PROYECTO

Recursos nacionales y articulación condicionan la ley de narcomenudeo

La comisión bicameral habilitó ayer un ámbito de análisis del proyecto de ley de narcomenudeo al que invitó a funcionarios de distintos organismos.
Agrandar imagen Rosario Romero estuvo en el Senado y explicó la posición del Ejecutivo sobre la ley de narcomenudeo.
Rosario Romero estuvo en el Senado y explicó la posición del Ejecutivo sobre la ley de narcomenudeo.

La comisión bicameral habilitó ayer un ámbito de análisis del proyecto de ley de narcomenudeo al que invitó a funcionarios de distintos organismos. La ministra de Gobierno, Rosario Romero, advirtió sobre una serie de aspectos que si bien “no son insalvables” deberían estar resueltos previo a la sanción de la norma. A los espacios de diálogo en la provincia se sumarán gestiones ante el gobierno nacional porque hacen falta recursos para implementar la adhesión a la ley nacional 26.052, confirmó la funcionaria.

La convocatoria partió del mismo Ministerio de Gobierno. Ayer, en el marco de una conferencia de prensa, la ministra de esa cartera, Rosario Romero, explicó la posición del Ejecutivo con relación a la ley de narcomenudeo. Minutos antes había estado en la jornada que organizó la comisión bicameral integrada por senadores y diputados, especialmente conformada para ocuparse de esta temática. Desde las 8 hasta el mediodía, por el recinto del Senado pasaron, además de Romero, el jefe de la Policía de Entre Ríos, Gustavo Maslein; los vocales del Superior Tribunal de Justicia Miguel Giorgio y Daniel Carubia; el procurador General, Jorge García; el defensor del Ministerio Público, Maximiliano Benítez; y la presidenta del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf), Marisa Paira. “Existe una voluntad política del gobernador Gustavo Bordet de dar tratamiento a este tema, por eso hemos avanzado en esta jornada donde dimos debate y profundizamos en el análisis de las distintas problemáticas que se dan en torno al tema del narcotráfico y del narcomenudeo, para escuchar los aportes que cada área puede realizar desde su ámbito específico y desde sus respectivos enfoques”, manifestó el presidente de la Comisión de Seguridad, el senador oficialista Ángel Giano con relación al sentido de la convocatoria.

ADHESIÓN TOTAL. El gobierno de Entre Ríos ya tiene dos experiencias fallidas de adhesión a la ley nacional 26.052. Se trata de dos casos frustrados, con leyes sancionadas, en un caso durante la ex gobernación de Jorge Busti y la segunda, en la gestión de Sergio Urribarri.

Tras citar esos dos intentos, la ministra Rosario Romero precisó que con el término narcomenudeo se define “delitos vinculados al comercio de estupefacientes más leves previstos por el Código Penal”. Y luego, ilustró acerca del origen de la norma nacional. “Muchas provincias planteaban que la existencia de juzgados federales en el país no era suficiente para alcanzar el avance que había tenido el delito de narcotráfico y en especial lo planteaba la provincia de Buenos Aires, con el problema del paco”. Eso ocurría hace diez años, cuando “era acuciante el problema para Buenos Aires”, recordó Romero, por entonces diputada nacional, de modo que “viví –dijo- aquel proceso, cuando argumentaban que no tenían cómo combatir el delito con el paco si no era de la mano de la policía y los jueces locales”. Sancionada la ley nacional, Buenos Aires, Córdoba, Salta, Neuquén entre otras provincias adhirieron a esa norma y con disímiles resultados están investigando ese tipo de delitos. Entre Ríos va por su tercer intento.

“Estamos aspirando a sancionar una buena norma que no tenga la objeción de inconstitucionalidad que tuvo la anterior”, anunció Romero antes de decir que el Ejecutivo tomó nuevamente la iniciativa de insistir en “investigar hasta su total juzgamiento; una adhesión total a la ley 26.052”.

