Paraná

En una nueva marcha se pidió justicia por Santiago Maldonado

Una importante concentración de organizaciones sociales y políticas se movilizó este miércoles para pedir por el esclarecimiento de la desaparición y muerte del artesano en Chubut.
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En Paraná se marchó a tres meses de la desaparición forzada de Maldonado
Una multisectorial de organizaciones de derechos humanos, sociales, políticas y sindicales convocaron este miércoles a marchar para exigir justicia por Santiago Maldonado, el joven desaparecido en el marco de una represión de fuerzas de Gendarmería y encontrado muerto 78 días después en el río Chubut.

La concentración que se reunió un importante número de personas fue llamada nuevamente para manifestarse y exigir justicia con el eje puesto en que el Gobierno nacional “es el responsable” de lo sucedido.

“En Paraná nos sumamos al llamado de la familia y de los organismos de derechos humanos para manifestarnos en todas las plazas del país y del mundo para no permitir que este crimen de Estado quede impune”, se plateó en la invitación.

La marcha fue encabezada por referentes de derechos humanos y figuras políticas gremiales y políticas. Detrás, los manifestantes se fueron encolumnando con pancartas y fotos de Santiago Maldonado. Cada uno a su ritmo fueron entonando cánticos que apuntaban contra la actuación de Gendarmería y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

La gruesa columna partió de la intersección de Urquiza y Corrientes, bajo hasta La Paz, subió y extrañamente a lo que es usual –pasar por Casa de Gobierno–, doblo por calle Buenos Aires en contramano hasta Alameda de la Federación, para finalizar frente a la sede de Gendarmería, en Alameda y Santa Fe, donde se leyó un documento.

Responsabilidades
Al momento de los discursos, se apeló a los presentes a estar en “alerta”, ya que se veía que las protestas en las calles iban a continuar.

Se cargó genéricamente contra medios de comunicación y una “campaña para instalar el miedo”, y que según esta visión, eso en alguna medida había surtido efecto.

Por último, como tarea militante se pidió estrechar lazos con los entornos familiares y cercanos para poder hablar sobre las condiciones en que sucedió la muerte de Santiago Maldonado. En este orden se apuntó que desde su desaparición se ha intentado criminalizar al pueblo mapuche y tergiversar lo que realmente sucedió con el joven tatuador.

Reclamo
El documento completo que se dio lectura dice lo siguiente:

Los organismos que integramos la Multisectorial de Derechos Humanos salimos a la calle una vez más para expresar nuestro enérgico repudio y exigir justicia ante uno de los crímenes más graves cometidos por el Estado en 34 años de democracia: la desaparición forzada de Santiago Maldonado y su posterior aparición sin vida, después de 78 días de encubrimiento, pacto de silencio e intentos de todo tipo por desviar la investigación.

El hallazgo del cuerpo suma más dolor para una familia y para toda una sociedad que reclamábamos aparición con vida, pero esto no fue posible por la desidia, los errores y la complicidad del Poder Judicial y los funcionarios del gobierno nacional. Desde Paraná abrazamos a Enrique y Stella Maris, los padres de Santiago, a sus hermanos Sergio y Germán y a toda su familia. Queremos que se sientan acompañados en estos momentos de suma tristeza.

En medio de tanto dolor, entendemos que algo de alivio puede llevarles el hecho de poder hacer el duelo, poder dedicarle lágrimas y flores, realizar el ritual de despedida tan necesario para todos los que pierden un ser querido. Ritual que les fue negado a los familiares de los 30.000 detenidos desaparecidos durante la última dictadura cívico militar y de tantas víctimas de violencia institucional en la etapa democrática, como los paranaenses Héctor Gómez, Martín Basualdo y Elías Gorosito.

Sobre la aparición del cuerpo, al igual que en torno a todo lo relacionado con Santiago, se pretende tejer hipótesis que persiguen como único objetivo culpabilizar a la comunidad mapuche, a los organismos de derechos humanos y a la oposición política al gobierno nacional. Pero nada puede ocultar que a Santiago lo encontraron sin vida en un lugar en el que ya lo habían buscado otras tres veces y por donde todo el tiempo pasan los habitantes del Pu Lof en Resistencia de Cushamen. No sería la primera vez que una fuerza de seguridad, en este caso la nefasta Gendarmería de Patricia Bullrich, planta un cuerpo intentando montar un escenario para lavar sus crímenes. Y todo parece indicar que estamos ante una puesta en escena de esas características.

