Dos Florines

Los contadores, en una cruzada académica contra los abusos de AFIP

El 2 de junio pasado se realizó una conferencia sobre Procedimiento Tributario, a cargo del especialista cordobés Alberto Gorosito.
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La Facultad de Ciencias Económicas de la UNER ha comenzado un proceso académico para profundizar en el conocimiento de los egresados en la materia sobre los procedimientos tributarios para que los contadores conozcan de los abusos del ente recaudador nacional –y sus correlativos provinciales y municipales–. Para ello convocó a Alberto Gorosito, quien fue subsecretario de Hacienda en la provincia de Córdoba, vocal del Tribunal Fiscal de la Nación y subdirector general de Asuntos Legales de la DGI, entre otros antecedentes.

“El Procedimiento Tributario es el tránsito de la norma al caso concreto. Comprende todas las actividades administrativas dirigidas a la información y asistencia a los contribuyentes en materia de gestión, inspección y recaudación, así como las actuaciones de los mismos en el ejercicio de sus derechos o en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. En ese marco, la normativa vigente también regula el deber de información y asistencia de la Administración a sus contribuyentes acerca de sus derechos y obligaciones”, asegura el profesional que fue entrevistado por DOS FLORINES sobre cómo se dan estos abusos y las formas de contrarrestarlos.

– En virtud de lo que los procedimientos tributarios son algo muy complejo, ¿por qué es que gana relevancia en la profesión, incluso en la academia?
– El fenómeno tributario comenzó siendo un fenómeno económico, ya que en la antigüedad no había impuestos legislados. Se cobraba el tributo y listo. Era parte de la relación rey-vasallo. El nacimiento del Estado, las democracias, las repúblicas, genera la necesidad de darle un marco jurídico a todo el sistema tributario. Dentro de ese marco de cada impuesto aparece a su vez la necesidad de un organismo que recaude. Ese organismo adquiere potestades bastante amplias, enormes digamos, de verificar, fiscalizar, solicitar información a organismos públicos, recabar información para el control. Y exigencias a los contribuyentes. Lo que sucede es que en muchos casos estas exigencias se sobrepasan y el organismo hace un uso correcto pero sobrepasando estas potestades y hace abuso de poder. Con lo cual están los límites que propone la ley y están los recursos tanto administrativos como judiciales que pueden echar mano los contribuyentes para ponerle coto a estos excesos que hoy, lamentablemente, son muchos y variados.

– Generalmente estos recursos se canalizan vía los profesionales…
– Sí, generalmente se toma este camino y los profesionales de ciencias económicas tienen la facultad de poder actuar ante el organismo administrativo y ante un organismo jurisdiccional que es el Tribunal Fiscal de la Nación.

– También coadyuva con esto la complejidad y variación del sistema tributario argentino.
– Sí, eso también lamentablemente es así. Una de las virtudes que debieran tener los sistemas tributarios es la estabilidad. Es decir que el contribuyente se acostumbre a un impuesto, no sufra grandes modificaciones y a la larga ese impuesto va resultado cada vez más simple, más asequible.

– Aquí hasta lo que quiere ser simplificado nace complejo, como el Monotributo…
– Está el fenómeno de los famosos aplicativos que en aras de simplificar lo que único que hace es tornar más complejo el sistema porque todos los años la AFIP genera un nuevo aplicativo para liquidar los impuestos y el profesional tiene que bajarlos cuando está disponible. Una vez que esto sucede contiene errores, no está debidamente probado, no siempre funcionan los soportes, y eso genera mucha pérdida de tiempo, de dolor de cabeza.
Pertinencias
– Eso también genera alta dependencia del contribuyente hacia el profesional.
– Es que es un trabajo que no debiera darle al contador. El contador no está para insertar los datos en el aplicativo, eso lo podría hacer un asistente. El contador está para otra cosa, está para, por ejemplo, el problema de los balances que no están ajustados por los efectos de la inflación y que generan resultados que no tienen nada que ver con la realidad y ahí tiene que intervenir el profesional. O problemas derivados si las retenciones al agro son o no constitucionales. O si un contribuyente que está generando su actividad en las distintas provincias y si en aquellas que no está ubicado le cobran una tasa por ello, y su constitucionalidad o no. Después tenemos problemas de razonabilidad de los impuestos, como el Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta que la Corte Suprema lo ha declarado inconstitucional por ser un impuesto irrazonable. También tenemos problemas del abuso que hace la AFIP de sus atributos, como por ejemplo establecer un domicilio fiscal electrónico obligatorio cuando la ley lo establece como optativo para el contribuyente. Esto lo está haciendo constantemente, a cada rato. En el caso de las Pymes vemos que el Congreso ha establecido una ley especial para este sector y la DGI se ha encargado de complejizarlo con una serie de resoluciones que no tienen nada que ver con la ley.

