EL DIARIO

Preparan un recurso judicial contra el Consejo de Educación

El congreso de Agmer que sesionará el viernes en Nogoyá podría aprobar llevar el conflicto a los tribunales. La vocal gremial del CGE se queja porque no le dieron participación en la elaboración de las normas.

La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) se prepara para presentar esta semana un recurso judicial por el cual apuntaría a invalidar las disposiciones del Consejo General de Educación (CGE) a través de la que dispuso castigar a los directores que no envíen listados de docentes que adhieran a las medidas de fuerza.
El punto de irritación se alcanzó luego de que Educación dictara la resolución Nº 521 por la que ordenó sancionar con un llamado de atención a los directores y rectores que no informen los listados de los docentes que se adhieran a los paros. Esa información es clave para que el CGE pueda luego liquidar los descuentos por los días no trabajados.
Aunque el pleito en los tribunales podría extenderse a otras decisiones del CGE, aunque en ese punto será el congreso de Agmer que sesionará el viernes en Nogoyá el ámbito donde se aprobarán los pasos que se darán.

AL LEGAJO. La novedad de esa normativa, según dijeron desde Agmer, es la incorporación ahora de la sanción al legajo personal de los directores, una “mancha” en la carrera que a futuro les restaría posibilidades de ascenso.
La queja más airada la expuso Susana Cogno, representante gremial en el Consejo de Educación, quien cuestionó el hecho de que las medidas adoptadas por el organismo, tanto en lo relativo a los descuentos salariales como en la determinación de sancionar a los directivos que no informen sobre huelguistas, fueron adoptadas sin su participación.
“No pueden sacar una resolución de ese tenor y que yo me entere después, de forma casual, revisando unas carpetas. El mismo día de la paritaria (el jueves 14, N. del R.) me entero de la existencia de la resolución 521, cuando ya estaba archivada”, explicó Cogno.
A juicio de la dirigente, “es una cuestión grave de institucionalidad, porque el cuerpo colegiado, el Consejo de Educación, firma una resolución, y a mí se me niega la posibilidad e defender a los compañeros. No tuve participación ni me enteré. Sólo me entero después, cuando ya estaba redactada y firmada”.
La Ley de Educación, al mencionar la conformación del Consejo de Educación, sostiene que “tiene carácter colegiado y está compuesto por un Director General de Escuelas que ejerce la presidencia y cuatro vocales”, tres de ellos designados por el Poder Ejecutivo, y uno votado por los docentes.
Al respecto, Cogno recordó: “Si bien soy minoría dentro del Consejo, tengo legitimidad dada por el voto de los docentes, como para dejar sentada mi posición de vocal gremial en toda decisión. En este caso, no pude dejar claramente sentado el profundo desacuerdo con esas normas, ni tampoco pude expresar los argumentos por los cuales nosotros decimos que ese tipo de resoluciones se enmarcan dentro de la acción persecutoria hacia los trabajadores, y que no tiene otro objetivo más que cercenar el derecho de huelga”.

MEDIDA NOVEDOSA. La resolución que cuestiona el sindicato docente establece que “el directivo escolar es un agente público con responsabilidades en el procesamiento de la documentación, en la conducción de personal, en la custodia de bienes y en definitiva en la prestación efectiva del trabajo que desempeña”.
Y además fija que los directores que no informaron sobre los docentes que adhirieron a los paros incumplieron “un deber propio de la función a su cargo, que resulta relevante para la gestión educacional, toda vez que la información omitida dificulta y aún imposibilita las consecuencias administrativas de la inasistencia del personal a sus funciones, como son el registro y liquidación de haberes”.
Se trata, para Educación, de “una conducta no acorde con la función educativa por parte de aquellos directivos, que la autoridad educativa no puede dejar de ponderar en orden a una correcta prestación del trabajo que desempeña en su dimensión de gestión administrativa, que resulta indispensable para garantizar el funcionamiento del sistema educativo provincial”.
Pero Cogno sostiene que “para nosotros, los directivos no pueden ser quienes controlen el derecho a huelga. Frente a ese tipo de decisiones, y a la falta de participación que tuvimos en su dictado, se habilitaría pedir una nulidad judicial de la medida”.
—¿Qué lugar ocupa la vocalía gremial dentro de la estructura de funcionamiento del Consejo?
—Hasta ahora, había un clima de respeto político. Yo tengo una posición absolutamente diferente a la gestión, pero con este tipo de decisiones, las cosas se han ido complicando.
Esto es una sanción al docente que afecta la carrera. No podemos permitir que esto suceda. Hasta ahora, ninguna gestión de gobierno había sancionado a los equipos directivos por negarse a pasar lista de huelguistas.