Existen varias certezas sobre lo ocurrido con Santiago. La primera es que sin la movilización popular no habría aparecido. Sin la movilización popular seguiría todavía desaparecido. Esto demuestra que ocupar las calles de cada ciudad argentina es clave para luchar contra la impunidad y el olvido.

Otra certeza es la responsabilidad del gobierno, empezando por Gendarmería y siguiendo por Pablo Noceti, jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad; la ministra Bullrich y el presidente Mauricio Macri. Es decir: los que tomaron la decisión política de poner a la fuerza de seguridad al servicio de la represión de la protesta desde el 10 de diciembre de 2015 a la fecha; los que dieron la orden de reprimir la protesta de los hermanos mapuches, desalojar la ruta 40 e ingresar ilegalmente al pu lof y los que ejecutaron de mano propia el violento operativo que terminó con Santiago muerto.

Quienes protestaban aquel 31 de julio y 1° de agosto contra el encarcelamiento de Facundo Jones Huala fueron víctimas de una cacería por parte de los gendarmes, como confirman las fotografías, videos, audios y testimonios. La violenta persecución, con despliegue de armamento, vehículos y numerosos efectivos disparando sus escopetas, llegó hasta el río Chubut y el desenlace fue el fallecimiento de Santiago. Cualquiera haya sido el modo en que él murió, es innegable y evidente que fue producto de la represión.

Todo lo que pasó después del 1° de agosto hizo acrecentar la responsabilidad de Gendarmería y del Gobierno. Encubrimiento, noticias falsas, defensa a ultranza de la fuerza desde el poder político y ataques a la familia fueron parte de una estrategia macabra tendiente a eximir de culpas a los responsables de la represión y la desaparición forzada de Santiago Maldonado.

Al mismo tiempo, los pueblos originarios se convirtieron en víctimas predilectas de esa ofensiva discursiva llevada adelante a través de los medios de comunicación hegemónicos. Esos medios, cada vez más concentrados, y periodistas mercenarios serviles al gobierno, lograron operar sobre el sentido común criminalizando al pueblo mapuche y convirtiéndolos en virtuales enemigos de la sociedad argentina, merecedores de los peores castigos y de ningún derecho. Así también justifican los negociados con Estados Unidos e Israel para compra de armamentos e intromisión en el país de fuerzas extranjeras.

Al igual que como procedían durante la dictadura, echan mano a los medios de comunicación para construir la excusa de la subversión que justifique los atropellos a los derechos humanos. Las víctimas son hoy las comunidades que reclaman por su legítimo derecho a ocupar las tierras ancestrales, en manos de terratenientes, muchos de ellos extranjeros como Luciano Benetton. Y junto con estas operaciones se revela un profundo e indignante racismo.

No se debe perder de vista que la extranjerización y privatización de la tierra es un problema de fondo que el Estado debe resolver en beneficio de los pueblos originarios. Como primera medida, es urgente la sanción de la ley que prorroga por cuatro años la prohibición de los desalojos de estas comunidades, la cual vence el 23 de noviembre y todavía falta la aprobación en Diputados.

Desde la Multisectorial de Derechos Humanos volvemos a afirmar que el Estado es responsable y exigimos Justicia por Santiago Maldonado.

Exigimos también el cese de la represión como método de dirimir conflictos por parte del gobierno nacional, y alertamos que no permitiremos que se siga delegando en las fuerzas de seguridad lo que corresponde a la política.

De la misma manera, repudiamos el encarcelamiento de luchadores sociales y el cercenamiento de la libertad de expresión mediante distintos procedimientos.

Rechazamos estos y todos los intentos por silenciar a los luchadores y luchadoras populares y disciplinar y amedrentar a toda la sociedad.

Mientras siga vigente el modelo de represión, ajuste y entrega, seguiremos en la calle levantando las banderas de los derechos humanos.

A la familia de Santiago renovamos nuestro abrazo y nuestro acompañamiento. Su fortaleza para transformar el dolor en lucha nos anima y nos da esperanzas.

Justicia por Santiago Maldonado
El Gobierno es Responsable
Fuera Bullrich y Noceti

Multisectorial de derechos humanos

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