COLABORACIÓN

Un año esencial en la protección del niño

Domingo 22 de Diciembre de 2013 Hs.
Durante el año 2013 se sancionaron y promulgaron tres importantísimas leyes para la protección efectiva de los derechos de los niños, niñas y adolescentes de nuestro país. Estas normas vienen a llenar el vacío legal existente en temas harto significativos relacionados con el trabajo infantil, el acoso escolar (bullying) y el ciberhostigamiento (grooming).
La Ley 26.847, sancionada el 20 de marzo y promulgada por el Poder Ejecutivo el 11 de abril de este año, caracteriza la explotación del trabajo infantil como un delito e incorpora al Código Penal el artículo 148 bis por el cual se establece que se sancionará con prisión de uno a cuatro años al que aprovechare económicamente el trabajo de un niño o niña en violación de las normas nacionales que prohíben el trabajo infantil, siempre que el hecho no importare un delito más grave, quedando exceptuadas las tareas que tuvieren fines pedagógicos o de capacitación exclusivamente. Además el texto promulgado expresa que no serán merecedores de pena, el padre, la madre, tutor o guardador del niño o niña que incurriere en la conducta descripta. En este sentido, surge claramente que la intención del legislador no ha sido culpabilizar a las familias que recurren al trabajo de los niños como una necesidad o estrategia de supervivencia en contextos en que la pobreza es un factor determinante, sino que la penalización recae sobre aquellos empresarios inescrupulosos que –aprovechándose de esta situación de vulnerabilidad– utilizan la mano de obra infantil para el enriquecimiento propio.
Es dable mencionar que esta ley no exige o requiere el empleo de medios violentos, intimidatorios, fraudulentos o coercitivos, dirigidos a lograr o vencer la voluntad del menor de 16 años de edad (inclusive, la actividad laboral de que se trate pudo haber sido consentida por éste o propuesta por el propio menor como medio de subsistencia), sino que es suficiente para que el delito se configure que el autor “se aproveche económicamente” del trabajo del niño, esto es, como se dijo, que obtenga ganancias de contenido patrimonial, en beneficio propio, y que sean provenientes del trabajo realizado por el niño o adolescente menor de 16 años. De esta manera Argentina avanza en forma progresiva y directa en dirección a la erradicación del trabajo infantil.
BULLYING. El 11 de septiembre de 2013 se sancionó la Ley 26.892 “para la promoción de la convivencia y el abordaje de la conflictividad social en las instituciones educativas” o más conocida como ley “Anti Bullying en las escuelas”.
Antes de realizar el comentario del texto de esta ley, es conveniente definir qué se entiende por hostigamiento escolar o bullying. Básicamente, consiste en el acoso o persecución física o psicológica que realiza un alumno contra otro, a quien elige como blanco de repetidos ataques. El hostigamiento debe ser reiterado y sostenido en el tiempo, por lo tanto una pelea ocasional o por un tema puntual no es considerada un caso de bullying. Cabe remarcar que el acoso siempre debe ser contra una persona concreta y no contra un grupo. Si fuera así, sería considerado una pelea entre bandas o pandillas.
El bullying tiene varios protagonistas: el hostigador (es el que idea el hostigamiento y no siempre el que lo ejecuta); el hostigado; los seguidores (los que apoyan al líder y muchas veces ejecutan el hostigamiento), los espectadores (que pueden sólo mirar, reírse de lo que pasa o intentar detenerlo); el personal de la escuela (que debe detectarlo e intervenir) y los padres (responsables de detectar cambios en sus hijos y conversarlo con las autoridades del colegio).
Una vez definido el problema, estamos en condiciones de analizar esta ley. La misma está destinada a prevenir la violencia física, psicológica y/o verbal en el ámbito escolar, a través de la promoción de la convivencia, el diálogo y el respeto. La norma prevé la creación de instancias de participación donde docentes, padres y alumnos puedan prevenir y solucionar situaciones violentas. Debe señalarse que esta normativa promueve la creación de equipos especializados para la prevención e intervención ante esta clase de episodios y dispone la elaboración por parte del Ministerio de Educación de la Nación de una guía para docentes que fije pautas ante casos de acoso escolar.
