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Gainza sobreseído en la causa narcomunicipio

El juez federal Nº 1 Leandro Ríos resolvió sobreseer al edil de Cambiemos, en la causa que investiga los presuntos vínculos entre la cúpula de la Municipalidad de Paraná con la supuesta organización narco que lideraría Daniel Tavi Celis.

También se sobreseyó al trabajador municipal, Ernesto Ramón González.

 

Néstor Belini | coordinacion@eldiario.com.ar

 

El juez del Juzgado Federal Nº1, Leandro Ríos, decidió este lunes sobreseer al edil del PRO en la Alianza Cambiemos, Emanuel Gainza, que estuvo involucrado en la causa, conocida como narcomunicipio, que se sustancia para determinar los supuesto vínculos de funcionarios municipales, entre los que se encuentran como imputados el actual intendente de Paraná, Sergio Varisco, con la presunta organización que lideraría Daniel Celis, alias Tavi, para financiar la campaña política con fondos provenientes del narcotráfico.

Gainza fue imputado del delito de Adquisición de estupefaciente –cocaína– para ser distribuida en las ciudades de Paraná y Concordia, en presunta infracción a la Ley N° 23.737.


En la resolución se destacó que de la prueba recabada hasta ahora “se pudo establecer un gran entramado de relaciones y vínculos familiares y barriales entre personal contratado de la Municipalidad de Paraná y los imputados en la presente causa y la denominada Avioneta”.

El juez también resolvió sobreseer a Ernesto Ramón González, que al momento de su procesamiento era jefe de barrenderos de la Unidad Municipal Nº2, por los delitos de Financiamiento  de actividades de comercio de estupefacientes en concurso ideal con el delito de Peculado y Adquisición de estupefaciente –cocaína– para ser distribuida en las ciudades de Paraná y Concordia, en presunta infracción a la Ley N° 23.737.

En ambos casos se dejó en claro que “el presente proceso no afecta el buen nombre y honor del que hubiere gozado” tanto Gainza como González.

Además, Ríos resolvió imputar a Luciana Lemos, alias Lupe, Lupita, ex pareja de Daniel Celis, alias Tavi, por considerarla autora del delito de Adulteración o supresión del número o grabado de un arma de fuego en relación a la pistola marca Bersa, calibre .22, en concurso ideal con el de Tenencia de armas de uso civil sin la debida autorización.

El arma fue hallada en la casa de Lemos el 2 de mayo a las 19.40 aproximadamente, en el allanamiento que personal de la Policía Federal Argentina realizara en cumplimiento de la orden de allanamiento librada por Juzgado Federal Nº 1 de Paraná, en la causa Narcomunicipio.

El allanamiento, según se señaló, “presentó una evolución gradual, comenzando en el marco de tareas investigativas realizadas por personal de Policía Federal Argentina, a partir del 30 de mayo de 2017 y en orden a la posible reestructuración de una organización narco criminal liderada por Tavi Celis, que había sido desarticulada con motivo de la detención de 23 personas y una aeronave en vuelo con 317,150 kilogramos de marihuana. Intensificándose el procedimiento a medida que el personal policial realizaba la pesquisa”.

Lemos, en ocasión de brindar declaración indagatoria sostuvo que “el arma con numeración suprimida era de Celis: …el arma estaba ahí porque era de Daniel Celis y la casa era de él como también están todas sus otras cosas…” manifestó.

Además del sobreseimiento de Gainza, que fue defendido por Humberto Franchi, de González, que fue representado por Patricia Valin y Patricio Cozzi, y de procesar a Lemos, el juez resolvió incorporar al legajo de la investigación copia de las fichas electorales extraídas del Sistema ConEleweb correspondientes a Miguel Ángel Celis, Daniel Celis, Jonathan Andrés Celis,  Griselda Bordeira, Gabriel Bordeira, Ángela Pineda y Jesica Joana Blanco.

Asimismo, ordenó remitir copia certificada de la resolución, junto con el informe de la División Lavado de Activos de Policía Federal, documental aportada por González, las declaraciones indagatorias de González y de Lemos y el auto de procesamiento al Tribunal de Cuentas de la provincia y a la Fiscalía Anticorrupción de la provincia “a los fines que estimen corresponder”.

En su resolución, Ríos recordó que “la Cámara Federal de Apelaciones de esta ciudad, en oportunidad de confirmar el procesamiento de Nahuel Jonatan Eduardo Celis, Jonathan Jesús Heintz, Griselda Bordeira, Alan Viola, Pablo Hernández, Sergio Varisco, Juan Manuel Gómez y de dictar la falta de mérito de González por un aspecto parcial del hecho, encomendó a este Juzgado profundizar ciertos aspectos de la investigación”.

Así, se agregó al expediente el informe de Policía Federal Argentina sobre el análisis del contenido de los dieciocho DVD’S   correspondientes a algunos teléfonos celulares secuestrados y al acta de presentación del celular de Varisco, de las nuevas desgrabaciones telefónicas correspondientes a Wilber Figueroa Lagos, Tavi Celis, Fernanda Orundes Ayala y Viola, además de la recpeción de nuevas declaraciones testimoniales.

 

Empleados

 

En la resolución se mencionó el informe que realizó personal de la División Lavado de Activos de Policía Federal con la documental secuestrada en la Municipalidad de Paraná, del cual surgió que “entre septiembre 2017 y mayo 2018 la Municipalidad de Paraná tenía 6.341 empleados distribuidos entre monotributo eventual (139), contratos de obra (556), políticos (146), contratos de servicio (567), horas cátedra (24), con estabilidad (145), efectivos (4.762) y empleados transitorios (2).

Siendo los centros con mayor cantidad de personal  la Unidad Municipal N° 2 de Barrido y Limpieza con 330 empleados, el Honorable Consejo Deliberante con 285 empleados y la Dirección de Jardines Maternales con 391 empleados”. Asimismo se relevó que “en el mismo período de tiempo ingresaron 497 personas, conformados por 253 contratos de obra, 15 políticos, 212 contratos de servicio, 1 horas cátedra y 16efectivos. Estableciéndose un detalle mensual en el informe”.

Del análisis de los legajos de obras y legajos de servicios planta permanente se pudo apreciar una cantidad considerable ­en especial los ingresados en el 2018­ con “inconsistencias” como “inexistencia del certificado profesional o título habilitante (por ejemplo secundario) que acreditaría su idoneidad para la labor a realizar y su posterior liquidación en los haberes”, “no se anexan los certificados de solicitud de seguro de vida obligatorio emitido por la respectiva compañía aseguradora” y que el “formulario preimpreso titulado Relevamiento de información de Recurso Humanos con membrete Municipalidad de Paraná, se halla incompleto en cuanto a sus datos filiatorios, datos de progenitores, datos familiares, nivel educativo, manuscritas con birome roja, con tachaduras y careciendo de fecha, nombre y firma del encuestador (persona que completó el formulario)”, “carencia de los certificados pertinentes para el pago de los salarios familiares”, “no obran las constancias de CBU bancarias para las transferencias de sus haberes” entre otras.

Gainza había sido imputado del delito de adquisición de estupefaciente para ser distribuido en Paraná y Concordia.