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jueves, noviembre 26, 2020
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    Vilma Ibarra espera que el debate sea respetuoso

    Los 40 mil egresos hospitalarios al año por causa de abortos es uno de los argumentos que esgrimió la secretaria de Legal y Técnica de la Nación, Vilma Ibarra, para fundamentar el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo enviado al Congreso. Para la funcionaria, ese proyecto es complementario de otro que propone un seguimiento de la maternidad y la infancia durante los primeros tres años de vida.

     

    «Un debate respetuoso» es el que imagina la secretaria de Legal y Técnica de la Nación, Vilma Ibarra, cuando se aborde en el Congreso el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo que el presidente Alberto Fernández acaba de enviar junto con el Plan de los 1000 Días. «La verdad es que los abortos están sucediendo de a miles en la Argentina y esa es la realidad sobre la que tenemos que legislar», dijo.

    Junto con el ministro de Salud Ginés González García y la ministra de Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, Ibarra es vocera de ambos proyectos.

    Los argumentos sobre una y otra iniciativa fueron detallados en una ronda de prensa de la que participaron, el viernes pasado, medios del interior del país, entre ellos EL DIARIO. Ibarra llegó puntual a la cita y a las 11 -en el horario convenido- saludó desde la pantalla.

    Sobre el Programa de los 1000 días anticipó que el objetivo es que el Estado acompañe a las mujeres en su proyecto de maternidad y a la infancia hasta los primeros tres años de vida. «Es un programa muy robusto» que, entre otros cambios, amplía el plazo de la asignación por embarazo y extiende el aporte por nacimiento y adopción a personas que reciben la Asignación Universal por Hijo, sumando este grupo a quienes trabajan en relación de dependencia.

    Además, incluye un programa para atender embarazos de alto riesgo y para la detección temprana, entre otros factores, de trombofilia. Y profundiza acciones para la documentación de niños y niñas recién nacidos: «El DNI no tiene que ver solo con la identidad sino con el acceso a derechos», fundamentó.

    «El Estado tiene que estar allí, al lado de las mujeres que tienen un proyecto de maternidad; ese es un momento muy hermoso para la mujer que ha elegido ser mamá» y el objetivo del plan es «acompañar para que ninguna mujer sienta que el aborto es una opción por falta de recursos».

     

    «Hacerse cargo»

    Este proyecto que acompaña a mujeres en su decisión de ser madres “dialoga» con la otra iniciativa comprometida por Fernández en campaña, ratificada ante la Asamblea Legislativa el 1ª de marzo y enviada finalmente al Congreso; la que más discusión anticipa dentro y fuera del recinto es la de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) que, en palabras de Ibarra, fue impulsado «para hacernos cargo de un problema gravísimo en la Argentina que es la cantidad alarmante de abortos clandestinos».

    «Desde 1921, el Código Penal establece la penalización de la mujer que decide interrumpir su embarazo; esto no ha producido la reducción de abortos, sino que aumentó la clandestinidad», argumentó la funcionaria. «Allí van, en general, mujeres desesperadas y en situación angustiante, que en la mayoría de los casos ponen en riesgo su vida y su salud». «Son mujeres que van asustadas, muchas veces solas y sin acudir a sus familias. En esa desesperación, porque saben que pueden ir presas, terminan en abortos durante embarazos avanzados (en prácticas) que ponen en riesgo su salud y, a veces, con daños irreversibles en su aparato reproductivo».

    El objetivo de la ley es que «si las mujeres o personas gestantes deciden tener un aborto, sea en condiciones de seguridad. Y que puedan acceder a un sistema de información vinculada con la salud reproductiva y a métodos anticonceptivos para que no se repita el circulo de un embarazo no deseado y un nuevo aborto», apuntó Ibarra.

    Objetores

    Ante una consulta referida a la objeción de conciencia, la entrevistada destacó que “queremos garantizar el derecho de la objeción de conciencia y también el derecho de realizar la práctica a requerimiento de la persona que así lo pide”. “Hay personas que por creencias religiosas o éticas se sienten muy violentadas ante la situación de atender o facilitar una práctica de aborto, aun cuando los métodos validados por la OMS hasta la semana 14 son seguros, ambulatorios y no quirúrgicos”, dijo al agregar que “la objeción no alcanza a las prácticas pre-aborto y post- aborto y en ningún caso se puede impedir la práctica que fue solicitada en el plazo establecido por la ley, que es de 10 días”. El planteo es que “el profesional objetor de conciencia debe transferir a la paciente a otro profesional”, que “la objeción es individual” y que entonces “la institución verá la manera en que la prestación se realice con otro u otra profesional en el tiempo y con los estándares de calidad que establece la ley».

    Respecto de la penalidad, Ibarra señaló que «hasta semana 14 de gestación y con el requerimiento legal el aborto se realiza en condiciones seguras y con métodos validados. Después de 14 semanas no es legal y hay una pena muy baja (de 3 meses a un año, menor a la establecida en la media sanción de 2018) que puede ser dejada de lado ante circunstancias especiales acreditadas”. “Sancionar una ley de IVE va a permitir a las mujeres y personas gestantes saber que el sistema de salud las espera para atenderlas, no para sancionarlas, denunciarlas o perseguirlas”, indicó, no sin añadir que “el aborto no es un momento grato en la vida de una mujer”. De hecho, “muchas están solas en esta situación y llegan en forma tardía a esa práctica porque han sido abusadas y no tienen quién las ayude».

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