Investigación

El empresario como actor principal del terrorismo de Estado

Un panel con integrantes del equipo presentó en Paraná los resultados de una investigación a 25 empresas sobre su responsabilidad en crímenes de lesa humanidad.
Agrandar imagen La charla tuvo lugar en la Escuela Normal.
La charla tuvo lugar en la Escuela Normal.
CRÉDITO: Gustavo Cabral.
Para el saber popular puede que no sea una sorpresa –basta con pensar en quiénes fueron los grandes beneficiados por las reformas económicas impulsadas por la última dictadura cívico militar–, pero la profundidad de la investigación le aporta otra contundencia al asunto. Además, suma evidencias empíricas a los juicios en curso y a otros posibles de iniciarse en el futuro. El informe “Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad. Represión a los trabajadores durante el terrorismo de Estado” indaga sobre la participación concreta de un sector del empresariado nacional y extranjero en las violaciones a los derechos humanos, entre 1976 y 1983. Fue elaborado por cuatro instituciones, entre 2014 y 2015: el Centro de Estudios Legales y Sociales; el área económica de Flacso; el Programa Verdad y Justicia dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación; y la Secretaría de Derechos Humanos, también vinculada a ese ministerio.

Un panel integrado por cuatro investigadores expusieron los resultados, el jueves por la noche en la Facultad de Humanidad, Artes y Ciencias Sociales de la Uader, que organizó el encuentro junto a la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia.

Patrón común. Matías Germano, subsecretario de DDHH, y María del Rosario Badano, decana de la FHAyCS, dieron la bienvenida a los autores del informe y al público presente en el aula 36, denominada “Memoria”, ubicada en una de la ochavas de la planta baja de la Escuela Normal.

María Laura Fabrizio, antropóloga; Alejandro Jasinski, historiador e investigador del Programa Verdad y Justicia; Andrea Copani, historiadora; y Sebastián Blanchard, abogado del CELS, expusieron sobre su trabajo, fuentes consultadas y casos concretos. “Teníamos dos objetivos: un aporte a la historia y a la memoria; y también a los procesos judiciales que están en curso o aperturas de nuevos juicios”, indicó Fabrizio.

“Consideramos que en la represión hubo alianza entre sectores militares y empresariales, que tenían como objetivo desarticular la militancia obrera, sindical y política; y buscaban transformar la estructura económica de la sociedad”, agregó la antropóloga. Las preguntas que guiaron la indagación son sencillas: quiénes, cómo, y por qué. “Nos encontramos con numerosas prácticas empresariales represivas: formas de militarización de espacios laborales, iniciativa empresarial en la represión, centros clandestinos en las empresas (como en Acindar), provisión de insumos (camionetas en Ledesma, micros de La Veloz del Norte) para detener trabajadores, así como listas y legajos personales con datos a los cuales los militares no hubieran accedido de otra manera. Hubo un patrón común de prácticas empresariales represivas: el 88% de los secuestros de trabajadores ocurrieron en los puestos de trabajo; el 76% de las empresas entregaron información; en el 60% existían agentes de inteligencia infiltrados dentro de las fábricas; en el 68% de los casos había personal de las fuerzas de seguridad ocupando cargos en los concejos directivos; en el 40% de los secuestros se utilizaron vehículos facilitados por las empresas…”, fueron algunos de los guarismos que mostró Fabrizio.

Marco. Alejandro Jasinski brindó un marco histórico mundial en referencia a la crisis del estado de bienestar de fines de los años sesenta y las reconversiones productivas del momento. “No pensamos la responsabilidad de la empresa, que no puede ser juzgada. Hay que pensar qué personas estaban en esos lugares”, dijo el historiador. “Los empresarios participan activamente del terrorismo de Estado y la represión como parte de un cambio de estrategia para reconvertir las industrias y fábricas, disminuir el costo laboral y producir como el capital global requiere. Es decir, insertarse en el nuevo esquema mundial. Muchas de estas fábricas pegan un salto cualitativo en esos años y terminan siendo hoy en día sectores monopólicos. Además, buscaban reducir la importancia del poder político del trabajo”, sostuvo Jasinski.

Caso. Andrea Copani se centró en la explicación de un caso en particular: el de la Estancia Las Marías, de Corrientes. No hubo empresas entrerrianas involucradas (que se tengan datos), por lo que su exposición se basó en este establecimiento agro-industrial, poco conocido y explorado, que corresponde a la misma zona. Los militares, desde antes del golpe, dividían el país en regiones. Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, Misiones, Chaco y Formosa pertenecen a la zona del NEA, como unidad de defensa que dependía del II Cuerpo del Ejército, con asiento en Rosario. Adolfo Navajas Artaza es el empresario señalado como responsable de varios crímenes contra sus trabajadores, muchas de los cuales vivían en construcciones de la propia empresa. La historiadora de la UBA ilustró la relación de Navajas Artaza con el poder político: había sido interventor federal durante la dictadura anterior (1969-1973), y ocupó el cargo de Ministro de Acción Social durante la presidencia de facto de Reynaldo Bignogne (1982-83). En democracia, además, fue intendente de Gobernador Virasoro, y ocupó puestos en corporaciones como la Fundación Mediterránea.