En cuanto a las sanciones a imponer, la ley las orienta a partir de un sentido pedagógico. Éstas deberán tener carácter educativo, tendrán que ser graduales y progresivas, de tal manera que permitan al agresor hacerse responsable de sus actos. Asimismo deberán garantizar el derecho a la educación, por lo tanto en el caso extremo que se decida expulsar al acosador de la institución las autoridades de la escuela serán las responsables de hallarle a éste otro establecimiento donde estudiar.
Debe tenerse presente que la ley establece la creación de una línea telefónica gratuita (0800) para la atención de las víctimas de bullying en caso de que éstas no se atrevan a contar lo que les sucedió o para aquellos supuestos en que la escuela no actué ante la denuncia del niño o adolescente hostigado.
GROOMING. El anglicismo grooming proviene del vocablo “groom”, que alude a la preparación o acicalamiento de algo, aunque en el ámbito de la pedofilia suele asociarse a toda acción que tenga por objetivo minar o socavar moral o psicológicamente a un niño, niña y/o adolescente con el fin de conseguir su control a nivel emocional para un posterior abuso sexual, por lo que se trata entonces de un supuesto de acoso sexual infantil. Es un proceso sexual abusivo a transitar evolutivamente (acoso progresivo), facilitado por el uso de las nuevas tecnologías, que consiste en la interacción comunicacional de un adulto con un menor con fines sexuales y abusivos.
No se trata de un nuevo delito derivado de la revolución tecnológica (Internet, mensajes de texto etcétera), sino una forma evolucionada de cometer un delito preexistente, es una técnica actualizada con la que los pedófilos tratan de contactar con sus potenciales víctimas.
El término grooming comenzó a usarse en la literatura dedicada al estudio criminológico y psicológico de los delincuentes sexuales para describir los comportamientos del depredador sexual llevados a cabo en la primera fase del abuso, en la que el abusador trata de ganarse la confianza del menor de edad y de acceder a información esencial sobre él para la posterior consumación del abuso. A su vez, se indica que es posible esquematizar el acoso sexual infantil o child grooming en una serie de fases sucesivas, a saber: a) fase de amistad, b) toma de contacto, gustos, preferencias, confianza, c) fase de relación, d) confesiones personales e íntimas, consolidación, e) componente sexual, f) participación de actos de naturaleza sexual, fotografías, webcam, g) extorsión, h) escalada de peticiones, i) agresión.
Para prevenir y sancionar este tipo de conductas se promulgó hace pocos días la Ley 26.904, que incorpora al Código Penal la figura del ciberhostigamiento, o grooming. El nuevo artículo sanciona con pena de prisión de seis meses a cuatro años al que, por medio de comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones o cualquier otra tecnología de transmisión de datos, se contacte con una persona menor de edad, con el propósito de cometer cualquier delito contra su integridad sexual.
Sin lugar a dudas la sanción y promulgación de estas leyes ha significado un gran avance, pues implican, ni más ni menos, que la adecuación de la legislación argentina a los estándares exigidos por la Convención sobre los Derechos del Niño y a los compromisos internacionales asumidos por nuestro país. Cabe destacar que este avance se produce en un contexto de recuperación iniciado hace ya una década en nuestro país en términos políticos, sociales y económicos. Ello posibilita la implementación de políticas públicas que reconocen derechos a un conjunto amplio de la población alcanzando a los niños y adolescentes a partir de la puesta en marcha de la Asignación Universal por Hijo. Este trascendental proceso de cambio normativo, institucional y cultural exige trabajar día a día convencidos de que sólo en un país justo e inclusivo, las niñas, los niños y los adolescentes podrán gozar efectivamente de sus derechos.
Ésta es nuestra mejor apuesta de cara al futuro.
(*) Abogado. Escribano. Especialista en Derecho Penal. Defensor de Pobres y Menores.
Dr. Pablo Barbirotto (*)
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