ROBO DE ARMAS

Pedirán once años de prisión para el perito balístico Antonio Vitali

Está acusado de liderar una organización criminal dedicada a la venta de armas que se encontraban bajo su custodia en el depósito de tribunales. También está comprometido en una causa por violencia de género.
Agrandar imagen Antonio Vitali está acusado de robar armas del depósito de Tribunales para venderlas.
Antonio Vitali está acusado de robar armas del depósito de Tribunales para venderlas.

El perito balístico está acusado de liderar una organización criminal dedicada a la venta de armas que se encontraban bajo su custodia en el depósito de tribunales. En la audiencia de remisión de la causa a juicio, los fiscales adelantaron que solicitarán que sea condenado a once años de prisión. Vitali también está comprometido en otra causa por violencia de género.

El perito balístico del Superior Tribunal de Justicia (STJ) Antonio Vitali quedó a un paso del juicio oral en una de las causas que lo tiene como imputado por el robo de armas que estaban bajo custodia judicial, y los fiscales Ignacio Aramberry y Juan Malvasio adelantaron que solicitarán que sea condenado a once años de prisión. El planteo fue efectuado en la audiencia de remisión de la causa a juicio ante el juez José Eduardo Ruhl, donde fiscales y defensores expusieron cuáles son las pruebas documentales, instrumentales, periciales y testimoniales que pretenden reproducir en el debate oral y público.

Se acordó que habrá unos setenta testigos, entre los que se cuentan funcionarios y empleados judiciales, peritos y policías, fundamentalmente.
Vitali está acusado por los delitos de peculado, sustracción de objetos destinados a servir de prueba y custodiados y provisión ilegal de armas de fuego.

Se cree que el perito había montado un negocio de venta ilegal de las armas que estaban bajo su custodia. Vitali era quien sacaba las armas del depósito de efectos secuestrados de tribunales, se las entregaba a Maximiliano Bertoni –también empleados del Poder Judicial–, y éste a Eduardo Borgogno y Mario López Alonso, que eran los encargados de conseguir los compradores, realizar las gestiones de venta y cobrar por ello. Bertoni les pagaba por sus gestiones, se cobraba su comisión y una parte se la entregaba a Vitali. Se sospecha que también contaban con la facilitación que les brindaba de Fabricio Santapaola, responsable del depósito.

El juicio a Vitali todavía no tiene fecha. En cuanto al resto de los integrantes de la organización, confesaron haber sido parte y fueron condenados en un juicio abreviado.

COMPLICADO. Esta investigación se inició en febrero de 2016, cuando policías de la Comisaría Cuarta de Paraná secuestraron durante un operativo un arma que ya había sido incautada anteriormente y se suponía que debían estar bajo custodia judicial.

En el caso de Vitali, en la audiencia de remisión a juicio celebrada el lunes por la tarde, los fiscales pidieron unificar otra causa que tramita por el antiguo sistema procesal, donde el perito está procesado por la desaparición de más de una decena armas de fuego que habían sido remitidas desde la justicia de Concepción del Uruguay. Si bien la causa es anterior, las sospechas se posaron sobre el perito a partir de su vinculación con el negocio de la venta y/o alquiler de armas por el que ahora será enjuiciado.

Hace dos semanas, Vitali sumó una nueva causa que podría estar vinculada con el tráfico de armas. Una mujer lo denunció por amenazas y violencia de género, lo que motivó un allanamiento en la vivienda del perito. Allí se encontró revólver calibre 357 sin la documentación pertinente y con la numeración borrada. Esa circunstancia constituía una violación a las reglas de conducta que se le habían impuesto y por eso se le revocó la prisión domiciliaria y volvió a la cárcel por noventa días.

Una pericia posterior demostró que el arma había sido secuestrada en un procedimiento realizado en Diamante, peritada en el año 2008 y enviada al depósito de efectos secuestrados en 2015, junto con otras 44 pistolas, para su destrucción. Pero el revólver no se destruyó y la sospecha es que Vitali la reintrodujo en el mercado en forma ilegal. Por ese hecho, el lunes fue nuevamente indagado y se negó a declarar ante el fiscal Aramberry, que amplió la imputación, que en un principio era de extorsión y amenazas, a la sustracción de objetos destinados a servir de prueba y custodiados.
Extorsión, otra acusación
El perito Antonio María Daniel Vitali fue detenido el viernes 20 de octubre en el marco de una causa por violencia de género, a cargo de la fiscal Fernanda Rufatti.

Una mujer lo denunció por amenazas y violencia de género. Según expuso en tribunales, entre agosto y octubre, el perito le envió innumerables mensajes de texto y a través del sistema de mensajería de WhatsApp intimidatorios exigiendo la devolución de un dinero que supuestamente le habría prestado.

La fiscal solicitó allanar el domicilio de Vitali. En la vivienda se secuestraron nueve teléfonos celulares y un arma. El acusado admitió que los mensajes intimidatorios salieron de su teléfono celular e intentó desvincular a su familia, ante una manifestación de la víctima que también dijo haber recibido amenazas provenientes de un número desconocido.

Los abogados Damián Petenatti e Iván Vernengo, defensores de Vitali, cuestionaron que la justicia secuestrara los teléfonos de los integrantes del grupo familiar y la decisión de peritar todos los aparatos. Explicaron que “en la apertura de causa se mencionan dos líneas, de la denunciante y de Vitali; no hay otras líneas involucradas” y advirtieron sobre el riesgo de “ingresar en la privacidad y la intimidad de todas las conversaciones del imputado”, incluso las que mantiene con sus defensores, lo que podría implicar “una afectación al derecho de defensa y a la privacidad entre el imputado y sus abogados”.

El juez Ruhl hizo lugar parcialmente al planteo defensista: acotó la pericia “al objeto procesal”, es decir, que “no se podrán, bajo ningún punto de vista, extraer conversaciones, mensajes, WhatsApp, que se hayan producido entre los señores defensores y el imputado, bajo apercibimiento de ley”.

En esta causa, además, se le dictó una prisión preventiva por noventa días.

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