CONCEPCION DEL URUGUAY

Histórica sentencia por uso de agrotóxicos

Un tribunal condenó a tres personas por afectar la salud de alumnos y docentes de una escuela rural: al dueño del campo, al titular de la empresa de fumigación y al piloto del avión.
En un fallo histórico, la justicia provincial declaró delitos penales las fumigaciones ilegales con agroquímicos en campos cercanos a una escuela y condenó a tres personas, aunque ninguno de ellos irá a la cárcel.

El Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concepción del Uruguay condenó a un año y seis meses de prisión condicional, es decir, no efectiva, a Erminio Bernardo Rodríguez, presidente de la empresa fumigadora Villaguay Aero Litoral SA; José Mario Honecker, dueño del campo de arroz y maíz; y César Martín Visconti, el piloto que manejaba el avión fumigador. Los tres fueron considerados culpables de lesiones leves culposas y contaminación ambiental culposa por la fumigación que roció de agrotóxicos a la Escuela 44 República Argentina, en Colonia Santa Anita.

La denuncia había sido impulsada por la directora del establecimiento, Mariela Leiva, que es también referente de la campaña “Paren de Fumigar las Escuelas”. El 4 de diciembre de 2014 una avioneta que lanzó agrotóxicos sobre una plantación de arroz y maíz, en un campo ubicado a cincuenta metros de la escuela, en horario de clases, afectó a los alumnos y a la propia docente, que debieron recibir atención médica en el Hospital Reverendo Padre Betcher, de Santa Anita, por vómitos, náuseas, dolores estomacales, erupciones en la piel y mucosas.

El tribunal integrado por los jueces Fabián López Mora, Mariano Martínez y Mariela Emilce Rojas acogió el planteo efectuado por los fiscales Fernando Lombardi y Melisa Ríos y les impuso a los tres acusados la pena de un año y medio de prisión.

LA SEGUNDA VEZ. Los jueces consideraron, entre otras cuestiones, que la fumigación se realizó sin notificar con antelación a los vecinos. La normativa provincial que regula el uso de plaguicidas también exige la presencia de un ingeniero agrónomo en el campo “cuando dichos plaguicidas sean aplicados por medio terrestres” a fin de “extremar las precauciones para no ocasionar daños a terceros”, algo que no ocurrió en este caso. “Tanto la Policía como la Municipalidad de Santa Anita presentaron informes de que no hubo ninguna clase de aviso y que ahí no había ningún ingeniero agrónomo o especialista en el tema controlando la aplicación”, resaltó la docente.

En el caso del empresario Rodríguez, se determinó que la compañía que dirigía estaba organizada en forma deficiente y no ejerció las medidas de control adecuadas, a tal punto que al momento de realizar la fumigación no estaba habilitada y el avión no estaba registrado en la provincia.
Los jueces condenaron también al piloto Visconti, que era empleado de Villaguay Aero Litoral SA, fue condenado como coautor de los delitos de contaminación ambiental por el hecho ocurrido en 2008 y le impusieron una inhabilitación por un año para ejercer actividades de pulverización aérea.

En cuanto al dueño del campo, Honecker, fue condenado como autor de los delitos de lesiones leves culposas y contaminación ambiental culposa, penados por la Ley de Residuos Peligrosos.

En diálogo con EL DIARIO, el fiscal Lombardi resaltó que “el proceso no es contra un sector productivo de la provincia, sino que hay una actividad lícita, que es la explotación agropecuaria, y que comprende el uso de determinados productos, pero cuya aplicación está sujeta a una reglamentación. En el caso puntual, se juzgó la conducta de tres personas” y aclaró que “el modelo productivo es algo que debe ser discutido en otro ambiente, no en un juicio penal”.

Los fundamentos de la sentencia, no obstante, se conocerán el 12 de octubre. El fallo es histórico porque representa la segunda condena en el país por la aplicación de sustancias químicas en campos cultivados y sus presuntos efectos nocivos en la salud de la población. El precedente anterior data del año 2012, en un caso ocurrido en Córdoba. En aquella ocasión, el tribunal dio por probado que la aplicación descontrolada de agrotóxicos multiplicó los casos de cáncer en un barrio cercano a la capital.

SATISFACCIÓN. Tras la lectura del veredicto, la docente dijo estar “satisfecha” por la sentencia de condena para los tres acusados, aunque se lamentó de que la justicia no ordenara que ella ni los alumnos fueran sometidos a análisis de laboratorio para determinar cómo resultaron afectados por los agrotóxicos.

“Es increíble esta sentencia, buscábamos que se sentara un precedente, pese al tiempo que ha transcurrido desde que ocurrió el hecho”, enfatizó.
“Los jueces hicieron lugar a la petición de la Fiscalía para que se les aplique una condena de un año y medio de prisión. Yo habría preferido que les aplique el máximo para estos casos, que es de tres años, si bien no iban a cumplirlos en una cárcel. Esto tiene que servir para alentar a todos los vecinos y a los docentes a que denuncien esta clase de hechos”, resaltó la docente.
Una ley de la dictadura
En Entre Ríos, el uso de agrotóxicos se rige por una “ley” de la dictadura. La Ley de Plaguicidas 6.599 fue sancionada en 1980 –tiene la firma del interventor militar Carlos Enrique Aguirre–, aunque luego tuvo modificaciones. La norma establece, además, que “toda persona que se decida aplicar plaguicidas por aspersión aérea o terrestre, deberá tomar las precauciones del caso para evitar ocasionar daños a terceros” y prohíbe “la aplicación aérea de plaguicidas agrícolas dentro del radio de tres kilómetros a partir del perímetro de la planta urbana de los centros poblados”.

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