– Es considerada una buena ley. ¿Los contadores piensan lo mismo?
– Podemos discutir si es buena o no esta ley, eso será de nunca acabar. Pero la AFIP la ha tergiversado. Por eso el tema del procedimiento tributario, que a eso apunta el curso que tenemos en ciernes y que ha diseñado la Facultad de Ciencias Económicas de la UNER, apunta a que el profesional no sólo reconozca y advierta el problema que tiene frente sí, pueda decir qué parte está bien y qué parte está mal. Pero también que sepa qué hacer ante eso. Cómo enfrentarlo.

– ¿Eso forma parte de un corpus teórico innovador para la academia o es algo que tiene su recorrido en el mundo universitario?
– No conozco el caso de la UNER, pero no creo que sea tan nuevo ya que entiendo que en el desarrollo de las materias regulares este tema está dentro de los programas. Lo que se está haciendo ahora es una especialización, es decir profundizar estos conocimientos dentro de la universidad.

– ¿Debe entenderse que la AFIP ha crecido en estos abusos, lo que lleva a la universidad a profundizar estos conocimientos?
– El problema viene por otro lado. Antes hablábamos de los aplicativos y sus complejidades y permanentes reformas hace que vaya dejando de lado por falta de tiempo el análisis de estas cuestiones y las vaya olvidando de a poco. Entonces cuando aparece un problema sucede que muchas veces no sabe reconocerlo sino que la mayoría de las veces no sabe cómo enfrentarlos.

– ¿Allí qué hace? ¿Consulta a otro profesional?
– No es la lógica. La idea es que el profesional sepa hacerlo, y la idea de este curso es que el profesional salga sabiendo cómo resolver estos problemas y afrontarlos.
Organización

– ¿Cómo se organiza un esquema para que los contadores avancen en estos temas?
– El escudo es el conocimiento. La tributación comenzó como un efecto económico, pero con los estados modernos se hizo una simbiosis con el sistema jurídico, lo que hacemos nosotros es reforzar el conocimiento de la ley. A diferencia de los que podemos hacer lo queramos en la medida que no inflijamos la ley, los organismos no pueden hacer lo quieran y deben hacer lo que la ley les ordena. Es como un programa de computación que corre como está programado, no de otra forma. Los organismos estatales deben correr bajo el formato de la ley, y eso muchas veces no sucede. El diseño al cual debe ajustarse es la Constitución y la ley, y ese diseño debe ser recordado por los contadores que muchos han olvidado.

– ¿El único camino es la ley?
– No hay otro camino que corregir una actitud oficial que mediante un recurso legal. No se puede desconocer una ley, un decreto, una resolución de la AFIP. Los contadores pueden llevar los pleitos al Tribunal Fiscal Nacional patrocinando o representando al contribuyente como si fuera un abogado. En la instancia que sigue, que es la Cámara Federal, ahí sí necesita un abogado.

– ¿Cuáles son los casos que usted advierte se repiten con mayor frecuencia en estos abusos?
– Uno son los casos de frustración importante que ha hecho la AFIP a los beneficios que otorga la ley para las Pymes. Que podemos discutir si es buena o mala, pero la AFIP la ha tergiversado y hay muchas cuestiones de ese tipo. Otra es que crea una serie de registros que mediante sistemas se entra o sale, donde entrar es muy difícil y salir es muy fácil, todo al arbitrio de la AFIP, olvidándose que debe transitar un camino que está marcado en la ley y no lo hace, y aplica al contribuyente una sanción que consiste en bajarlo de un determinado registro, como puede ser el Registro de Operadores de Granos, o el de Carne, etc., por lo cual ese contribuyente queda a la intemperie comercial sin que haya existido una decisión judicial de por medio. Ese es el problema. Es lo que se llama Tutela Judicial Efectiva. En la Constitución, a partir de la reforma de 1994, se han incorporado una serie de tratados –uno de ellos el de San José de Costa Rica– y estos prevén que cualquier sanción que quiera aplicarse en contra de los derechos de los contribuyentes, entre ellos el tributario, no deben ser tomadas antes que un juez lo decida. Y acá la AFIP se ha tomado atribuciones que en un curso como éste se puntualiza. Otra cuestión es cómo enfrentar una fiscalización tributaria –que no hay problema que suceda– y allí se ven muchísimos casos de abuso de autoridad para saber cuáles son los derechos y obligaciones.
Avezado y conocedor
El contador Alberto Gorosito se matriculó en el CPCE Córdoba y CABA; miembro activo de la Asociación Argentina de Estudios Fiscales y de la IFA (International Fiscal Association); Profesor Titular por concurso de Legislación y Técnica Fiscal III de la Facultad de Ciencias Económicas (UNC); Director y profesor en la carrera de posgrado de Especialista en Tributación, Escuela de Graduados (UNC); profesor en las carreras de posgrado de Especialidad en Tributación en la Universidad Nacional del Litoral, de Río Cuarto, de Villa María y de Catamarca; Jurado en concursos universitarios. Fue Subsecretario de Hacienda en la provincia de Córdoba; Vocal Titular por concurso de antecedentes del Tribunal Fiscal de la Nación y Subdirector General de Asuntos Legales de la DGI. Además, es autor de escritos y conferencias en materia de doctrina tributaria.
Gustavo Sánchez Romero
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