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Cuestionan “selectividad” en la causa que investiga contratos en la Legislatura

Leopoldo Cappa, defensor de Ariel Faure en la causa que investiga supuestos contratos apócrifos en la Legislatura puso en duda la “selectividad” de los sospechosos, dijo que su defendido no estuvo detenido ni se le formularon cargos y se preguntó por qué la causa necesitaría de “arrepentidos”.

 

Néstor Belini | coordinacion@eldiario.com.ar

 

La postura de uno de los abogados defensores

La causa que investiga a una supuesta “organización que se ocupaba de sustraer dinero del patrimonio de la Legislatura Provincial, a través de la realización de contrataciones de obra en nombre de ambas Cámaras, con personas que no realizaban ninguna prestación a favor del Estado, y percibían una ínfima parte de los honorarios pactados, quedando el resto de ellos en poder de la organización” tal como sostiene el Ministerio Público Fiscal (MPF), marcha a paso firme.

Así como Fiscalía avanza en la producción de pruebas, las defensas también los hacen en las estrategias defensivas.

Contagioso

Leopoldo Cappa, defensor de uno de los imputados manifestó a EL DIARIO que “a mi criterio, las investigaciones no son casualidades como tampoco las selectividades de los sindicados. Defiendo a un contador que según los medios estuvo detenido, hecho que nunca ocurrió, como tampoco se le formalizaron los cargos. Él lo único que hizo fue ejercer su función específica de su profesión de contador. Pero claro, como se trabaja sobre el estereotipo de que todo político es corrupto, todo aquel que tiene una interferencia casual es cómplice necesario por la sencilla razón de que el delito de corrupción se contagia” ironizó.

Contundente

El letrado se refirió a la posibilidad que haya arrepentidos en la causa: “La ley del arrepentido tiene muchas aristas. Los discursos punitivos se establecen en emergencias, y esta racionalización aparente de herramientas punitivas como la figura del arrepentido, encubren un doble engaño: el uso del poder y la imagen de benefactor de quien lo ejerce”.

“Todos quieren menos garantías hasta que sienten en carne propia el ejercicio punitivo. No olvidemos que la bandera de la seguridad y la lucha contra la corrupción oculta otros problemas como la exclusión, pobreza, desigualdad, desocupación, convirtiendo así al Derecho penal en la primera intervención del Estado como herramienta eficaz de disciplinamiento social”.

Cappa se preguntó: “Retomando cuestiones prácticas, si es vox populi que es abundante la prueba en esta causa ¿para que se requieren arrepentidos?  Eso significa que la prueba no es contundente. Pero bueno, dejando a un lado eso, la ley 27.304 conocida como del arrepentido, no se puede aplicar en Entre Ríos”.

En este sentido añadió que “por más que la política legislativa haya optado por la reforma al Código Penal como pretensa solución de fondo, si las distintas provincias no tienen regulaciones procesales que recepten esa normativa o que, al menos, sea compatible con aquella, deviene inaplicable. El artículo 18 de la Ley 27.304 señala: ‘invítese a las provincias a adoptar las normas procesales correspondiente’ y nuestra provincia no adhirió, solo la provincia de Buenos Aires ha encarado esta problemática”.

Jurisdicción

En relación al pedido de las defensas que pidieron la intervención de la Justicias Federal Electoral, Cappa precisó: “Lo único que hicimos fue poner en conocimiento al Juez -que creemos competente-, acerca de lo que dicen dirigentes políticos y pruebas que ha recolectado la propia fiscalía en allanamientos.  En este sentido, entendemos que las instituciones democráticas como los procesos electores tienen prioridad de resolución sobre ciertos bienes jurídicos, en este caso, como la correcta administración pública.  En Buenos Aires este mismo planteo tuvo asidero y fue confirmado por la Cámara Federal, a pesar de que los delitos precedentes eran falsificación de documentos públicos y lavado de dinero”.

Los supuestos contratos truchos en la Legislatura están bajo la lupa de la Justicia.