Escuela fumigada: piden prisión condicional para los imputados

Tras casi tres años de investigación por el hecho sucedido en Santa Anita, el adelanto de sentencia del Tribunal se conocerá dentro de cinco días.
Agrandar imagen Mariela Leiva, la docente víctima de la fumigación.
Mariela Leiva, la docente víctima de la fumigación.
La fiscalía pidió un año y 6 meses de prisión condicional para los tres imputados por los delitos de “lesiones leves culposas y contaminación ambiental culposa”.

Fue ayer por la mañana en el marco de los alegatos en el juicio por la fumigación cercana a la Escuela N° 44 “República Argentina” de Colonia Santa Anita, departamento Uruguay, ocurrida en 2014.

La lectura del adelanto de sentencia está prevista para la semana que viene. “El fiscal pidió un año y medio para los tres. Esperaba más. Pero yo quiero esperar, reservarme las opiniones, estamos todos muy susceptibles y yo en lo particular”, contó Mariela Leiva, la docente víctima de la fumigación.

Los imputados son Bernardo Rodríguez, titular de la empresa fumigadora; César Martín Visconti, piloto de la avioneta y José Mario Honecker, dueño del campo donde se rociaron agrotóxicos a 50 metros del establecimiento escolar, en horario de clases. La pena prevista para estos delitos va desde un mes a tres años de prisión en suspenso.

Minutos antes del mediodía de ayer terminaron los alegatos de la fiscalía, que duraron unas tres horas, y se pasó a un cuarto intermedio para continuar luego con los de la defensa, que se estima que pedirá la absolución.

“El fiscal pidió un año y medio para los tres. Esperaba más. Pero yo quiero esperar, reservarme las opiniones, estamos todos muy susceptibles y yo en lo particular”, le dijo a Ahora Mariela Leiva, la docente víctima de la fumigación, que ocurrió el 4 de diciembre de 2014 y también afectó a cinco alumnos de Primaria.

Todos terminaron en el hospital Reverendo Padre Betcher con vómitos, náuseas, dolores estomacales y erupciones en la piel y mucosas.

La mujer, en conjunto con el gremio docente Agmer, la Red de Abogados de Pueblos Fumigados y la Red de Médicos de Pueblos Fumigados persiguen una meta en este juicio. “Lo que nosotros queremos, que es un objetivo claro y preciso, es sentar un precedente” y demostrar “que los químicos y este modelo de producción nos están envenenando”, dijo Leiva. Y reforzó: “Pese a que los imputados vayan presos o esto sea excarcelable, queremos que haya un culpable”. “Si hay un culpable es porque este modelo de producción nos está envenenando”, subrayó.

La maestra también se refirió a lo que ocurrió en la primera jornada del juicio del día lunes, con la declaratoria de la Mesa de Enlace.
“Me pareció eso una falta de respeto, de moral y de ética esto de querer darle a entender al Tribunal qué es lo que tiene que hacer”, dijo al respecto. “Está clarísimo que no cumplieron para nada la normativa vigente, que hay certificados médicos, forenses y de un perito agrónomo que avalan que los síntomas de los niños y los míos son compatibles con la intoxicación por agroquímicos”, sostuvo.
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