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    Contratos truchos: el juez destacó el “loable” esfuerzo de la defensa de Pérez y Faure

    El juez de Garantías Nº3 Eduardo Ruhl hizo lugar parcialmente al pedido de Fiscalía y envió por 90 días con prisión preventiva a la Unidad Penal Nº 1 a Gustavo Hernán Pérez y Roberto Ariel Faure.

    Es en el contexto de la investigación por contratos truchos en la Legislatura. Fiscalía había solicitado el indefinido plazo hasta la audiencia de remisión de la causa a juicio.

     

    Néstor Belini | coordinacion@eldiario.com.ar

     

    El juez de Garantías Nº3, Eduardo Ruhl, decidió hacer lugar parcialmente a la solicitud de la fiscal Anticorrupción Cecilia Goyeneche, y su par, Patricia Yedro, y envió a Gustavo Hernán Pérez y Roberto Ariel Faure a la Unidad Penal Nº1 por noventa días con prisión preventiva.

    Así, Pérez y Faure, se unirán Flavia Marcela Beckman, Hugo Ruben Mena, Alfredo Bilbao y Esteban Ángel Alberto Scialocomo, a quienes la jueza de Garantías Nº1, Marina Barbagelata, les dictó la prisión preventiva por cuatro meses.

    Todos están acusados de integrar una organización que “se ocupaba de sustraer dinero del patrimonio de la Legislatura Provincial, a través de la realización de contrataciones de obra en nombre de ambas Cámaras, con personas que no realizaban ninguna prestación a favor del Estado, y percibían una ínfima parte de los honorarios pactados, quedando el resto de ellos en poder de la organización”.

    En este sentido, Ruhl rechazó los pedidos de excarcelación de los defensores de Pérez, Miguel Ángel Cullen y Emilio Fouces, y de Faure, Leopoldo Cappa.

     

    Fiscalía

    Pérez y Faure irán 90 días al Penal. Foto Sergio Ruiz.

    Este jueves, Ruhl, que subrogó a Barbagelata, escuchó a las fiscales presentar una pequeña parte de lo que sostienen, es una “profusa” y “contundente” prueba en contra de los imputados. A Pérez, que era director Administrativo Contable del Senado y aún trabaja en la Cámara, y a Faure, que también trabaja en el Senado con un contrato, se les imputa el delito de Asociación Ilícita en concurso real con Peculado.

    Ambos fueron detenidos el martes durante la mañana y quedaron alojados en Alcaidía de Tribunales. La audiencia de preventiva se postergó del miércoles a las 17 para este jueves a las 10. La complejidad de la causa, que ambas partes reconocen, demandó cuatro horas para discutir una medida cautelar.

    Fiscalía argumentó que ambos imputados desarrollaron roles de mayor importancia que los que se les endilga a Bekman, Mena, Scialocomo, Bilbao y María Victoria Álvarez. También sostuvo que se encuentran configurados los riesgos procesales de peligro de fuga y entorpecimiento de la investigación, en el caso de Pérez, y de entorpecimiento, en el de Faure.

    Así, tras presentar planillas y cuadernos con iniciales, sobrenombres y montos, y de resaltar que se cuenta con escuchas telefónicas y con una reconstrucción -a partir de “una ardua tarea”- de las relaciones que unen a los imputados entre sí, solicitó que la medida de coerción de la libertad ambulatoria se dicte hasta que se realice la audiencia de remisión de la causa a juicio, es decir, por un plazo indeterminado.

    La complejidad de la causa, que ambas partes reconocen, demandó cuatro horas para discutir una medida cautelar. Foto Sergio Ruiz.

     

    Defensas

    Las defensas se opusieron y pidieron la excarcelación y subsidiariamente, medidas de coerción morigeradas, como el arresto domiciliario. Ambas criticaron que la “orfandad de pruebas concretas es abrumadora” y que no pueden acceder al control de la prueba que produce Fiscalía.

    Cullen cuestionó “la forma de narrar los hechos de parte de Fiscalía y la interpretación que hacen de los cuadernos que se le secuestraron a Beckman”. En este sentido señaló que cualquier sigla “GH remite a Pérez” e ironizó que “el nombre del gobernador es Gustavo, entonces tendrían que imputarlo” y añadió que “si hubiese aparecido el nombre Mauricio o las iniciales MM tendrían que citar al presidente”.

