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miércoles, octubre 28, 2020
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    Por violar la cuarentena y agredir a un policía, dos investigaciones

    El hecho ocurrió en María Grande un día después de la entrada en vigencia del decreto 297/20 que ordenó el Aislamiento, Social, Preventivo y Obligatorio por la pandemia Covid-19. Dos hombres fueron detenidos cuando ocasionaban disturbios en un kiosco. Uno agredió a un policía. Se ordenó que la causa por violar la cuarentena siga en el fuero federal y la que se sustancia por la agresión se remita al fuero provincial.

     

    REDACCIÓN EL DIARIO / [email protected]

     

    La Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, integrada por Beatriz Aranguren, Mateo Busaniche y Cintia Gómez, resolvió “hacer lugar al recurso interpuesto por el Ministerio Público Fiscal; revocar la resolución y, en consecuencia, declarar la incompetencia parcial respecto al suceso vinculado al delito de Lesiones leves que habría ejercido Silvio Damián Ferreyra contra el suboficial principal Carlos Daniel Aguiar y remitir las actuaciones a la justicia provincial en orden a que conozca en torno al mismo; de conformidad con los argumentos vertidos en los considerandos precedentes”.

    La Cámara intervino en función del recurso que presentó el Ministerio Público Fiscal (MPF) del fuero Federal en el “legajo de apelación de SDF por Violación de medidas propagación epidemia artículo 205, proveniente del Juzgado Federal N° 1 de Paraná”. El fiscal federal interpuso el recurso “contra la resolución que rechazó el planteo de incompetencia formulado por dicho organismo”.

     

    El hecho

    La causa se inició el 21 de marzo de 2020, a las 21 aproximadamente, cuando “personal de la comisaría de María Grande recibió un llamado telefónico por parte del Jefe de la División Tránsito de la Policía de Entre Ríos, solicitándole colaboración en un kiosco ubicado en Solano Pérez y Dorrego, dado que dos ciudadanos provocaban disturbios. Al lugar acudieron el jefe de la comisaría, César Ellemberger, el sargento ayudante, Miguel Saccani, el suboficial principal Carlos Daniel Aguiar y procedieron a advertir a los nombrados del aislamiento social preventivo y obligatorio, requiriéndoles la documentación de la moto en al que se conducían, ocasión en la que Ferreyra, comenzó a insultar al personal policial y, acto seguido, golpeó en el rostro a Aguiar con una piedra o trozo de ladrillo, ocasionándole lesiones leves, mientras que el otro se subió a la moto y se retiró del lugar”.

     

    Planteos previos

    El 26 de marzo, el fiscal de la Unidad Fiscal de Paraná, Martín Abrahan, entendió que “la investigación del presente hecho es competencia de la justicia federal” y remitió la causa a la Fiscalía Federal de Paraná. El fiscal federal Carlos García Escalada, señaló que “…existen razones suficientes para suponer la comisión por parte de Ferreyra de los delitos de Violación de medidas adoptadas por la autoridad competente para impedir la propagación de una epidemia, previsto y reprimido en el art. 205 del CP…”, y pidió que “se declare la incompetencia parcial respecto al suceso vinculado al delito de lesiones leves ejercidas por el nombrado contra Aguiar”. El 24 de julio de 2020, el juez federal, rechazó el planteo de incompetencia.

     

    Competencia

    Fiscal federal sostuvo que “…la conexidad de delitos rige dentro de cada ordenamiento procesal, resultando un grosero error que uno de ellos –provincial o federal- se invoque para vincular por conexión (no importa objetiva o subjetiva o ambas) otros eventos que pertenecen a la competencia material de otro”, y agregó que en el caso “se plantea… un concurso real o material, pues la ejecución del delito contemplado en el artículo 205 del Código Penal cesó al momento de arribar al lugar el personal policial para intervenir dando inicio a los procedimientos del caso, oportunidad en que se da inicio a otro suceso independiente”.

    La defensa, por su parte sostuvo que la incompetencia parcial “desatiende la conveniencia que un solo Tribunal intervenga en las actuaciones, asimismo afecta las garantías constitucionales de debido proceso y defensa en juicio y la economía procesal, el derecho de los imputados a ser juzgados por un juez competente de acuerdo a los estándares internacionales de derechos humanos”. En este sentido, apeló a custodiar “la garantía de defensa de su asistido; principios como la economía procesal, el acceso a la prueba, el debido proceso, y la conveniencia de un único juzgador”.

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