Ley de Emergencia: el gobierno espera que caigan las cautelares

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Mientras la Justicia, por tercera vez, declaró constitucional la Ley de Emergencia, aún quedan en pie dos cautelares por las que un colectivo numeroso de jubilados, pensionados y activos del Estado provincial no sufren mensualmente la detracción en sus haberes del aporte extraordinario que estableció esa norma.

Redacción EL DIARIO / [email protected]

La Justicia por tercera vez declaró constitucional la Ley N° 10806 que declaró en el ámbito provincial la Emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, sanitaria, administrativa, y previsional, en julio de este año.

En los autos «Cook Carlos y otros C/ Superior Gobierno de la provincia de Entre Ríos y otra- el Tribunal rechazó los argumentos de la actora y confirmó la legitimidad de la norma con base en la doctrina de la emergencia.

El Fiscal de Estado de la Provincia de Entre Ríos, Julio Rodríguez Signes, indicó que “es la tercera vez que el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia, con diferentes integraciones, ratifica la constitucionalidad de la ley 10806. El primer caso fue “Rombolá”, una jubilada docente, mientras que en “Pabón de Espeleta” y “Cook” los actores fueron jubilados del Poder Judicial”.

El funcionario sostuvo que, “de esta manera, se va consolidando la jurisprudencia del máximo Tribunal provincial en el sentido de la constitucionalidad de la norma, dada la evidente crisis sanitaria, que produce efectos directos en el nivel de actividad económica y la recaudación”.

Pendiente

En tanto, se mantienen en pie las medidas cautelares dispuestas por otros dos jueces que, en palabras del Fiscal de Estado, “no acatan el criterio del STJ”.

Una corresponde a una presentación realizada por Agmer contra la Provincia en el juzgado de Ángel Moia. “En ese caso, el juez dictó una cautelar y ordenó que no se hagan los descuentos a los jubilados” siguiendo los porcentajes que estableció la ley de Emergencia, recordó Rodríguez Signes. Luego, precisó a EL DIARIO que “se hizo una interpretación restrictiva y se aplica a los jubilados de la Administración”, es decir que fueron excluidos (de los alcances de la cautelar) los de los poderes Legislativo y Judicial, así como los de los entes descentralizados. “La interpretación está en discusión”, acotó el funcionario.

Por la otra cautelar, que abarca a los activos, se ordenó que al tramo de salarios que va de 75.000 a 100.000 pesos no se les efectúen los descuentos previstos por la norma. En este caso actuó la jueza Elena Albornoz y la presentación había sido efectuada por el Frente Sindical que integran Agmer, ATE, UDA y AMET.

Rodríguez Signes remarcó a esta Hoja que ambas “están en contradicción con los tres casos que ya dictó el Superior Tribunal” y recordó que han sido apeladas y aún no tienen resolución. “Nosotros aspiramos a que ambas cautelares sean levantadas, dejadas sin efecto, atento a que contradicen los tres fallos del Superior Tribunal de Justicia”, insistió el Fiscal de Estado.

En cuestion

Lo que se ha puesto en debate son los artículos 4 y 6 de la ley.
El 4º dispuso que para mantener el sostenimiento del régimen previsional provincial, los aportes personales se calculan sobre el total de la remuneración liquidada al personal en actividad según el siguiente esquema: hasta 75.000 ,16 %; desde 75.001 a 100.000, 18%; desde 100.001 a 200.000, 20%; y desde 200.001 en adelante, 22%.

Y el 6º establece aportes solidarios extraordinarios, sobre el monto total nominal liquidado a jubilados y pensionados con destino a cubrir el déficit previsional con los siguientes criterios: desde 75.001 a 100.000, 4%; desde 100.001 a 200.000, 6%; desde 200.001 a 300.000, 8%, y más de 300.001, 10%. En el caso de percepción de más de un haber previsional otorgado por la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos, ya sea pensión y/o jubilación, el monto total sobre el que se calcula el porcentaje aplicable, está dado por la suma de ambos.

Los votos en el caso Cooke

En el reciente caso “Cooke”, el Tribunal estuvo constituido por los doctores Gabriela María del Carmen Ceballos, María Susana Benítez, Alejandro Daniel Canavesio, Martín Julián Acevedo Miño y Enrique Marciano Martínez.

Martínez, Canavesio y Benítez conformaron los votos de la mayoría quienes, trasmitió Fiscalía, no se limitaron a realizar un examen de admisibilidad sino que fueron al fondo de la cuestión y revisaron los requisitos de constitucionalidad de las leyes de emergencia conforme la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El Fiscal recordó que la Corte Suprema exige que las leyes superen los test de oportunidad, esto es que exista una situación de emergencia; de finalidad: debe atender al bienestar general; de legalidad: debe ser declarada por Ley del Congreso, sin perjuicio de las delegaciones que válidamente pueden depositarse en el Poder Ejecutivo; de temporalidad: la restricción de los derechos debe ser temporal ya que, al menos teóricamente, siendo la situación de emergencia transitoria, ya que es un hecho extraordinario, las restricciones deben seguir la suerte de aquella; de proporcionalidad: los medios utilizados deben ser razonablemente proporcionales a las características de la emergencia, y de no discriminación: las restricciones no pueden estar dirigidas a un grupo de personas o a una persona individual o a un sector, ya que de otra manera se estaría violando la regla del art. 16 de la CN que expresa, en su segunda parte que “Todos los habitantes son iguales ente la ley …”

“El Tribunal, por mayoría, entendió que todos los requisitos están presentes en la ley 10806 por lo que se pronunció por su constitucionalidad”, destacó el gobierno.