores de 13 años, se debe contar con el consentimiento informado y la asistencia de al menos uno de sus progenitores o representante legal.

– En los casos de adolescentes de entre 13 y 16, deberá tener un acompañante o «referente afectivo».

– Las personas mayores de 16 años, en tanto, tienen plena capacidad por sí para prestar su consentimiento.

– Mujeres y personas gestantes tienen derecho a acceder a la interrupción de su embarazo en los servicios del sistema de salud en un plazo máximo de diez (10) días corridos desde su requerimiento.

– Previo a la realización del aborto se requiere el consentimiento informado de la persona gestante expresado por escrito.

– El profesional de salud que deba intervenir de manera directa en la interrupción del embarazo tiene derecho a ejercer la objeción de conciencia. Para eso deberá mantener su decisión en todos los ámbitos, público y privado, en que ejerza su profesión, y derivar de buena fe a la paciente para que sea atendida por otro profesional en forma temporánea y oportuna, sin dilaciones.

– Los centros de salud privados o de seguridad social que no cuenten con profesionales para realizar un aborto a causa de la objeción de conciencia deberán prever y disponer la derivación a un lugar, de similares características, donde se realice la prestación.

– Obras sociales y prepagas deben incorporar la cobertura integral y gratuita de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). Estas prestaciones quedan incluidas en el Programa Nacional de Garantía de Calidad de la Atención Médica y en el Programa Médico Obligatorio (PMO) con cobertura total, junto con las prestaciones de diagnóstico, medicamentos y terapias de apoyo.

Alberto: “Hoy somos una sociedad mejor”

El presidente Alberto Fernández celebró la sanción de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), que, juzgó, convierte a la Argentina en una «sociedad mejor que amplía derechos a las mujeres y garantiza la salud pública», y recordó que la legalización del aborto fue un compromiso que asumió «en los días de campaña electoral».