LO QUE FALTA. La ministra explicó que, con vista a la puesta en vigencia de esa norma en la provincia, se necesita tener un soporte de infraestructura, recursos humanos, policía como para que la investigación y el juzgamiento sean efectivos. En consecuencia, la preocupación en la actualidad pasa por los recursos. Al respecto puntualizó: “Precisamos más fiscales, algunos cargos para no más de seis u ocho fiscalías, necesitamos defensores, que el Copnaf tenga acceso a más becas del Sedronar porque hay muchos vendedores barriales, los denominados soldaditos, que son chicos consumidores a los que se debe ofrecer una alternativa de tratamiento. También, centros de tratamiento de la provincia. Hay uno funcionando en Colón, pero no es suficiente. Y hay una preocupación de la titular del organismo porque si son detenidos los papás y quedan niños a disposición del Copnaf hay que tener capacidad de albergarlos cuando no puedan ir con otros familiares”, agregó.

La enumeración sirvió para afirmar que “hay toda una gama de problemas que no son insalvables pero sobre los que hay necesidad de dialogar antes de que la norma salga sancionada”.

A estas instancias de diálogo en la provincia se sumarán las gestiones ante el gobierno nacional para que apoye con recursos.

PREVISIONES. Romero informó que los cargos para las fiscalías y defensorías están previstos en el proyecto de presupuesto que actualmente analiza la Cámara de Diputados. Aclaró que el costo para el personal no sería una complicación ya que no es elevado, sí en cambio el equipamiento, las instalaciones de lugares para tratamiento de adictos y la nuevas tecnologías porque “frente a un delito que avanza rápidamente, los estados deben estar en condiciones de responder”, subrayó.

En los próximos días las distintas áreas que estarán involucradas en la aplicación de la norma harán una estimación económica de la inversión que conllevará.

Si bien, no descartó que en el tiempo resulte necesario reequipar a la policía provincial, señaló que “la idea inicial es empezar con lo que existe en la actualidad. Hay que ir haciendo evaluaciones periódicas y viendo las necesidades”.

Otro tema es el interés del gobierno por contar con un establecimiento carcelario más en la provincia. Será tema también materia de negociación con la Nación porque actualmente hay muchos presos federales albergados en cárceles provinciales.
Implicancias en el Copnaf
Las expresiones de la titular del Copnaf dejaron en evidencia las razones por las cuales el proyecto de ley para combatir el narcomenudeo no es ajeno a las políticas que desarrolla ese organismo. “En el marco de la política de niñez esta ley tendría implicancias en lo que son las actividades asistenciales y terapéuticas del organismo, respecto a la relación y cuidado de los niños cuando los padres pudieran quedar involucrados en esta situación -va a implicar poner a disponibilidad una red en toda la provincia para dar respuesta-, así como también la situación de los adolescentes en problemática vinculadas al consumo que nos va a requerir poder articular con salud, tener garantizados los dispositivos de tratamiento para las problemáticas de consumo”, sintetizó Marisa Paira.

La funcionaria consideró importante la instancia habilitada en la bicameral para poder comentar la situación respecto del organismo y poder conformar una mesa donde para la puesta en práctica de la ley “estemos articulados los distintos organismos. En nuestro caso –precisó- para preservar los derechos del niño, niña y adolescente”.

Consultada por EL DIARIO, insistió en que “la ley va a tener que ir acompañada del fortalecimiento de otras políticas públicas en materia de niñez y adolescencia para llegar a un buen resultado” por lo que remarcó “la oportunidad de poder ir discutiéndolo para ver qué tenemos que fortalecer y dónde, con quién articular para que la respuesta sea integral”.

Comentó que “la ley atraviesa situaciones de familia, del adolescente, problemáticas que atendemos continuamente en toda la provincia”, e insistió en la necesidad de contar con becas del Sedronar para menores.
Más que la bicameral
El interés por la temática que se analiza fue más allá de los integrantes de la bicameral. A lo largo de la jornada estuvieron presentes los diputados provinciales Juan José Bahillo, Carmen Toller, Daniel Ruberto, Daniel Koch, Juan Navarro, Silvio Valenzuela, Miriam Lambert, Fuad Sosa, Diego Lara, José Allende, Ayelén Acosta, Sergio Kneeteman, Jorge Monge, Alberto Rothman y Esteban Vitor, y los senadores Miriam Espinoza, Mario Torres, Lucas Larrarte, Beltrán Lora, Daniel Olano, Roque Ferrari, Raymundo Kisser, Nicolás Mattiauda, Aldo Ballestena, Héctor Blanco; Miguel Piana y Rogelio Schild, junto al vicegobernador Adan Humberto Bahl.

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