Estatales protestaron por despidos y anunciaron otro paro para el viernes
Miles de trabajadores despedidos y dirigentes del gremio llegaron a los edificios en donde estaban contratados y forzaron su ingreso. En la mayoría de los casos, un cordón policial buscó impedir la protesta y se produjeron choques que no revistieron mayor gravedad.
Los trabajadores del Estado despedidos por el gobierno de Javier Milei decidieron profundizar la lucha. La protesta de ATE, anunciada hace una semana, generó tensión a lo largo del día y miles de trabajadores despedidos y dirigentes del gremio llegaron a los edificios en donde estaban contratados y forzaron su ingreso. Allí los esperó, en la mayoría de los casos, un cordón policial que buscó impedir la protesta. Se produjeron choques que no revistieron mayor gravedad, más allá del malestar propio de la situación.
Luego de una jornada de protesta en la que ingresaron por la fuerza a oficinas públicas durante la mañana del miércoles 3 de abril, 1.500 delegados de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), realizaron un plenario por la tarde en la sede nacional del gremio, en el que decidieron un paro para el próximo viernes que incluirá una movilización al ministerio de Economía, según confirmaron desde el sindicato a Infobae.
“Trabajadores y trabajadoras despedidas ingresaron llorando a sus puestos de empleo, esas lágrimas no van a ser grátis”, advirtió el Secretario General de ATE, Rodolfo Aguiar. El dirigente sostiene que el Poder Ejecutivo ha avanzado de forma ilegal en el recorte del personal. Los funcionarios nacionales, en tanto, argumentan que se trata de contratos que llegaron a su fin y que el gobierno no renueva porque no considera esencial ese servicio, en el marco del ajuste que emprendió la gestión del presidente Javier Milei.
En ese contexto, el propio Aguiar había adelantado que el resultado de los plenarios sería la profundización de las medidas de fuerza. Tal decisión fue comunicada al cierre de la jornada de protesta.
En concreto, el sindicato planteó un paro en todas las reparticiones públicas para el 5 de abril, en tanto que en la Ciudad de Buenos Aires habrá una manifestación que tendrá como destino el Ministerio de Economía de la Nación, edificio que se encuentra contiguo a Casa Rosada, en una de las calles laterales que rodean Plaza de Mayo.
MÁS DETALLES. La controversia por los despidos se profundizó en el mes de marzo, cuando el Gobierno nacional concretó su decisión de recortar personal masivamente en todos los organismos públicos. Según ATE, los cesanteados a la fecha son alrededor de 11 mil. El Gobierno, en tanto, sostiene que el número es aún mayor y habla de una cifra cercana a los 15 mil trabajadores despedidos. Sin embargo, el conflicto está lejos de disiparse, ya que el propio Presidente Milei adelantó que el objetivo de fondo es eliminar 70 mil cargos de la administración pública.
“El Presidente se ha decidido a quebrantar el sistema jurídico argentino en su parte medular y tanto él como sus funcionarios podrían terminar presos”, advirtió en su perfil de la red social X el titular de ATE.
DECLARACIONES. Para Aguiar, “provocar cesantías masivas en el Estado es suprimir derechos fundamentales de las personas y esa es una conducta tipificada en nuestro Código Penal”.
En ese sentido, argumentó porqué cree que toda la situación podría ser resuelta por la Justicia penal. “Vulnerar la garantía de estabilidad prevista en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional decenas de miles de veces a su vez provoca la supresión de otros derechos fundamentales que tiene toda la sociedad. Y nuestro Código Penal en su artículo 226 da penas de entre 5 y 15 años a quienes impidan el libre ejercicio de las facultades constitucionales”, sostuvo.
No obstante, el titular de ATE señaló que habrá antes una disputa política. En ese marco es que presionó para que la Confederación General del Trabajo (CGT) convoque a un nuevo paro nacional, de la misma magnitud que el que se realizó el 24 de enero. Para que no queden dudas de su posición, aseguró que si la central obrera no avanza en la convocatoria de una huelga, impulsará que lo haga la CTA, otro de los nucleamientos gremiales, en donde se encuentra ATE contenido. “Sí les cuesta ponerle fecha a un paro, que se lo pongan las dos CTA y salgamos a la calle”, insistió Aguiar.
LA CGT ANALIZARÁ UNA NUEVA MEDIDA DE FUERZA. Luego de casi tres horas de debate, se impuso la propuesta del sector dialoguista y se difirió hasta el jueves 11 la definición de la protesta por parte del Consejo Directivo cegetista. De todas formas, la idea predominante es movilizarse el 1° de mayo para conmemorar el Día del Trabajador, que se convertirá en otro escenario callejero del malestar sindical.
El cotitular de la CGT Héctor Daer (Sanidad) dijo tras el encuentro que “una de las movilizaciones será el 1° de mayo, pero previamente habrá actividades que se confirmarán el jueves 11 en la reunión de Consejo Directivo”, donde se analizará la “modalidad de acción” que elegirá la central obrera.
