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Diputados convirtió en ley el régimen de Responsabilidad Penal Empresaria

Diputados convirtió en ley el régimen de Responsabilidad Penal Empresaria que establece sanciones a las personas físicas y jurídicas.
Agrandar imagen Las empresas enriquesidas con la corrupción con los días contados.
Las empresas enriquesidas con la corrupción con los días contados.
La Cámara de Diputados convirtió en ley el régimen de Responsabilidad Penal Empresaria, que penaliza la corrupción empresaria. Con 144 votos afirmativos, 6 negativos y 31 abstenciones, el oficialismo cumplió su cometido de contar con una herramienta para sancionar a personas jurídicas por delitos de corrupción, aunque se estableció que los mismos prescriban a los seis años de su consumación.

El interbloque Cambiemos contó con el apoyo del Frente Renovador-UNA y el bloque Justicialista, en tanto que el Frente para la Victoria-PJ se abstuvo y el Frente de Izquierda votó negativamente.

“Hasta hoy solamente las personas físicas pueden ser sancionadas ante la comisión de un delito. A partir de ahora también van a poder ser sancionadas las personas jurídicas. Esto es muy importante porque en definitiva muchas de estas empresas se han beneficiado y enriquecido con actos de corrupción”, destacó el diputado del PRO Daniel Lipovetsky durante su intervención en la sesión especial.

Sanciones
El proyecto establece multas y hasta la quita de la actividad por un plazo máximo de diez años y la suspensión de participar en las licitaciones convocadas con el Estado Nacional, a aquellas empresas involucradas en delitos contra la administración pública.

Por otra parte, la Cámara baja aprobó por unanimidad la prórroga de la emergencia territorial indígena. Con 214 votos afirmativos, ninguno negativo y sin abstenciones, el Congreso prorrogó por cuatro años la ley que suspende desalojos en tierras indígenas. La ley vencía el próximo 23 de noviembre y contaba con aprobación del Senado. En la Cámara alta la iniciativa que prorroga los efectos de la ley 26.160 fue aprobada por unanimidad el 27 de septiembre pasado, pese a los intentos previos del oficialismo por acotar el plazo de extensión a dos años.

La normativa fue sancionada en 2006 y estableció la suspensión por cuatro años de los desalojos, hasta que se terminara el relevamiento catastral de las tierras que históricamente ocupan los pueblos originarios, pero esa tarea nunca culminó.

Ante esa demora, los efectos de la norma fueron prorrogados por cuatro años más en dos oportunidades. Según un informe del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), hay 1.532 comunidades identificadas en el Programa Nacional de Relevamiento Territorial Indígena, pero sólo 459 tienen el relevamiento completado.
Fuente: NA

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