Justicia Federal

De casa militar a palacio de la justicia, la historia del Comando

Este lunes comienzan los trabajos de remodelación y ampliación del Comando de la Segunda Brigada Blindada de Paraná, para adecuarlo a las necesidades de la Justicia Federal.

Después de un largo proceso, y a nueve años de la compra del edificio, este lunes comienzan los trabajos de remodelación y ampliación del Comando de la Segunda Brigada Blindada de Paraná, para adecuarlo a las necesidades de la Justicia Federal. Allí funcionarán los juzgados y el Tribunal Oral. La inversión prevista es de casi 79,5 millones de pesos y la obra debería estar finalizada en abril de 2019.

Tuvieron que pasar nueve años desde que la justicia se hizo del edificio hasta que por fin comiencen las tareas para su reconversión en oficinas capaces de albergar todo lo que requiere la maquinaria de la justicia federal. Este lunes, finalmente, comenzarán los trabajos de remodelación ampliación de lo que todos llaman “el comando” por haber albergado durante casi un siglo a la Segunda Brigada Blindada General Justo José de Urquiza de Paraná. La obra contempla la adecuación del edificio principal para el traslado del Tribunal Oral Federal, que funcionará en la planta baja, y de los juzgados federales, que estarán en el primero y segundo piso, respectivamente; y dos pisos superiores, con una terraza parquizada que, dicen, constituye toda una novedad para la ciudad.

Los trabajos estarán a cargo de la firma Ashoka Construcciones SA –con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires–, con un presupuesto de 79.579.074,08 pesos que incluye la provisión de materiales, mano de obra, equipamiento, herramientas, estructuras auxiliares, la provisión de los servicios y las tramitaciones que correspondan ante los organismos gubernamentales nacionales, provinciales, municipales y/o del sector privado. El plazo de ejecución es de 18 meses.

La obra está contemplada en el presupuesto del Consejo de la Magistratura, donde se contempla una inversión de 34.327.545 pesos en 2018 y 39.380.084 pesos en 2019, según constan en el proyecto enviado al Congreso.

EL PROYECTO. La obra consistirá en la refacción y adecuación del edificio ubicado sobre calle 25 de Mayo 233, un predio de 5.850 metros cuadrados donde antes hubo un hospital de caridad, para la instalación de dependencias judiciales.

El predio ocupa el corazón de manzana, con una construcción principal, algunos anexos y un centro aireado: tiene una entrada principal por calle 25 de Mayo, un estacionamiento al que se accede por Urquiza y un ala al que se ingresa por calle Belgrano. Todo está conectado por un gran patio arbolado.

El proyecto prevé que las nuevas dependencias tengan “un acceso principal a nivel de planta baja por la calle 25 de Mayo, y dos accesos (uno para magistrados y otro para detenidos) al contrafrente, que da la posibilidad de ingresar con vehículos, ya que cuenta con estacionamiento cubierto (el ingreso vehicular sería por la calle Urquiza)”. Habría, además, un tercer ingreso para el personal y el público.

Se contempla también que en la planta baja haya dos salas de audiencias, una principal con capacidad para 95 personas y una secundaria que permitirá albergar a 70 personas, “con sus respectivos locales de apoyo para la defensa, la fiscalía y los testigos”. La idea, se consignó en el proyecto, es “generar espacios amplios y flexibles, con buena ventilación e iluminación natural”. En tanto, sobre calle Urquiza estará la secretaría, mesa de entradas y demás oficinas del tribunal oral.

En el primer y segundo piso estarán las dependencias de los juzgados federales y los despachos de los magistrados, relatores y secretarios del tribunal oral, con acceso restringido “por motivos de seguridad”. Habrá también una terraza vidriada con “un sistema de parquización que lo convertirá en el primer edificio en Paraná con jardines sobre la azotea”, según dijo el presidente de la Cámara Federal de Apelaciones, Daniel Alonso, en la presentación que se hizo el último viernes.

El magistrado destacó además que proyecto está elaborado según las previsiones del Código de Planeamiento Urbano, es decir, “respetando el patrimonio arquitectónico del edificio, manteniendo la fachada tal como ha sido originalmente, aunque remozándola sin que hacer ningún tipo de intervención que rompa con esa armonía que ya es conocida por los paranaenses”.
Detalles
Los trabajos estarán a cargo de la firma Ashoka Construcciones SA –con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires–, con un presupuesto de 79.579.074,08 pesos. El plazo de ejecución es de 18 meses.
La historia de un edificio centenario
El edificio fue adquirido por el Consejo de la Magistratura en el año 2008. Había estado en poder de los militares desde 1914, luego de que se lo adquirieran a Luisa Otero de Hernández, esposa de quien fuera juez, gobernador y senador nacional entrerriano, Sabá Z. Hernández. Antes había funcionado allí un hospital de caridad impulsado por Hernández y apadrinado por el gobernador Eduardo Racedo.

En esa mole de cemento sobre la que se cierne un laberíntico edificio, con pasillos, recovecos y escaleras que perderían hasta al más avezado guía, funcionaban los cuarteles del Comando de la Segunda Brigada de Caballería desde 1965.

Esa característica, que podría darle un halo misterioso, tiene, por el contrario, un costado si se quiere tenebroso: entre 1976 y 1977 se desarrollaron tres consejos de guerra en Paraná. En lo formal, son procedimientos militares de carácter sumarísimo que se dan en situaciones de beligerancia y las penas se imponen y ejecutan de manera inmediata. En la práctica, fueron parodias de juicios militares pero aplicados a civiles, sin las mínimas garantías, a los que fueron sometidos más de un centenar de detenidos políticos durante la dictadura.

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