Juicios. El abogado del CELS, Sebastián Blanchard, hizo foco en la parte jurídica de estas evidencias, señalando que varios de los responsables ya están muertos, que muchos rondan los 90 años, y que las conexiones entre estos empresarios y la familia judicial son innegables, así como con el poder político de la gestión nacional actual. A pesar de esto, transmitió sus esperanzas de que en 2017 comience el juicio oral por la causa Ford, en la localidad de San Martín, provincia de Buenos Aires. “Papel Prensa es otro caso emblemático en el que se pide indagatoria a Héctor Magnetto y a Ernestina Herrera de Noble, se hizo una pericia contable, y todavía no se los llamó a declarar. Sabemos que no es fácil, son actores que tienen poder hasta el día de hoy, pero es fundamental la lucha de los sobrevivientes y los familiares para que sean motorizadas las causa, porque los jueces son permeables a la movilización popular”, concluyó Blanchard.

Durante un intercambio de opiniones y preguntas a los expositores, la abogada e integrante de HIJOS Sofía Uranga comentó que si bien no hay empresas entrerrianas analizadas en el informe, en el caso de la búsqueda del mellizo de Sabrina Gullino Negro, fue fundamental el libro de ingresos y egresos del contador del Instituto Privado de Pediatría. Allí quedó asentado que los mellizos pasaron por neo en ese lugar, y a partir de ese documento se puede establecer la conexión entre el Hospital Militar y el IPP como parte de una trama cotidiana entre empresarios y militares, aún poco visibilizada.

Reconversiones y responsabilidades. El licenciado en historia de la UBA Alejandro Jasinski, investigador del Programa Verdad y Justicia, describió el contexto de época: “Hasta los años ´70 rige un modelo de acumulación y regulación en la industria, en los salarios, ingresos y sistema de trabajo, que entre en crisis en las principales potencias del mundo occidental. En la Argentina esa crisis se junta con otra que es política, en función de la radicalización que aparece en sectores estudiantiles y obreros. Esa conjunción dispara una conflictividad muy fuerte en fábricas y ámbitos laborales. Por eso nos preguntamos qué rol tuvieron los empresarios en esa reconversión, en el intento de acomodarse a los cambios mundiales estructurales. El empresario es el que conoce exactamente cómo se llega a la médula del poder obrero organizado, que son las comisiones internas y de fábricas; y además tiene motivos económicos muy claros que son reconvertir sus procesos de trabajo para tener menos problemas y mayor tasa de ganancia en el mundo de la producción”. Es decir, el terrorismo de Estado también fue utilizado para bajar costos laborales, según dijo Jasinski a EL DIARIO: “no solamente bajan los costos en términos salariales, que es la gran reconversión que establece la dictadura, sino que cambian la legislación del trabajo dentro de las fábricas y avanzan sobre reclamos y conquistas que se habían conseguido en los tres años anteriores”.

“Nosotros damos, con este informe, un pie para que se abran investigaciones. Hay un montón de estudiantes e historiadores que tienen la posibilidad, en diversos lugares, de acercarse a las fábricas de la zona e investigar a ver que encuentran”, propuso Jasinski. “Creemos que estos empresarios tuvieron una responsabilidad política, histórica, judicial penal si les cabe, pero fundamentalmente esto tiene que ver con sacarnos de encima la idea de complicidad, que habla de un actor secundario que colabora en el hecho represivo. Para nosotros, el empresario es un actor principal”, afirmó.
“Muchos de los actores investigados tienen relación con el gobierno actual”
Sebastián Blanchard, abogado del CELS, explicó a EL DIARIO que el Centro de Estudios Legales y Sociales es querellante en dos causas: por los obreros desaparecidos de Mercedes Benz, y de la empresa Molinos Río de la Plata. “La responsabilidad económica se viene denunciando desde los mismos juicios a la Junta, con la Conadep, etc., pasa que se frenaron los juicios con las leyes de impunidad y desde la reapertura se fue avanzando en la responsabilidad de la jerarquía de las fuerzas de seguridad. El caso de Ford, por ejemplo, está denunciado desde 1984 y su comienzo está previsto para 2017. Es decir, son juicios que se vienen dilatando”, detalló Blanchard. Hasta el momento, hay un solo empresario condenado, desde mayo pasado: Marcos Levin, de La Veloz del Norte, por el secuestro de un trabajador. “Es un hecho emblemático porque es el primero por un delito de lesa humanidad”, acotó el abogado del CELS. “Siempre el poder judicial, por más que es un poder del Estado, va a ser permeable a los tiempos y al clima político. Muchos de los actores investigados por delitos de lesa humanidad, como Vicente Massot o Carlos Blaquier, tienen relaciones directas con el gobierno actual, y a veces los límites con la familia judicial no están muy claros. Es una pelea”, expresó Blanchard en relación a los posibles avances en el actual escenario político.
Al margen
Para acceder a los dos tomos del informe presentado y descargarlos en forma gratuita: empresasydelitosdelesa.blogspot.com

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