Cataluña

El gobierno español prepara una inédita intervención en Cataluña

El presidente catalán, Carles Puigdemont, afronta este jueves el plazo final que le dio el jefe del gobierno español, Mariano Rajoy, para desistir de la independencia.
Agrandar imagen El presidente regional Puigdemont insiste en que su oferta de diálogo es sincera.
El presidente regional Puigdemont insiste en que su oferta de diálogo es sincera.
Aunque ambos reafirman su disposición al diálogo, sus puntos de partida son tan distintos que todo apunta a que no habrá marcha atrás en el plan secesionista.

Puigdemont insiste en que su oferta de diálogo es sincera, aunque quiere hablar únicamente del derecho de autodeterminación de Cataluña que, argumenta, apoyan una mayoría de catalanes que a su juicio se expresaron de forma abrumadora a favor de independizarse de España en el referéndum del 1 de octubre, celebrado bajo prohibición de la Justicia española y represión policial ordenada por el Estado español.

Para el gobierno de España, en cambio, el diálogo sólo es posible en el marco de la Constitución española, que proclama que la soberanía nacional reside en el pueblo español en su conjunto y, por lo tanto, no reconoce el derecho de autodeterminación para ninguna de sus comunidades con aspiraciones nacionales.

El marco constitucional, acordado en la transición posterior a la dictadura franquista, es el único escenario posible de diálogo para Rajoy, quien cree que fuera de la ley lo que hay es "imposición", en este caso de la minoría independentista que llevó adelante un referéndum ilegal, tal como dictaminó el martes el Tribunal Constitucional.

Desde esa posición, el líder conservador desconoce el mandato que dice tener Puigdemont para negociar, cuando se refiere a los los 2,8 millones de catalanes, menos del 40% del electorado, que votaron en la consulta del 1 de octubre.

Del otro lado, los independentistas remarcan que el referéndum unilateral era el único camino para canalizar las aspiraciones del pueblo catalán ante la negativa del gobierno español a negociar una consulta pactada, posición que consideran "antidemocrática".

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