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    Casa Nueva: este jueves se conocerá la decisión sobre el desalojo del campo

    La jueza del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, Carolina Castagno, dará a conocer este jueves a las diez su decisión respecto de la apelación del fallo del juez de Garantías subrogante de La Paz, Raúl flores, que rechazó el pedido de desalo de Dolores Etchevehere e integrantes del Proyecto Artigas, del casco del establecimiento Casa Nueva. La audiencia duró más de cinco horas en las que se discutieron cuestiones que excedieron el motivo de la apelación y transitaron por complejos vericuetos vinculados al ámbito societario y civil y comercial.

    Redacción EL DIARIO / [email protected]

    La jueza del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, Carolina Castagno, dará a conocer este jueves a las diez su decisión respecto de los recursos de apelación del fallo del juez de Garantías subrogante de La Paz, Raúl flores, que el viernes 23 rechazó el pedido que realizaron los fiscales Oscar Sobko y María Constanza Bessa y la querella, representada por Rubén Pagliotto, de desalojo del casco del establecimiento Casa Nueva, que fue ocupado por Dolores Etchevehere y miembros del Proyecto Artigas. Aquella mantiene una disputa legal con su madre, Leonor Marcial Barbero de Etchevehere, y sus hermanos, Luis Miguel, Juan Diego y Sebastián Etchevehere.

    En una audiencia que duró más de cinco horas y en las que se discutieron cuestiones que excedieron el motivo de la misma, que era la apelación al rechazo del desalojo del casco del establecimiento Casa Nueva dispuesto por el juez, Sobko y la fiscal coordinadora, Mónica Carmona, y Pagliotto solicitaron la revocatoria de la decisión de Flores y el consecuente desalojo del establecimiento. En tanto que los abogados defensores de Dolores Etchevehere, Lisandro Mobilia y Daniela Verón, que integran el Cuerpo de Abogadas y Abogados contra la Violencia de Género de la Subsecretaría de Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, instaron su confirmación y que se archive el pedido de la medida cautelar.

    Fiscalía

    Los fiscales argumentaron que Dolores Etchevehere, “aún teniendo el 12.5 por ciento no tiene derecho a ingresar así”. También señalaron que “el juez yerra diciendo que como es heredera tiene derecho a hacerlo. No es así, cualquier condómino tiene que usar el bien de acuerdo a las normativas”. Así, sostuvieron que el juez incurrió en “malas interpretaciones del derecho civil y comercial” y añadieron que “también desconoce la norma penal”. En otro orden, señalaron que “Las Margaritas, venía desarrollando pacíficamente sus actividades hasta la irrupción de 40 personas”.

    Fiscalía sostuvo que el juez Flores “se extralimitó en su decisorio diciendo que no existe delito de usurpación”, entendiendo que en la ocupación del casco “hay una usurpación”. Esto se comprobaría con las declaraciones de los trabajadores del casco ante los fiscales, cuando sostuvieron que se sintieron “intimidados” ante el “movimiento inusual de personas, que estaban junto a quien se presenta como Dolores Etchevehere”, una mujer “del mismo nombre que el de sus empleadores, Juan Diego y Luis Miguel Etchevehere”. Los trabajadores refirieron que los ocupantes les dijeron “que no podían circular por determinados lugares del establecimiento”, al tiempo que los pusieron al tanto de “ciertos cambios en las tareas”.
    Fiscalía destacó que aquellos “son los elementos, por un lado la violencia sobre las personas”, “la intimidación, dada por 40 desconocidos que acompaña a Dolores Etchevehere”, y el “engaño” que consistiría en sostener que “es heredera de una porción indivisa, pero en el legajo hay elementos contundentes de que Las Margaritas SA es la titular del inmueble Casa Nueva, esto no fue cuestionado por la defensa”. No obstante, los fiscales reconocieron que Dolores Etchevehere “sí es heredera del Luis Felix Etchehevere, pero el dueño de este campo en particular es la sociedad. El engaño está en que se presenta como una Etchevehere pero tenemos la circunstancia que está con 40 personas que intimidan”. Los fiscales precisaron que Dolores Etchehevere “se negó a retirarse del lugar” sosteniendo que quienes la acompañaban eran sus “invitados” y en que es “heredera de una parte indivisa de este establecimiento”.

    Los fiscales solicitaron “el restablecimiento del estado de Derecho, la legalidad para continuar y obtener la paz social perdida en este caso en particular. Hay 150 policías rodeando Casa Nueva para garantizar seguridad de manifestantes, chacareros y miembros del Proyecto Artigas y quienes los apoyan”. En relación a la verosimilitud del Derecho, sostuvieron que se está ante una “alta probabilidad de que se haya llevado a cabo un hecho ilícito, no con el grado que exige una sentencia”.

    Querella

    La querella hizo un alegato consistente en un mix compuesto de elementos políticos y citas de Derecho Penal y Civil y Comercial. En este último ámbito citó “un hecho determinante”, consistente en que Santiago Yofre Solanet (primer abogado de Dolores Etchevehere), le pidió al escribano José Luis Zuffiaurre que, en virtud de que Dolores “había cedido toda su participación accionaria a la sociedad Mirus SA, le comunicara a la presidente de Las Margaritas, su madre, que ella había cedido la totalidad de sus acciones. Hoy tenemos que en el libro de socios, se notificó la cesión y fijó nuevas titularidades”. El querellante sostuvo que “Dolores no tenía ningún derecho, más allá de su enojo, de su rencor, a hacer justicia por mano propia. No es normal que alguien venga con 40 amigos y se quede 12 días. Se está perdiendo la dinámica productiva del establecimiento”.

    Defensa

    La defensa solicitó que “no se haga lugar a la medida cautelar en esta instancia y se disponga el archivo”. Cuestionaron que llegaron a la audiencia a discutir una medida cautelar y terminaron respondiendo a “cuestiones societarias y civiles. Escuchamos a la querella hablar de cuestiones privadas de las que no se aportó pruebas” y abogaron porque el “debate técnico jurídico se deberá dar ante el juez natural”. Los defensores cuestionaron que Fiscalía “tomó una posición errática a la hora de posicionarse”, señalando que en dos supuestas tomas de tierras por dos clubes “Fiscalía decidió el archivo y la prejudicialidad. Hasta hace diez días fue congruente en derivar estas cuestiones a sede civil o a soluciones alternativas”.
    La defensa sostuvo que “no está dada la verosimilitud para el ejercicio de una medida cautelar de este tipo” y coincidió con la querella en que la audiencia en La Paz fue “poco feliz, pero no por esta parte. En esa audiencia se anexó una denuncia por intimidación”, precisando que “el querellante agredía en la audiencia mientras sus clientes intentaban ingresar por la fuerza al campo. Si se interrumpió la audiencia fue por la falta de respeto de querellante y sus representados. La desprolijidad manifiesta siempre fue por parte de Fiscalía y querella”. También cuestionaron que “Fiscalía entró a discutir una cuestión de fondo por fuera de sus competencias”.
    La defensa sostuvo que hay una “cuestión societaria que no tiene que ver con esta audiencia”, y en relación al ingreso al casco Casa Nueva señalaron que “si ella tiene que pedir autorización para disponer de 200 hectáreas ¿cuándo se le pidió autorización para disponer de las restantes 4.800? También resaltaron que “sorprendió a muchos la posición que adoptó fiscalía, se le escaparon muchas pruebas que esta parte aportó. Se le escapa un acta notarial sobre la que hay una denuncia por extorsión”.

    Caso Etchevehere: En vivo, la audiencia sobre apelación del desalojo

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