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domingo, noviembre 29, 2020
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    El juez Flores convocó a las partes a una conciliación

    Mientras el juez de La Paz, Raúl Flores, resuelve si concede el recurso de apelación contra la medida que tomó de no hacer lugar al desalojo de “Casa Nueva”, dispuso la expresa prohibición de realizar cualquier acto que implique la restricción al egreso de las personas que se encuentran en el interior del predio rural. A última hora, convocó a las partes a una audiencia de conciliación.

     

    Tres novedades de orden judicial tuvieron lugar ayer en torno a los sucesos de público conocimiento, ocurridos en “Casa Nueva”. Por un lado, el fiscal Oscar Sobko y la fiscal auxiliar N° 1, de la Unidad Fiscal de La Paz, María Constanza Bessa, interpusieron, ante el juez Raúl Flores, un recurso de apelación contra la resolución que rechazó el pedido de restitución del inmueble en el marco del legajo 16614 “Etchevehere Leonor/ su denuncia”. En paralelo, el magistrado resolvió mantener las medidas cautelares dictadas el viernes e incluso ampliarlas disponiendo la prohibición de realizar cualquier acto que implique la restricción al egreso de las personas que se encuentran en el interior del predio rural “Casa Nueva” a quienes se debe garantizar la libertad de egresar de dicho establecimiento; bajo los apercibimientos del art. 239 del Código Penal.

    Y, por último, el juez Flores convocó a los hermanos Etchevehere, en disputa por un campo en la zona rural de Santa Elena, a una audiencia de conciliación.

    Mientras tanto, la exposición pública del caso generó diversas reacciones. La ministra de Gobierno y Justicia, Rosario Romero, señaló que “las partes deben respetar la decisión de la Justicia y procurar que se arribe a un acuerdo en el seno familiar”.

    “Desde un comienzo hemos situado este caso tal como lo hizo el juez, en un conflicto básicamente familiar que se pretendía presentar como una toma de tierras y que en realidad lo que hay es un fuerte debate en el seno de una familia, la madre y los hermanos contra Dolores Etchevehere; ese debate no saldado, esa puja judicial que todavía no ha terminado, es lo que motivaba y sigue motivando el conflicto”, indicó la ministra Rosario Romero.

     

    En ese sentido, recordó que como gobierno “hemos sostenido una presencia policial en la puerta de la estancia. Ello se debe precisamente a tratar de resguardar la seguridad de todas las partes”, indicó y dijo que “la sentencia judicial naturalmente no iba a satisfacer a las dos partes en pugna, pero lo que se debe hacer respetando el Estado de Derecho, es acatarla”, más allá de que “siempre existe la posibilidad de interponer un recurso”.

    Consultada sobre algunos audios que circularon en laconvocatoria a la marcha de productores rurales a la estancia, Romero sostuvo que “infundían miedo”, y es por eso que “en el momento que los conocimos, en tanto resultaban despectivos respecto de la gente, segregacionistas, salimos a llamar a la serenidad, la razonabilidad, a situarse en el problema como un problema familiar y a la vista está que muchos lo comprendieron”.

    “Esos audios fueron, entre otros hechos, los que motivaron la denuncia penal de parte de Dolores Etchevehere que hoy termina con una orden de restricción del juez de Garantías que está actuando, la cual que es fundamentalmente una orden de no agresión en modo alguno, a la hermana de los Etchevehere que está dentro del inmueble”, aseguró la ministra.

    SIN TOMAS

    Por su parte, el ministro de la Producción, Juan José Bahillo, se expresó sobre la movilización que la familia Etchevehere organiza para hoy en defensa de la propiedad privada y afirmó: “No hay toma de tierras en Entre Ríos, sino una disputa hereditaria privada con intervención judicial”.

    “Usurpaciones, toma de tierras, rotura de silobolsas, son delitos que jamás vamos a avalar desde el gobierno. Desde el Estado hemos generado instancias de diálogo ante cada demanda del sector agropecuario y hemos estado atentos la necesidad de cada cadena de valor dotando de infraestructura vial y energética a las zonas rurales entrerrianas y fomentando herramientas para acompañarlos en sus procesos productivos”, remarcó el funcionario.

    “La situación que se ha generado en Santa Elena es una disputa privada que ha generado trascendencia pública para ser utilizada por algunos sectores que se creen dueños de la Argentina”, dijo Bahillo antes de indicar que “Luis Miguel Etchevehere puede estar aprovechando esta crisis para obtener algún rédito a nivel partidario, de otro modo no se entiende que estén organizando una protesta contra un fallo judicial por una controversia familiar”.

     

    LA LEY

    También el presidente del bloque de senadores del Frente Creer, Armando Gay, afirmó que en ni Entre Ríos ni en Santa Elena está en juego la propiedad privada.  “No debemos dejar que nos confundan intencionadamente. Los productores entrerrianos no deben tener miedo, porque estas situaciones no ocurren en Entre Ríos. Quien diga lo contrario, busca lograr un rédito político”, apuntó.

    “Es una falsa discusión a la que nos quieren llevar algunos sectores que aprovechan hacer política partidaria y opositora de una pelea judicializada entre miembros de una misma familia”, remarcó.

    Luego advirtió: “Acá no se trata de avalar un delito, de ninguno de los dos sectores en pugna. Por eso debemos señalar que se está intentando politizar algo que no se resolverá desde la política, sino con la aplicación de la ley. La Provincia no forma parte de esta novela familiar, por muy importante o influyentes que puedan ser los Etchevehere”.

    Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados de Entre Ríos, Ángel Giano, al referirse a la disputa desatada en el seno de la familia Etchevehere por el campo en Santa Elena, dijo que “hay un claro interés de hacer política con una situación que tiene que resolverse por una vía pacífica y judicial”.

    “Se trata de un conflicto familiar entre herederos que ha tomado dimensión política porque claramente hay partes interesadas en que eso suceda”, señaló Giano y remarcó que “el fallo del juez fue contundente y las decisiones judiciales que ha tomado deben respetarse”.

    A su vez, el legislador consideró que “como dijo el juez Flores, no existe una usurpación de tierras ni afectación alguna a propiedad privada” pero opinó que se trata de un antiguo conflicto hereditario que “donde los derechos deben acreditarse en la justicia cuyos fallos hay que respetar”.

    “Este es un problema familiar que lleva años sin encontrar una solución Es momento que las partes sean capaces de alcanzar un acuerdo que ponga fin a la situación conflictiva y tensa que se da fuera del campo, donde se han movilizado y se están convocando terceras personas que nada tienen que ver con el conflicto entre herederos, más bien buscan politizar una disputa por la propiedad privada. “La vía judicial debe ser el único camino”, concluyó Giano.

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