Sobreseyeron a Cristina Kirchner en la causa por supuestas irregularidades en subsidios al gasoil

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La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner fue sobreseída este martes, junto con más de 200 exfuncionarios y empresarios, en una causa vinculada al llamado caso de los cuadernos en la que se investiga el supuesto pago de sobornos por parte de empresas de transporte beneficiadas con subsidios al gasoil, informaron fuentes judiciales.

La resolución fue adoptada por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi en el marco de un expediente en el cual su antecesor al frente del juzgado 11, el fallecido Claudio Bonadio, primero había procesado a los imputados. Esa decisión luego fue revocada por la Cámara Federal porteña, que ordenó seguir investigando.

La maniobra investigada tenía que ver con el otorgamiento de subsidios al gasoil para empresas de colectivos: lo que se buscó determinar es si el sistema implementado facilitó que se calcularan los subsidios en base a kilometrajes superiores a los efectivamente recorridos por los colectivos y, por ende, se entregaran subsidios superiores a los correspondientes.

Para Bonadio, la supuesta defraudación se había prolongado desde julio de 2003 hasta marzo de 2014, cuando se instalaron GPS en los colectivos y había sido por un monto superior a los 609.000 millones de pesos.

Para Martínez de Giorgi, esa supuesta defraudación no pudo ser probada porque, por ejemplo, no fue posible demostrar las supuestas diferencias entre los kilómetros recorridos por los colectivos y los reportados –por declaración jurada- para percibir los subsidios.

La resolución fue adoptada por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi en el marco de un expediente en el cual su antecesor al frente del juzgado 11, el fallecido Claudio Bonadio, primero había procesado a los imputados. Esa decisión luego fue revocada por la Cámara Federal porteña, que ordenó seguir investigando.

La maniobra investigada tenía que ver con el otorgamiento de subsidios al gasoil para empresas de colectivos: lo que se buscó determinar es si el sistema implementado facilitó que se calcularan los subsidios en base a kilometrajes superiores a los efectivamente recorridos por los colectivos y, por ende, se entregaran subsidios superiores a los correspondientes.

Para Bonadio, la supuesta defraudación se había prolongado desde julio de 2003 hasta marzo de 2014, cuando se instalaron GPS en los colectivos y había sido por un monto superior a los 609.000 millones de pesos.

Para Martínez de Giorgi, esa supuesta defraudación no pudo ser probada porque, por ejemplo, no fue posible demostrar las supuestas diferencias entre los kilómetros recorridos por los colectivos y los reportados –por declaración jurada- para percibir los subsidios.