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    Fallo favorable: quiso renovar el carné y se lo negaron por deudas

    El Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concordia, en sentencia de primera instancia, hizo lugar a una acción de amparo de una mujer que fue a renovar el carnet de conducir y se lo negaron porque registraba deudas inmobiliarias y por multas.

    Sus abogados compararon la exigencia a “una clara maniobra de extorsión” y sostuvieron que se trata de una “conducta ilícita” por parte de la Municipalidad que busca un interés meramente recaudatorio.

    El Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concordia, en su integración unipersonal en la vocalía de la vocal suplente, María del Luján Giorgio, resolvió “hacer lugar a la acción de amparo promovida por CET contra la Municipalidad de Concordia, disponiendo que se reanude el trámite de renovación de su licencia, absteniéndose de exigir a la actora el requisito contemplado en el artículo Nº 1 de la Ordenanza Nº 34997 vigente en la ciudad de Concordia, artículo que se declara inconstitucional”. La sentencia no está firme.

    Igualdad

    Giorgio entendió que la acción de amparo es la vía apta para tratar la inconstitucionalidad de una disposición reglamentaria, puesto que el mayor esfuerzo de los representantes de la Municipalidad estuvieron dirigidos a cuestionar la vía elegida por la mujer.

    Tras analizar las posiciones, entendió que “conduce, sin hesitación, a concluir que también se ve lesionado el principio de igualdad ante la ley de estirpe constitucional, por cuanto vulnera la situación de quien por sus escasos recursos económicos no sufraga el crédito impago por una infracción de tránsito o multas por cualquier otro concepto municipal, en franca desventaja con quien puede hacerse cargo de la deuda”.

    Además, señaló que “el estado municipal revista un plantel bajo cuyos servicios se alista una cantidad importante de profesionales de la matrícula disponibles para ejercer la percepción de los tributos por los carriles legales, y en esa orientación debería redireccionar la pretensión de cobro de sus legales ingresos”.

    Planteo

    Bruno Laquidara y Walter Noir, abogados de la mujer de 47 años, interpusieron la acción de amparo contra la Municipalidad de Concordia para que “se declare la inconstitucionalidad formal y material de toda norma o acto de hecho que en la administración de dicho organismo impida u obstaculice la renovación de la licencia de conducir, removiendo a tales efecto todo lo que se interponga en la tramitación del mismo y disponiendo por ende la inmediata autorización a la actora para concluir el trámite sin el requisito del certificado de Libre Deuda”.

    Los letrados sostuvieron que “no desconocen la potestad al Estado para exigir el pago de las multas, pese a lo cual rechazan que esa sola circunstancia pueda ser objeto de obstaculización a la entrega del carnet”.

    Trámite

    En la resolución se consignó que la mujer se presentó el 12 de agosto de 2020 en la Dirección de Tránsito de Concordia a iniciar las gestiones para la revalidación del carnet habilitante para conducir automotores.

    Allí se le indicó que debía concurrir en primer término al juzgado de Faltas para que se le expidiera un certificado de libre deuda que, como requisito, el Municipio exige antes de entregar el carnet. En el organismo se detectaron deudas por el terreno de su padre y por infracciones viales.

    Ante estas situaciones, “en la dirección de tránsito se le informó que la existencia de dichas deudas insatisfechas impedía que se le extendiera la habilitación” por lo que la mujer “quedó imposibilitada de dar continuidad al trámite y, obviamente, llegar a la finalidad de obtenerlo”.

    Analogía

    Los representantes de la actora sostuvieron en su presentación que aquella circunstancia era “análoga a una clara maniobra de extorsión de pedir el pago de las deudas antes de otorgar el carnet. Relatan que se decidió iniciar el reclamo fehaciente mediante la carta documento que adjuntan bajo letra B. En ella se denunciaba esta conducta ilícita y se instaba a que se dejase sin efecto el referido requisito permitiendo en cambio continuar el trámite”.

    También señalaron que desde la comuna se obligó a la mujer a defenderse de multas que no se originaron en infracciones de tránsito, puesto que eras supuestas deudas por un inmueble, y añadieron que otras estaban prescriptas.

    Los letrados argumentaron que “la estrategia de la entidad fue un claro intento de hacerle suscribir un compromiso de deudas por obligaciones ya prescriptas, además de transformar deudas naturales en legales o de derecho positivo”.

    Ley

    Los letrados señalaron que “el inciso b del artículo 13 de la Ley Nacional de Tránsito refiere que el carnet debe renovarse cada 5 años y solo prescribe un examen psicofísico sin que en párrafo alguno se exija saldar deudas. Que existiendo infracciones lo que busca el espíritu de la ley es que el postulante vuelva a llevar adelante el estudio de los manuales pertinentes a la educación vial, pero, en ningún momento dice que esas infracciones o multas deban encontrarse abonadas. Que la actitud del ente municipal les parece meramente recaudatoria”.

     

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