Una vecina lo denunció, le encontraron un arma y fue condenado a prisión condicional

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El hombre era poseedor de un revólver Smith & Wesson, sin autorización. Además, tiene un legajo en proceso por supuesta violencia de género, impulsado por la denunciante.

 

En un juicio abreviado, el Juez de Garantías Nº 7 de Paraná, Carlos Ríos, resolvió condenar a JRG, de 42 años, sin antecedentes, por el delito de Tenencia de arma de fuego de uso civil, en calidad de autor.

El juez hizo lugar al acuerdo al que arribaron los defensores Alberto Salvatelli y Natalia Salvatelli Cardoso con el fiscal Cristian Giunta. Así, le impuso la pena de seis meses de prisión condicional y el pago de una multa de 1.000 pesos. También le impuso normas de conducta por dos años, entre las que se destacan que deberá realizar tareas comunitarias a favor de una institución por 96 horas globales y en la medida que lo permita la normativa relacionada al Covid-19 o reemplazarlas por un curso de capacitación que sea del interés del condenado.

A JGR se le imputó que “en el marco del allanamiento dispuesto el 8 de octubre de 2020 por el juez de Garantías N° 7 de esta ciudad, Carlos Ríos, en el domicilio que es residencia habitual y permanente de JGR, se halló a disposición de este, un arma de fuego, de puño, tipo revólver, calibre .32 marca Smith & Wesson y cartuchería del mismo y de otros calibres, en condiciones extrínsecas de normal funcionamiento y sin la autorización legal para tenerla o portarla”.

 

Devolución

En la sentencia, Ríos ordenó la devolución a JGR y NLG de una importante suma de dinero que fue secuestrada en el allanamiento en la casa del imputado. El dinero no tenía vinculación con la denuncia ni con la investigación.

Así, NLG, comerciante estuvo en la audiencia con su abogado, Carlos Albornoz, puesto que durante la investigación había pedido la devolución de dinero secuestrado. El juez hizo lugar a lo solicitado por el fiscal, la defensa particular y el imputado y el tercero presente en la audiencia, por ser de titularidad de ambos, producto de las actividades comerciales que desarrollan.

No obstante el reconocimiento que realizó JRG asumiendo la responsabilidad del hecho que se le imputó, el juez valoró que “más allá de la expresa admisión que el inculpado ha realizado en sus propias palabras, respecto de la existencia del hecho delictuoso atribuido (tenencia de un arma de fuego apta sin la debida documentación legal) y de su participación en calidad de autor, obran agregados al expediente otros elementos convictivos que llevan a arribar con grado de certeza a aquella conclusión afirmativa”.

Pruebas

Entre las pruebas recopiladas durante la Investigación Penal Preparatoria (IPP), mencionó la copia de denuncia por violencia de género, realizada por una vecina del imputado y los informe de la Agencia Nacional de Materiales Controlados y del Registro de Armas, que demuestran que el arma de fuego secuestrada no está registrada ni el imputado es legítimo usuario de armas de fuego y que clasifica como de uso civil.

Si bien se consignó que el ahora condenado no tiene antecedentes penales computables, en el acuerdo se señaló que del informe del Registro Nacional de Reincidencia surge que pasó por un proceso en una causa por tenencia de arma de fuego de uso civil en la jurisdicción La Paz, la que se resolvió con una Suspensión de juicio a prueba o Probation, en la que se dictó sobreseimiento en diciembre de 2016.

Atenuantes y agravantes

A la hora de analizar el acuerdo, el juez tuvo en cuenta como atenuante, la actitud que desplegó durante el allanamiento, cuando entregó inmediatamente el arma de fuego secuestrada, y que no posee antecedentes condenatorios. Como agravante valoró la constatación de una Suspensión de juicio a prueba por un hecho similar en la jurisdicción La Paz, lo que entendió “indica una reiteración de su conducta en la infracción endilgada pese a la advertencia que significaba ese proceso y medida alternativa por parte del sistema de justicia”.