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En Cambiemos plantean la necesidad de una política integral en seguridad

Un organismo que reemplace al actual Patronato de liberados, una nueva cárcel, tratamiento para las personas que sufren adicciones son, entre otros, los temas que a criterio de la diputada Ayelén Acosta deberían tratarse.
Agrandar imagen La diputada Ayelén Acosta, de Cambiemos.
La diputada Ayelén Acosta, de Cambiemos.
Las declaraciones de la legisladora provincial de Cambiemos no tienen tono de reclamo. Resulta en todo caso, el análisis de un conjunto de problemáticas que requieren de un rol protagónico del Estado, que han empezado a debatirse en la provincia y sobre los cuales, el bloque que integra ha presentado diversos proyectos.

En una mirada integral a partir de la complejidad del narcomenudeo, la diputada Ayelén Acosta dio cuenta ante EL DIARIO de una serie de iniciativas que se impulsan desde 2016. “No podemos tratar el narcomenudeo sin tratar otras temáticas tales como el patronato de liberados y la situación de las cárceles en la provincia”, dice inicialmente.

Recordó que el año pasado presentó una iniciativa para que se declare de interés un proyecto de un grupo interdisciplinario que está trabajando con la legisladora en materia de seguridad pública. Una de las conclusiones de ese equipo fue “un proyecto de cárcel modelo que fue presentado por expediente al propio gobernador y por la Cámara se aprobó un proyecto de declaración de interés porque entendemos que hoy también las cárceles han quedado con poco espacio, y si se sanciona la ley de narcomenudeo aumentarán las necesidades y hay que anticiparse a esa problemática”, argumenta. Como para reforzar el planteo, comparte un dato que se trasmitió en una de las reuniones de la bicameral que trabaja el proyecto de ley de narcomenudeo: en 2009 había 781 internos y actualmente hay 2.074.

“Hemos charlado con el jefe del Servicio Penitenciario el año pasado, se aumentó la cantidad de personal en la provincia, pero vemos la necesidad de nuevas cárceles. Las que existen son muy viejas y en la mayoría de los lugares quedaron en el medio de las ciudades con poco espacio para poder ampliarlas”, describe la diputada integrante de la bicameral que analiza el tema narcomenudeo.

En otro orden, Acosta presentó un proyecto de ley en el mes de junio con relación al Patronato de liberados. Entiende que esa institución “no cuenta con una estructura necesaria, con una orgánica, con lineamientos. Depende del Ministerio de Gobierno, con una directora, pero no hay un seguimiento específico”, asegura.

El Patronato de liberados es responsable de articular con el Poder Judicial, el control sobre los condenados en libertad condicional. El femicidio de Micaela García en Gualeguay generó una serie de críticas con relación a su funcionamiento.

En la iniciativa de la que es autora Acosta junto a pares de la bancada que integra, la legisladora propone el reemplazo del organismo por la Dipropal (Dirección Provincial del Patronato de Liberados), también en la órbita del Ministerio de Gobierno, específicamente de la Secretaría de Justicia.

“Proponemos un organismo que le llamamos Dipropal, con un director y jefes de área para Paraná, Gualeguaychú y Concordia que tendrían a su cargo también a un oficial de libertad condicional que sería aquel que tiene a cargo el seguimiento local de la persona que tiene salida transitoria o este con un pre-egreso. Sería un control más exclusivo y dedicado a esa persona, de modo que no que tenga que ir y firmar para dar cuenta que está y de sus acciones”, puntualiza la legisladora.

La idea que sostiene Acosta es que “al instituto a crearse hay que dotarlo de herramientas, que tiene que hacer un trabajo conjunto con el Servicio penitenciario” aunque aclara, “son dos áreas distintas que tienen que tener un equipo técnico, de psicólogos, psiquiatras, asistentes sociales, un equipo interdisciplinario que trabaje por la reinserción del interno que está por recuperar la libertad y con aquellas personas que van a tener libertad condicional”. Habla de “un agente u oficial de libertad condicional que lo visite, sepa lo que hace, como está, en el marco de un seguimiento continuo. Que brinde cuidado y ayuda en la reinserción social”. En síntesis, dice “trabajar en serio sobre la reinserción social” para lo cual “es el Estado el que se tiene que hacer cargo. No puede ser –sostiene– que sea un área donde el preso tenga que pasar a decir presente. Es un área muy sensible y hay que trabajarla bien”, insiste.

