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Dictaron 90 días de prisión preventiva en la cárcel a Vitali

Permanecerá 90 días en la Unidad Penal Nº1 de Paraná con prisión preventiva por la supuesta extorsión a una funcionaria policial, cometida en contexto de violencia de género.
Antonio Daniel María Vitali, experito de Balística del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos sumó una nueva causa en su contra.

Se trata de una acusación por el presunto delito de Extorsión cometido en contexto de Violencia de Género, contra una funcionaria policial.

La causa madre que pesa sobre los hombros del experito es por el presunto robo de armas secuestradas y decomisadas, que estaban bajo la custodia del Poder Judicial, y luego eran comercializadas en el mercado ilegal.

Por ésta causa, el lunes 6 de noviembre se realizará la audiencia de remisión a juicio, en la que Fiscalía pedirá que sea condenado a 11 años de prisión.

Ayer, el juez de Garantías Nº2 Eduardo Ruhl, decidió hacer lugar al pedido de los fiscales Ignacio Aramberri y Fernanda Rufatti, ésta de la Unidad Fiscal de Violencia de Género y Abuso Sexual, y le dictó la prisión preventiva por 90 días en la Unidad Penal Nº1 de Paraná.

Así, el magistrado rechazó los pedidos de una medida de coerción morigerada en la modalidad de arresto domiciliario que realizaron los defensores Iván Vernengo y Damián Petenatti.

Según informaron fuentes judiciales, la audiencia se prolongó por más de una hora en razón del pedido de los defensores, que argumentaron para obtener la medida menos gravosa para los intereses de Vitali.

Esto fue rechazado por ambos fiscales, que entendieron que el hecho de que en el allanamiento que se realizó el viernes 20 en la casa del imputado se haya encontrado un arma con la numeración limada, constituyó un hecho grave, más aún cuando la mujer adujo que el experito la habría amenazado de muerte.

En este sentido, no fue necesario agudizar demasiado la imaginación como para advertir que el imputado de sustraer armas que estaban en custodia del Poder Judicial para venderlas en el mercado ilegal, introduciéndolas nuevamente al circuito del delito, podría amenazar a los testigos que declararán en el juicio que por esta causa, que se comenzará a sustanciar en dos semanas.

Vitali, que también es excomisario, está acusado de ser el responsable del robo de armas que estaban bajo la custodia del Poder Judicial como consecuencias de su secuestro y decomiso, y posteriormente eran vendidas en el mercado ilegal.

La cronología de la investigación penal preparatoria exhibe que el lunes 18 de septiembre, Aramberri pidió formalmente ante el juez de Garantías Nº 3 Eduardo Ruhl, la elevación de la causa a juicio.

Aquel día, el fiscal adelantó que, sin perjuicio de situaciones que pudieran surgir del devenir del debate, solicitará la pena de 11 años de prisión para el perito por los delitos de Peculado y Sustracción de objetos custodiados reiterados.

Vitali, que actualmente se encuentra de licencia, es el último imputado que está vinculado a la causa por la escandalosa situación que puso en vilo al Poder Judicial cuando la investigación que llevó adelante Aramberri, con el máximo hermetismo, reveló que el perito balístico, junto a tres personas más, estaba involucrados en el robo de armas que quedaban en custodia bajo la responsabilidad del Estado, tras su secuestro y decomiso, y luego eran comercializadas en el mercado ilegal.

Previa. En lo estrictamente judicial, los primeros en resolver su situación a través del instituto del juicio abreviado, fueron el empleado judicial, que se desempeñaba en el Cuerpo Médico Forense, Mauro Maximiliano Bertoni, de 34 años; y los señalados como revendedores, Eduardo Román Borgogno, de 45 años, mecánico de motos; y Mario Alberto López Alonso, de 29 años, sodero y tatuador.
Los tres comparecerán como testigos en el juicio.

Bertoni y Borgogno consintieron cumplir con la pena de tres años de prisión de cumplimiento condicional, en tanto que López Alonso lo hizo por un año y seis meses, también de cumplimiento condicional.

A Bertoni, cuya responsabilidad está agravada por su condición de empleado judicial, se le atribuyó el delito de Peculado y Sustracción de objetos custodiados reiterados, en grado de partícipe necesario y coautor respectivamente, en concurso ideal con Provisión ilegal de armas de fuego en calidad de coautor; en tanto que a Borgogno y López Alonso, se les endilgaron los delitos de Receptación sospechosa en calidad de autor en concurso ideal con Provisión ilegal de armas de fuego agravada.
Testigos
La declaración como testigos de quienes, tal como lo reconocieron en respectivos juicios abreviados fueron parte de la maniobra, constituye un importante obstáculo para la defensa de Vitali, que resolvió remover a Marcos Rodríguez Allende de la responsabilidad de llevar adelante su defensa, depositando su confianza en Vernengo y Petenatti, socios de Rubén Pagliotto, quien realizó fuertes críticas mediáticas al STJ por la grave situación.

En este sentido, se destaca que en su declaración de imputado Bertoni complicó seriamente a Vitali, lo que fue incorporado al legajo de la Investigación Penal Preparatoria (IPP) como prueba de la responsabilidad del perito.

Además, según consta en el legajo, también complica a Vitali una pericia de un cuerpo de escritura que se realizó con un papel secuestrado en la casa de Bertoni, en el que se leen distintos tipos de armas y sus precios.

La pericia, realizada por peritos oficiales y de parte, arrojó que la letra de la lista peritada con otros documentos con la letra del perito, se corresponde con la de Vitali.

Durante la investigación Bertoni también declaró que le entregó a Vitali “aproximadamente entre 150.000 o 180.000 pesos”, y recordó que “una vez le entregué 50.000 pesos de una vez”, añadiendo que “hace cuatro años valían más o menos igual a lo que están valiendo ahora, que últimamente Vitali me decía que estaban más caras porque no se conseguían, por ahí mandaba oxidadas o en mal funcionamiento”.

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