     

    Imparcialidad

     

    Al término de la audiencia Cullen manifestó su “total disconformidad” con la decisión del juez y opinó: “Creo que no se acreditó en absoluto el entorpecimiento de la investigación. Se basan en una conjetura, en el caso concreto de Pérez, de que continúa prestando servicios en la Cámara de Senadores, pero Fiscalía no aclaró cuál es en concreto la posibilidad de entorpecimiento. Creo que el juez incluso trató un poco de mejorar la postura fiscal, lo cual también es una violación al principio de que no puede actuar de oficio, porque me parece que advirtió algunos errores en la postura fiscal. Fíjese que habló de la firma de las cartulares, algo que no fue introducido por Fiscalía, eso es una violación al deber de imparcialidad que tiene que tener el juzgador y la imposibilidad que actúe de oficio”.

    Además, Cullen opinó respecto de la apreciación que tuvo el juez ante un argumento que desplegó el defensor en su alegato. Fue cuando manifestó que “hacer contratos” no es delito, añadiendo que aquellos están legislados y presupuestados. Ruhl dijo que entendía que si se celebraban contratos en los que los beneficiarios no percibían lo que aquel consignaba, sí había un delito.

    Cullen opinó que “es un prejuzgamiento; primero que no era motivo de la audiencia, lo introduje simplemente como una opinión respecto de la legislación que tiene el cuerpo, que tiene una Ley específica que establece la posibilidad de realizar este tipo de contrataciones, que expliqué, se dan a través de una asignación presupuestaria específica que tiene cada legislador o cada bloque de la Legislatura. Eso es lo que dije, que era una facultad legítima de la Legislatura. El juez entendió que estaba acreditado, (pero) no se hizo ninguna prueba al respecto ni se argumentó por parte de Fiscalía. Por eso digo que hay un prejuzgamiento y una actuación sin petición de Fiscalía de revelar estos datos que no los puso en el juego la otra parte. A mi forma de ver esto constituye un prejuzgamiento”.

     

    Personal

     

    No obstante aquello, Cullen aclaró que “no tuvo que ver con la finalidad de la audiencia, fue simplemente algo que no tenía que ver con el fondo de lo que se debatió, que era la prisión preventiva, pero lo dijo como su opinión personal. Esa opinión fue vertida sin conocer la profundidad de la prueba, porque hoy lo único que se vio y acreditó Fiscalía fueron tres o cuatro montos, un mail, no se conoció ningún contrato, no podemos saber qué cartular dice que firmó porque no se exhibió, no fue presentado por Fiscalía, pero evidentemente el juez lo conocía. Desconocemos a qué hizo referencia. Pero no tiene que ver con el fondo de la cuestión, que tiene que ver con que, según la interpretación que hacemos, es que se volvió a cercenar el derecho constitucional a la libertad ambulatoria y el principio de inocencia”.

     

    Acogida

     

    Por su parte, Cappa cuestionó que “los pedidos del Ministerio Publico Fiscal tienen buena acogida en el Juzgado de Garantías del doctor Ruhl” y añadió que Fiscalía “solicitó sin pruebas la prisión preventiva de los nuevos imputados en la causa”. Así, entendió que “a pesar de que se desacreditó lo expuesto por los fiscales, que quedó evidenciado en el mal manejo de la información y de la prueba, el juez hizo lugar al pedido de preventiva sin previamente, claro está, elogiar a la defensa por su loable esfuerzo”.

    Cappa criticó que “parecería que el estado de Derecho no existe, meten preso a mi defendido sin tener nada que acredite el entorpecimiento en la investigación aludido por Fiscalía, pero igual lo meten preso porque el juez consideró que los hechos imputados están acreditados y que existe mucha prueba que lo respalda, imponiendo así un prejuzgamiento que no está permitido”.

     

    Asustar

     

    El abogado Cappa opinó que “se busca asustar a los imputados para que cuenten algo que no saben o para que les entreguen a gente que no existe, en concordancia con el temor impuesto por Goyeneche cuando adelantó que va a solicitar penas superiores a 10 años”. Así, analizó: “Un abreviado por homicidio simple es penado con 9 años, siendo la vida el bien jurídico por excelencia protegido por el Código Penal. Entonces les quieren atribuir una pena que supera la media establecida jurisprudencialmente en Entre Ríos para la vida humana, esto no es otra cosa que querer cercenar a los imputados impartiéndoles temor para que les den datos que no tienen y que entreguen a gente que no existe”.

     

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