“Tenemos que pensar en la víctima y que no vuelvan a ocurrir casos como el de Micaela” menciona antes de hacer hincapié también, en el seguimiento de esa persona cuando está interno en una cárcel.

“En ese caso concreto, se había informado al juez que no estaban dadas las condiciones para gozar de libertad condicional y luego el juez no lo toma. Ahora si nosotros tenemos el seguimiento, cuando esta persona está afuera por parte de un equipo interdisciplinario y un oficial que sabe lo que hace, lo acompaña, lo ayuda, podríamos evitar casos como los sucedidos. Que el Estado esté presente en los casos de reinserción” es el reclamo.
Acosta destacó que la ministra de Gobierno y Justicia, Rosario Romero, apoya el proyecto referido al patronato de liberados. “Estamos a disposición para colaborar en esta política que definimos necesaria y que de la que los gobiernos deben hacerse cargo”, manifiesta.
CÁRCELES
Ahora bien, la legisladora insiste en una política integral. “Tenemos que pensar en un todo, no solo en poner en la cárcel a una persona, sino en el seguimiento total. No podemos pensar solo en abrir cárceles si vamos a seguir en la misma sintonía. Y no podemos sacar una ley de narcomenudeo si no prevemos la situación de las cárceles”.

Apunta otro dato: “hay una franja de personas de 21 a 30 años, son un 38% de los presos. Hay muchos jóvenes privados de la libertad. Tenemos que pensar en educación, salud. Dentro de la misma cárcel proponemos también un sistema de división en función de los delitos que cometieron”.
No son pocos los que sostienen que la cárcel perfecciona en el delito. “En el proyecto que se presentó hay una serie de módulos donde se los divide según el delito cometido separados uno de otros, con patios separados, alternativas en educación, control en los talleres”.

Cita reuniones con el ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, y con su par de Seguridad, Patricia Bullrich por los dos temas cárceles y narcomenudeo. “Entendemos que el gobierno nacional está dando una fuerte lucha contra el narcotráfico en general, con resultados buenos y es decisión del Presidente ir contra el narcotráfico. De todas maneras compartimos que la provincia tiene que tener injerencia en el narcomenudeo”.

En cuanto al reclamo del Ejecutivo provincial para que Nación aporte recursos económicos, por ejemplo por los presos federales alojados en las cárceles de la provincia, Acosta destacó que “hoy por hoy, Nación manda esos fondos. Hoy al Servicio penitenciario le llegan fondos nacionales. Había deudas de 2013 pero este gobierno nacional se puso al día”, responde. Afirma incluso, que “el Servicio penitenciario ha mejorado a partir de una fuerte inversión del gobierno nacional. Desde ese punto de vista no hay problema y Garavano ve con buenos ojos tener otra cárcel”.

Entre estos temas también surge el tema de adicciones. “No sentimos que haya política para esta temática. No hay un centro de prevención y rehabilitación en la provincia, Tenemos centros de día como el de Colón y en Concordia hay otro, pero el problema de adicciones nos obliga a recurrir a centros privados y de fuera de la provincia”.
INVERSIÓN
Cuando la consulta gira en torno a las inversiones que se deben planificar y los tiempos de restricciones que corren, Acosta responde: “Estos son los temas que en su momento hablé con el gobernador. Hay que trabajar sobre esta problemática para evitar hechos más graves y porque la sociedad también lo reclama. Son políticas caras, pero no hay que pensar en un gasto sino en una inversión para la provincia, que se invierte en seguridad, en tratamientos, en que el Estado esté presente y la sociedad así lo perciba”.

Concluye que “como gobierno provincial nos tenemos que hacer cargo de las problemáticas que tenemos y definir qué interesa y qué no. Si queremos trabajar con las problemáticas que estamos teniendo creo que hay que invertir”.

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