Dicen que hay garantías de bancos en las escuelas

El supervisor departamental de Educación de Paraná, Roberto Matteoda, dijo que está garantizado que ningún alumno quedará sin lugar en las escuelas.
En la última semana, las quejas por el colapso de la infraestructura escolar fueron moneda corriente. Los directivos lanzaron la voz de alarma ante lo que consideraron un “colapso” de las instituciones ante la imposibilidad de dar cabida a toda la demanda.
A raíz de esa situación, y de un aumento en el índice de repitencia, sobre todo en el nivel medio, las escuelas abrieron listas de espera para ubicar a los pedidos de banco.
Pero según dijo Matteoda ningún alumno se quedará sin escuela. Pero aclaró que no es obligación del Estado “brindarles la escuela que los padres quieren”.
“Queremos llevarle la tranquilidad a los papás de que no quedará ningún chico sin escolaridad”, sostuvo el funcionario, pero enseguida especificó: “Tal vez no le brindaremos la escuela que ellos quieren, porque no es nuestra obligación brindarles la institución que los padres quieren, sino brindarle una escuela”.
En declaraciones a la radio oficial LT14, Matteoda aconsejó a los padres que ante la imposibilidad de ubicar a sus hijos en una escuela por la falta de lugar, se pueden dirigir a la sede de la supervisión departamental Paraná de Educación, en Belgrano 29.

Rechazan el censo sobre asistentes a comedores

El relevamiento que encaró el Gobierno de cara a conocer cuántos chicos asisten a los comedores escolares, y además establecer si uno o más miembros de sus familias perciben un beneficio social adicional, genera rechazo en las escuelas, que se niegan a responder el censo.
La idea, que motorizan desde la Subsecretaría de Políticas Alimentarias del Ministerio de Salud y Acción Social, a cargo de César Kerbs, pretende conocer el número de personas que asisten a los comedores, y además cruzar los datos filiatorios de los comensales, y su grupo familiar, con los archivos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).
En Entre Ríos, el Estado asiste a unas 129 mil personas a través de los servicios de comedores.
La última semana, las escuelas recibieron la circular Nº 3 de la Dirección de Comedores, emplazándolos hasta el viernes último para elevar los listados de comensales.
“Nos oponemos a ese relevamiento. No sólo relevan los datos del alumno: lo que nos preocupa es que hay datos de los tutores y padres que se preguntan, porque piden conocer si reciben ayuda del Estado nacional a través de algún programa”, dijo Roque Santana, titular de la seccional Paraná de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer).
“Hay escuelas, y particularmente directores de escuela, que son los responsables de los comedores, que no van a entregar los datos, ni van a responder el censo, o lo van a responder parcialmente”, señaló.
A juicio del dirigente gremial, el relevamiento persigue el objetivo de reducir fondos para asistencia alimentaria. “Es vergonzoso lo que quieren hacer. No puede ser que quien recibe algún programa social nacional no pueda asistir a los comedores. El comedor escolar no es sólo un lugar donde los chicos van a comer, sino que genera vínculos sociales”, puntualizó.