En diálogo con el periodismo, afirmó que la protesta de la CGT “no es solamente por un tema de despidos sino que hay que debatir de fondo si al que no tiene nada y está en el último escalón de la vida, el Estado lo tiene que dejar a su merced”. Y agregó: “Creemos que el Estado tiene que ser eficiente y articulador para quienes lo necesitan y en desarrollo para nuestro país”.
“No descartamos nada, ni paro ni movilización, habrá actividades de acá a fin de mes -advirtió Daer-. El 1° de mayo haremos una gran movilización también. Por respeto al Consejo Directivo, y para sostener la unidad a rajatabla, la decisión tenemos que tomarla todos los sectores”.
La nueva reunión de la mesa chica de la CGT, anticipada por Infobae, estuvo caracterizada por un intenso debate sobre la continuidad del plan de lucha, que se inició el 24 de enero pasado con un par de 12 horas con movilización al Congreso. Hacía dos meses que los dirigentes cegetistas no se veían para debatir cómo seguir la protesta contra las políticas de Milei y ahora lo hicieron en medio de fuertes presiones de distintos sectores sindicales para que se le ponga fecha a un paro general.
“INDIFERENCIA” DEL GOBIERNO. Las amplias y sentidas protestas de trabajadores estatales en decenas de edificios públicos en todo el país contra la ola de despidos se gestaron después de ese viraje, y si bien la funcionaria apostó decenas de policías federales en los edificios públicos, evitó hacer olas ayer en torno a los polémicos despidos.
Si bien Bullrich actúa con relativa independencia, la intención de bajar el volumen a las protestas no es espontánea ni exclusiva. En la Casa Rosada pretenden mostrar firmeza ante los “ñoquis”, como los llama la narrativa libertaria, pero quieren evitar un choque con esos sectores para evitar brindarles la oportunidad de “victimizarse”.
La atención de Milei a la reacción de la opinión pública tuvo mucho que ver con la decisión de prácticamente ignorar el malestar de un sector importante de la población y el eventual impacto que podría tener la ola de despidos sin auditoría previa sobre la gestión del Estado. “Este gobierno es esencialmente comunicacional”, explicó un funcionario. Mientras los máximos referentes del kirchnerismo lamentan la “crueldad” del Gobierno frente a los trabajadores, en Balcarce 50 creen que está ganada la batalla por el acompañamiento de la sociedad en la cruzada para reducir a toda costa la planta pública.
“Lo peor que se puede hacer es darles visibilidad. Los gremios quieren salir en los medios de comunicación. Si nosotros respondíamos desde los niveles de gobierno, les dábamos lo que querían ”, resumió la estrategia un funcionario libertario, en un cálculo político al final de la jornada, mientras los gremios celebraban su plenario de organizaciones para decidir cómo avanzar, pasadas las 16.
Por el mismo motivo, el Gobierno se cuidó de generar una situación de violencia en las calles. Aunque apostaron policías federales en la puerta de las sedes ministeriales y de las secretarías y empresas públicas -no le correspondía a la Ciudad en tanto son edificios de la órbita nacional- hubo una orden para evitar que el conflicto escalara. Lograron que no se tomaran edificios, como habían amenazado los gremios. Y las asambleas se mantuvieron de la puerta hacia afuera. Y si bien en el INADI, como denunciaron en ATE, hubo un “uso excesivo de la fuerza”, no hubo reportes de heridos. En cambio, los enfrentamientos se limitaron al nivel verbal.
Sí hubo una respuesta sobre el tema, sin grandilocuencias, de parte del vocero, Manuel Adorni, ante una consulta periodística en su conferencia de prensa en la Casa Rosada esta mañana. “El que esté fuera de la ley, tendrá consecuencias”, dijo, somero. También se leyeron algunas chicanas para la tribuna propia en la red X, la plataforma preferida del mundillo libertario. “Mientras en la provincia de Buenos Aires no pueden ni cortar el pasto de las banquinas de las rutas, su ministro de Infraestructura, Katopodis, está tomando edificios públicos nacionales (en CABA) defendiendo ñoquis. El kirchnerismo es un paro eterno”, dijo el presidente del bloque en Diputados, Oscar Zago, en referencia al apoyo explícito que dio el ex titular de Obra Pública de Alberto Fernández.
Por último, a pesar de las críticas de la oposición, el Gobierno no tiene planeado reemplazar al secretario de Transformación del Estado, Armando Guibert, que respondía a Federico Sturzenegger, y fue echado por mensaje de texto hace 20 días. El jefe de Gabinete, Nicolás Posse, le soltó la mano sin pruritos a partir de la controversia por las subas de un 50 por ciento de los sueldos del Presidente, la vicepresidenta, los ministros y secretarios. Y en su lugar no nombrarán a nadie más. “Su función la cumplen bien los subsecretarios”, desdeñaron cerca del ministerio coordinador.
La motosierra está en marcha y al Gobierno no le tiembla el pulso en mantenerla encendida sin demasiado análisis sobre las consecuencias para la gestión ni los nuevos desempleados. Mientras tanto, los trabajadores evalúan sus próximos pasos, y piden mayor compromiso con las bases de los jefes de la CGT, que no se deciden a impulsar un paro nacional mientras esperan el devenir de las discusiones políticas sobre la reforma laboral.
