Paraná

Pirotecnia: rechazan cautelar contra un decreto de Varisco

La norma rige desde agosto, pero el pleito en Tribunales se presentó en diciembre. Los empresarios no lograron, de momento, la suspensión de su aplicación. Aunque la cuestión de fondo no está resuelta.
Agrandar imagen La Justicia rechazó la cautelar de los empresarios de venta de pirotecnia.
La Justicia rechazó la cautelar de los empresarios de venta de pirotecnia.
La norma rige desde agosto, pero el pleito en Tribunales se presentó en diciembre. Los empresarios no lograron, de momento, la suspensión de su aplicación. Aunque la cuestión de fondo no está resuelta. La Justicia no hizo lugar a una medida cautelar presentada por la Cámara Argentina de Empresas de Fuegos Artificiales en el marco de una demanda por inconstitucionalidad del decreto Nº 1.469/17, dictado en agosto último por el intendente de Paraná, Sergio Varisco, y por el que se pretendió limitar la comercialización de pirotecnica en la ciudad. La presentación, patrocinada por el abogado Santiago Halle, se hizo ante el juez Civil y Comercial Nº 7, Martin Luis Furman. En la demanda se reclama que se “declare la inconstitucionalidad de los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 , 12, 13, 14, 15 y 16 del decreto 1469/2017 sancionado por el Sr. Intendente de dicha municipalidad. En consecuencia, deje sin efecto todas y cada una de las ilegítimas prohibiciones a su mérito impuestas sobre la actividad pirotécnica y del fuego de artificio; actividad lícita de raigambre constitucional”.

Y además incluyó una cautelar, de modo de frenar su aplicación, aunque el magistrado no hizo lugar a la cautelar. Resta, sin embargo, que se resuelva la cuestión de fon do: determinar si el Departamento Ejecutivo Municipal incurrió en una acción de inconstitucionalidad con el decreto denominado de “pirotecnia cero” en Paraná.

FUNDAMENTOS. Al rechazar la cautelar de los empresarios de venta de pirotecnia, el juez Furman sostuvo que el decreto “cuya suspensión cautelar piden los actores goza de presunción de constitucionalidad. Por lo tanto, los requisitos de procedencia de la cautelar deben ser suficientemente fuertes”.

“Asimismo –agregó-, debo ponderar también el interés público comprometido frente al interés particular de los accionantes”, y concluyó que no advierte que el decreto Nº 1469/17 “prohíba las actividades de circulación, exportación o importación de pirotecnia”.

“De tal modo, la alegada violación de los artículos 9; 10; 11; 12 y 75, inciso 13 de la Constitución Nacional y 67 y 82 de la Constitución de la Provincia de Entre Ríos, no surge con la evidencia que se requiere para suspender cautelarmente su vigencia”, resolvió Furman.

“El decreto –dice el dictamen del magistrado- contiene restricciones, pero no prohíbe lisa y llanamente toda actividad, como dijeron los actores. En consecuencia, tampoco advierto (en esta etapa) una falta de proporcionalidad de las medidas dispuestas con los fines declamados en los fundamentos del decreto. Considerar la invocada posibilidad de que el cuestionado decreto fomente las actividades ilegales excede el marco de esta cautelar e incluso podría extralimitar la actividad de los jueces, al rozar su oportunidad o conveniencia. La alegada violación del artículo 28 de la Constitución Nacional no surge con la evidencia que se requiere para suspender cautelarmente la vigencia del decreto”.

Para el juez, “no surge manifiesto (siempre considerando esta etapa) el alegado exceso en que habría incurrido la demandada. En ese sentido, la confrontación de los ejemplos de regulaciones efectuadas por algunos otros municipios, que los actores consideran lícitas con las de este caso concreto, exceden el reducido marco de esta cautelar”.

Y hace notar que los comerciantes tenían conocimiento del decreto dictado por Varisco desde el mes de agosto, “y esperaron hasta diciembre para demandar. Y más allá de declamar la posibilidad de quiebra, no precisaron de qué manera concreta sus disposiciones las afectaron. Además, el derecho constitucional invocado es de carácter patrimonial, y como tal, susceptible de una posterior reparación por los medios legales idóneos”.

ALCANCES. El decreto firmado por Varisco dispuso la prohibición “en todo el ámbito del municipio de Paraná la tenencia, uso, detonación, fabricación, comercialización o venta al público mayorista o minorista de todo elemento de pirotecnia y cohetería que no hayan sido calificados
como de `venta libre´ por la Anmac”, la Agencia Nacional de Materiales Controlados, que reemplaza a lo que antes fue el Registro Nacional de
Armas (Renar). También prohibió “la tenencia, uso, detonación, fabricación, comercialización o venta al público mayorista o minorista de todo elemento de pirotecnia y cohetería denominados ´mortero´ o morteros con bomba, y todo aquel que genere efecto audible o sonoro sea o no de ´venta libre´”.

También quedó vedado “la fabricación, venta, comercialización, expendio, entrega y/o suministro, cualquiera sea su modalidad, a título gratuito u oneroso, de globos aerostáticos; así como la utilización de los mismos, encendido, manipulación, suelta y/o liberación al ambiente desde recintos abiertos o cerrados, públicos o privados”.

“Las empresas co-actoras están desde ya legitimadas, por cuanto las prohibiciones impuestas en los términos del decreto atacado no hacen sino que liquidar la actividad comercial que hace a su objeto y razón de ser, con lo que enerva sus derechos de trabajar, ejercer toda industria lícita y de propiedad”, plantea el escrito de los vendedores de pirotecnia.
Reproche
Uno de los argumentos que la Cámara de Pirotecnia reprocha al decreto de Varisco es que avanza sobre competencias que no le son propias. Al respecto, el texto de la presentación señala que “el principal agravio constitucional se funda en que la demandada -de hecho y sin competencia alguna- legisló en materia delegada con menoscabo de los arts. 121 y 126 de la Constitución Nacional; desconociendo, así, lo dispuesto por el Congreso de la Nación en los términos de la ley 20.429 y de su decreto 302/83. Y lo hizo, reiteramos, trazando una política que resulta incompatible y repugnante con la fijada por el gobierno central en virtud de las normas expuestas. Todo ello, en agravio a derechos de esta parte; ya que la resolución atacada, al imponernos prohibiciones frustratorias de derechos constitucionales no queridas por el legislador competente (que es el Congreso), comportó un claro supuesto de inconstitucionalidad”.

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