Pool party

Concedieron sendas Probation a los dos acusados de abusar de una menor

Los dos imputados por abusar sexualmente de una chica de 15 años en una fiesta de cumpleaños accedieron a la Suspensión del juicio a prueba o Probation. La denunciante decidió donar la reparación económica.
Agrandar imagen La jueza Firpo brindó explicaciones del acuerdo logrado por las partes.
La jueza Firpo brindó explicaciones del acuerdo logrado por las partes.
La jueza de Garantías Nº 1 Paola Firpo, resolvió este viernes conceder la Suspensión del juicio a prueba o Probation a Bruno Malimberni y Mariano Perretti, imputados de abusar sexualmente de una menor de 15 años en una casa ubicada en calle Darwin, en el noreste de Paraná. El caso, que tuvo mucha repercusión en la opinión pública local y nacional, ocurrió el 21 de enero y se conoció públicamente como pool party.

El acuerdo que presentaron la fiscal de la Unidad de Violencia de Género y Abuso Sexual, Fernanda Ruffatti, y el defensor, Leopoldo Lambruschini, ante la jueza de Garantías Nº 1 Paola Firpo, contó con el consentimiento de la querellante particular, en representación de la chica, la abogada feminista Fernanda Vázquez Pinasco.
Responsabilidades
El caso generó mucha preocupación en la sociedad de Paraná, puesto que comenzó a conocerse públicamente como una emboscada pergeñada por un grupo de jóvenes de posición socio económica acomodada, para seducir a chicas de escuelas de prestigio de Paraná. El devenir de la Investigación Penal Preparatoria (IPP) fue develando los hechos y puso la causa en una perspectiva más acorde a lo que sucedió aquel día. Por eso llamó la atención el enojo del defensor ante la información que dio cuenta de la solicitud de la salida alternativa, ajustada a Derecho en este caso, y el llamativo silencio de Ruffatti y Vázquez Pinasco. Incluso fue notable el desagrado de las dos últimas con los periodistas apostados que esperaron el desarrollo de una audiencia que se alongó más de lo habitual para este tipo de caso. A tal punto llegó el malestar, que ambas eligieron salir de la sala de audiencias por el interior, en pasillos utilizados por los imputados y los jueces, evitando dar testimonio de lo que firmaron y presentaron ante la jueza. Así, la sociedad fue privada de conocer cómo se llegó a la resolución del caso. Las letradas desperdiciaron una oportunidad para transmitir tranquilidad, con la fundada explicación que seguro pueden dar, a una sociedad que cada vez tiene menos tolerancia ante el abuso sexual.
Explicación
Quien sí salió por la puerta principal de la sala y explicó a los medios los alcances de la audiencia fue la jueza Firpo, quien como habitualmente lo hace brindó una clara síntesis de lo que sucedió en una sala a puertas cerradas por tratarse de una causa que habría afectado la intimidad de una menor. La jueza reseñó que en la audiencia se presentaron ambas solicitudes, con el consentimiento del Ministerio Público Fiscal, el Ministerio Público Pupilar, la defensa y la querella particular.

Al ser consultada por el devenir de la IPP, Firpo explicó que “la investigación la llevó adelante el MPF, desconozco, dado el nuevo sistema imperante qué evidencias tiene colectadas el MPF en dicho legajo, pero de todas maneras la imputación es por el artículo 120 del Código Penal (Nota de la Redacción; se trata del delito de Estupro), pero al escoger esta salida alternativa, que es la Suspensión del juicio a prueba, no se emite pronunciamiento sobre la autoría ni la materialidad”, añadiendo que “no se analizan dichos estratos del delito, porque se suspende este proceso a prueba del cumplimiento de determinadas reglas de conducta por un tiempo determinado, que las partes han acordado”.

En relación a la calificación legal, Firpo reiteró que “las evidencias con las que cuenta el MPF, como jueces de Garantías, las desconocemos, porque no se ingresa a tratar, a analizar las evidencias, y no es que es algo ajeno a la víctima, porque la figura penal no se ha modificado, sólo se ha suspendido el proceso y el legajo, a prueba”.
Cursos
En relación a los plazos de la Probation, Firpo precisó que “es por el término de dos años y las reglas de conducta que han acordado las partes, son la realización de tareas que va a determinar la Oficina de Medidas Alternativas (OMA), también la realización de curso en una Universidad, y la entrega, como exige en todos los casos esta norma, esta salida alternativa, de reparación económica, que no es una reparación económica de asunción de responsabilidad sino que es lo que exige el instituto. La supuesta víctima decidió donarlo a la Institución de Ángeles Custodios y a la Fundación Micaela García”.

Al referirse a las solicitudes que decidió conceder, la jueza resaltó que “ambos jóvenes aceptaron esta salida alternativa, al igual que la representante de la supuesta víctima manifestó su total consentimiento” añadiendo que “tal cual la normativa vigente, no solo a nivel nacional sino internacional, (que requiere) el consentimiento informado, en todo momento estuvo en comunicación, y así fue decidido, tanto por la menor supuesta víctima como por la mamá”.
Reparación
En el acuerdo, las partes convinieron en ofrecer, en concepto de reparación del perjuicio, el pago conjunto de la suma de cien mil pesos, a pagar cincuenta mil pesos cada uno. El pago será en dinero efectivo, en diez cuotas mensuales, iguales y consecutivas, de diez mil pesos, haciéndose efectivo el primer pago dentro del quinto día de quedar firme la resolución que acuerde el beneficio. En cuanto a las reglas de conducta, ambos se comprometieron a realizar tareas no remuneradas a favor de una Institución que determine la OMA, por un plazo de seis meses y a razón de 96 horas. Asimismo, se comprometieron a realizar un seminario sobre perspectiva de género, violencia de género, en especial sobre violencia o abuso sexual, en la Universidad Nacional del Litoral, debiendo cumplir con los requisitos académicos de su cursado y presentación de trabajo final.

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