tribunales

Niegan a defensas contar con más tiempo para analizar pruebas

Barbagelata no hizo lugar al pedido de defensas de imputados en causa por presuntos delitos contra la Administración Pública, para contar con más días para analizar las pruebas que presentó Fiscalía.
Agrandar imagen La jueza de Garantías Nº 2, Marina Barbagelata, no hizo lugar al pedido de las defensas.
La jueza de Garantías Nº 2, Marina Barbagelata, no hizo lugar al pedido de las defensas.

La jueza de Garantías Nº 2 Marina Barbagelata decidió no hacer lugar al pedido de las defensas de los imputados en una causa por presuntos delitos contra la Administración Pública, para contar con unos días más para analizar las pruebas que presentó Fiscalía y para solicitar la remisión de la causa a juicio.

La jueza de Garantías Nº 2 Marina Barbagelata sostuvo ante las partes que participaron de la audiencia de solicitud de Prórroga del Plazo del artículo 404 del Código Procesal Penal de Entre Ríos (CPPER) que “no voy a hacer lugar al pedido de prórroga solicitado por las defensas”. Se trata de la causa que comprende al ex gobernador de la provincia Sergio Urribarri; su cuñado y ex funcionario, Juan Pablo Aguilera; el ex ministro de Comunicación y Cultura, Pedro Báez; otros funcionarios de la gestión de Urribarri y varios particulares. El motivo de la solicitud consistió en la apretada agenda de dos de los defensores, que por cuestiones laborales pidieron siete días más para poder analizar la profusa prueba de tan compleja causa.

Rechazo. Tras un cuarto intermedio de poco más de una hora, Barbagelata regresó al salón de audiencias y fundó su decisión en que entendió que la remisión de la causa a juicio solicitada por los fiscales habilita una etapa intermedia en la que las defensas podrán presentar sus objeciones e incluso solicitar el sobreseimiento, aclarando que será en el juicio donde se discutirán las cuestiones de fondo. “Fiscalía elaboró su requerimiento y ahí se limitó a exteriorizar los fundamentos por los cuales considera que existe la sospecha suficiente para pretender la realización del juicio” precisó la jueza, y ahondó en que “allí se manifiesta cuáles son las pruebas que serán producidas en el juicio. Ese acto de la Fiscalía no debe causar sorpresa alguna a los defensores, porque no es más que una exteriorización para dar inicio a una etapa intermedia, en donde se va a avanzar procesalmente. Es una instancia más, y la defensa que fue convocada desde el inicio de la Investigación Penal Preparatoria (IPP) a producir sus pruebas para elaborar su propia teoría del caso. Entonces, las defensas tienen que tener prevista esta etapa, porque a lo largo de toda la IPP pudieron producir su propio legajo de prueba, en función de su propia teoría del caso, y no en relación a la teoría de la Fiscalía”.


Sin motivo.
En relación al pedido de las defensas, Barbagelata entendió que la prórroga solicitada se puede contemplar cuando se ve violentado el derecho de defensa “por alguna imposibilidad concreta, material y efectiva, cosa que en este caso no sucedió”. En este sentido precisó que “hubo manifestaciones genéricas (por parte de las defensas), pero incluso la defensa ha manifestado espontáneamente que han tenido acceso a la documental, que si bien refieren a la numerosa cantidad de testigos, los testigos están relacionados a la voluminosa documental. Era posible para la defensa anticiparse a quiénes iban a ser los testigos propuestos por la Fiscalía. La defensa no refirió ningún hecho puntual que ponga de manifiesto que el plazo de cinco días les imposibilitara efectivamente el ejercicio de la defensa en relación a algún imputado”.

Calificación. Junto a Urribarri, Aguilera y Báez, están procesados Corina Cargnel, Jesús Bustamante, Hugo Montañana, Gustavo Tamay, Luciana Almada, Emiliano Giacopuzzi y Alejandro Almada. Se les imputa el delito de Negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, Peculado y Defraudación a la Administración Pública, a partir de una denuncia de los abogados Rubén Pagliotto y Guillermo Mulet.
En la audiencia estuvieron presentes los fiscales Patricia Yedro y Alejandro Cánepa y los defensores particulares Miguel Cullen, Guillermo Vartorelli, Ramiro Pereira, Pablo Bonato y Gastón Rosembenberg Jantzon. No fueron parte de la audiencia los defensores Raúl Barrandeguy y Marcos Rodríguez Allende. En el caso de José Velázquez, que representa a Báez, estuvo en el inicio de la audiencia pero no en el momento de la sentencia. En este sentido, se señaló que Báez fue el único imputado que no solicitó la ampliación del plazo que contempla el Código.
Malestar
En el momento en que Barbagelata dispuso en cuarto intermedio para analizar los argumentos de los fiscales y defensores, se observó malestar en las defensas. Según se pudo acreditar, el fastidio estaba relacionado con la negativa de los fiscales, explicitada en la audiencia, a acompañar el pedido de prórroga, puesto que la propuesta, “de palabra”, era acordarlo con los mismos fiscales el jueves mediante “un escrito en conjunto”. Así, se pudo escuchar que “si se sabía que no lo iban a acompañar” las defensas no se hubiesen expuesto a “recibir un revés en una audiencia”, aportando “al circo que se construye en torno a este tipo de causas”.

Incluso, se deslizó que en el pedido que se presentó ante la Oficia de Gestión de Audiencias (OGA) constaba la frase “con el acompañamiento de los fiscales”, que fue tapado con corrector líquido a instancias de una secretaria de los fiscales que mantuvo diálogo con una de las defensas.

Temas:

tribunales
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]

¡Escribí tu comentario!

[X]
* 600 caracteres disponibles

Comentarios

El comentario no será publicado ya que no encuadra dentro de las normas de participación de publicación preestablecidas.

¿Deseas reportar este comentario?

No Si
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]

¡Escribí tu comentario!

[X]
* 600 caracteres disponibles
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores. eldiario.com.ar se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes, discriminadores o contrarios a las leyes de la República Argentina.