Calle Corrientes y el resto de la ciudad

La semana pasada se anunció el ensanchamiento de la calle Corrientes. Hace más de un siglo que esa idea da vueltas por la cabeza de los paranaenses sin poder concretarse.

La primera ordenanza que refiere a esa obra es de 1913. La ciudad ha atravesado el vertiginoso siglo XX y ya transcurre más de una década y media del XXI y el proyecto se niega a morir (y también a ejecutarse). En relación a esto podría pensarse una metáfora de la ciudad toda que está en un trance permanente entre que avanza y se queda.

Según contó el Secretario de Proyectos Especiales del Municipio, Eduardo Barbagelata, la actualización de la iniciativa sería en dos etapas. En la primera, se recuperarían los espacios que ya fueron expropiados por la Comuna (hace décadas) con destino a construir veredas más anchas e instalar bancos. En la segunda, se efectuaría la postergada ampliación de la arteria. Esto último no se produciría en el corto plazo.

Las noticias de este tipo son las que generan opiniones inmediatas y tajantes. En casi cualquier ámbito surgen, al instante, apoyos y críticas definitivas. Es casi como un acto reflejo: tras la novedad, un posicionamiento innegociable. En realidad, los elementos que hay para generar un juicio son, por ahora, escasos. Lo que se sabe son las declaraciones del mencionado funcionario al cierre de una edición de este diario.

Otro tema que genera aún más controversia es el cambio de dirección de varias calles del centro y la señalización de carriles exclusivos para colectivos. La primera vez que esto se supo fue por una filtración de información, es decir, que no hubo un informe ordenada sobre esta iniciativa oficial.

Ante el conocimiento de la medida que busca ordenar el tránsito, la respuesta no se hizo esperar y rápidamente un grupo de comerciantes se expresó con vehemencia en contra de la medida porque consideran que les generará un perjuicio terminal.

En estos y otros casos, si bien los puntos de vista individuales e intereses particulares son ineludibles, las reacciones dependen, en buena medida, de los términos en que se plantea el debate.

Por ejemplo, ante el requerimiento de las razones que motivan algunas medidas, los funcionarios aducen el estudio de universidades de la región. Dar a conocer públicamente esas investigaciones o sugerencias favorecería el diálogo entre los actores interesados. De este modo, las observaciones académicas se convertirían en parte de la argumentación racional necesaria para llegar a acuerdos generales.

En todo caso, si en vistas al bien de la mayoría se perjudica el interés de sujetos individuales, la exposición clara y contundente de las explicaciones dará la legitimidad pretendida. En última instancia, queda la posibilidad de los resarcimientos temporarios o permanentes. Así como el Municipio pagó por los terrenos de las propiedades de calle Corrientes, se puede pensar en condonaciones de cargas impositivas, por dar un ejemplo a la ligera.

Lo que hay que lograr en una discusión que involucra a toda la ciudadanía es que no haya margen para el corporativismo o la unilateralidad. La buena voluntad de los participantes dependerá, dada la altura de los acontecimientos, del modo en que sea planteada la cuestión y, por supuesto, de la calidad argumentativa.

Aquí tampoco se agota el problema. Dado que las decisiones nunca podrán conformar a la totalidad, la expectativa es que, en todo caso, una vez resuelto un camino éste sea abonado con acciones consecuentes y sistemáticas. De lo contrario, las marchas y contramarchas o la falta de continuidad de las resoluciones, minan los acuerdos y la credibilidad. Esto habilita a que cada uno termine haciendo lo que le plazca.

En este sentido, los cambios técnicos implican la generación de nuevos hábitos. Difícilmente, éstos sean adoptados ante la falta de consenso y la ausencia de controles férreos y sistemáticos. Un buen antecedente, en este sentido, es la exigencia del casco a los motociclistas: una decisión que permaneció en el tiempo y que logró resultados satisfactorios. La clave del éxito parece ser la constancia.

En este marco de decisiones vinculadas al tránsito, expertos y funcionarios sostienen que el radio céntrico y patrimonial está siendo comido, literalmente, por el automóvil. La rentabilidad inigualable de una playa de estacionamiento implica el derrumbe de propiedades históricas y el atentado contra espacios públicos como la Plaza Mansilla que desde el gobierno de facto de Ricardo Favre es un aparcamiento.

Por eso, antes que cuestionamientos repentinos y sectoriales, el asunto planteado tiene que ver con cómo se encuadra cada anuncio en vistas a los cambios de fondo que necesita la ciudad como pueden ser la descentralización, la recuperación de espacios comunes o el reordenamiento vehicular y peatonal. Algunas referencias ya han sido dadas, otras aún faltan ser expuestas con mayor contundencia.

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