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    UPCN adelantó su rechazo a un proyecto de ley sobre teletrabajo

    Un proyecto de ley para regular el teletrabajo en el ámbito de la Administración Pública entrerriana ingresó recientemente a la Cámara de Diputados. Desde UPCN lo rechazaron porque “puede generar precarización y flexibilización laboral”; además, “podría vulnerar derechos laborales adquiridos y genera el peligro de consolidar inequidades”.

     

    Redacción EL DIARIO | [email protected]

     

    El 19 de octubre pasado, la diputada del PRO Ayelén Acosta presentó dos proyectos referidos a esta modalidad de trabajo que tal como lo señala la legisladora, en los últimos años, “ha comenzado a ser progresivamente implementada principalmente en el sector privado, pero también en diferentes áreas de la administración pública en sus diferentes niveles” y la pandemia por el COVID 19 “no ha hecho otra cosa que acelerar ese proceso”.

    La legisladora le asigna al teletrabajo “múltiples ventajas”, entre las que consigna la posibilidad de continuidad del empleo cuando circunstancias excepcionales impiden la realización del trabajo en forma presencial.

    Una de las iniciativas está referida a la implementación en el ámbito estatal. Define al teletrabajo “como una forma de organización laboral a distancia, mediante la utilización de las tecnologías de la Información y Comunicaciones (TICs) en el domicilio del trabajador o en lugares o establecimientos ajenos al empleador”.

    Establece que el Gobierno adoptará las medidas necesarias para permitir que los agentes, de acuerdo a las necesidades del Estado provincial, tengan acceso a la modalidad de teletrabajo, y para brindar las capacitaciones profesionales necesarias para implementarlo. Y, el trabajador que acepte ser trasladado desde la modalidad presencial a la modalidad de teletrabajo, salvo caso de fuerza mayor, deberá prestar su consentimiento por escrito, el cual podrá ser revocado en cualquier momento, de acuerdo a lo que establezca la reglamentación.

    Uno de los artículos afirma que los agentes de la Administración pública provincial que trabajen bajo la modalidad de teletrabajo, gozarán de los mismos derechos y obligaciones que las personas que trabajan bajo la modalidad presencial, y su remuneración no podrá ser inferior a la que percibían o percibirían bajo la presencialidad.

    También reserva a esos empleados “derecho a desconectarse de los dispositivos digitales y/o tecnologías de la información y comunicación, fuera de su jornada laboral y durante los períodos de licencias”. Incluso, no se podrá exigir al teletrabajador la realización de tareas sin compensación, por ningún medio, fuera de la jornada laboral, y el empleado no podrá ser sancionado por hacer uso de este derecho. El Estado Provincial deberá abonar las horas extras trabajadas, siempre que las mismas sean previa y expresamente aprobadas.

    El Estado provincial deberá proporcionar a sus empleados el equipamiento –hardware y software–, las herramientas de trabajo y el soporte técnico necesario para el desempeño de las tareas, y asumir los costos de instalación, mantenimiento y reparación de las mismas, o la compensación por la utilización de herramientas propias de la persona que trabaja. Por su parte, el teletrabajador será responsable por el correcto uso y mantenimiento de los elementos y herramientas de trabajo provistas por el Estado provincial, y deberá procurar que estos no sean utilizados por personas ajenas a la relación de trabajo. “En ningún caso responderá por el desgaste normal producto del uso o el paso del tiempo”, precisa el texto.

    SALIDA TRANSITORIA. UPCN anticipó el rechazo al proyecto para implementar el teletrabajo en la administración pública provincial como una modalidad laboral alternativa por entender que “puede generar precarización y flexibilización laboral”; además, “podría vulnerar derechos laborales adquiridos y genera el peligro de consolidar inequidades”.

    La organización sostiene que esta forma de trabajar solo debe ser entendida como “una salida transitoria a este escenario particular de pandemia, pero no instalarlo a futuro”. Analiza que “si bien es una herramienta posible en este contexto, el teletrabajo resta mucho, sobre todo en los modos naturales en que los trabajadores se desempeñan: El trabajo es organización presencial, y el ´homeoffice´ va contra la organización colectiva de los y las trabajadoras de la Administración Pública”.

    La secretaria Gremial, Carina Domínguez, apeló a tener en cuenta que “este proyecto responde a una fuerza política que siempre va en contra del empleado público, que prioriza el rendimiento y los beneficios para el empleador por sobre los derechos del trabajador”.

    “Es un tema que requiere un debate y hay que ver si esto es viable a futuro. Desde el sindicato sostenemos que no”, adelantó la dirigente argumentando que “el hecho que los trabajadores estén prestando servicios desde sus casas conlleva ciertas dificultades y riesgos, y además se diluye la relación laboral del vínculo. Esto promueve el individualismo”, disparó Domínguez.

    Finalmente, puso en dudas que se pueda garantizar conectividad. “Si no se le puede garantizar la conectividad y la tecnología por ejemplo para educación, que en este momento dependen exclusivamente de estas herramientas, qué podemos esperar para los empleados públicos. Esta idea parte de algo falso”, concluyó la secretaria Gremial.

    El proyecto fue girado a las comisiones de Trabajo y de Educación, Ciencia y Tecnología.

    Para el sector privado

    Acosta también ingresó un proyecto de ley para promover y difundir el teletrabajo en el ámbito laboral privado de la provincia como “un instrumento para la generación y el mantenimiento de empleo, en cualquiera de sus formas, a través de la utilización de las tecnologías de la información y de la comunicación.

    La legisladora propicia que el Gobierno provincial fomente el teletrabajo como “un instrumento de inserción laboral para las personas en situación de desempleo, los jóvenes, los profesionales nóveles, las personas con discapacidad y los trabajadores en condición de enfermedad profesional incapacitante”.

    En esa línea, establece que el Estado provincial adoptará las medidas necesarias para fomentar la modalidad de teletrabajo dentro de las empresas privadas; brindar las capacitaciones profesionales necesarias para la implementación de los sistemas de teletrabajo, y fomentar e invitar a los profesionales y a las empresas del sector de la economía del conocimiento a participar en el desarrollo de las herramientas tecnológicas necesarias para la implementación de la modalidad de teletrabajo.

     

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