PATRIMONIO. Una recorrida por el edificio del Comando que será sede judicial
El ruido metálico del cerrojo que se corre representa la entrada a un lugar cargado de historia, que supo ser la casa de un médico, hospital para pobres y guarnición militar; que albergó enfermos, soldados, presos políticos y quién sabe cuántas leyendas. Ahora pasó a manos del Poder Judicial y está siendo refaccionado.
Lo primero que chocan los ojos de cualquier visitante es una imagen estampada en azulejos de la Virgen Nuestra Señora de la Merced portando una bandera e investida con la faja y la banda correspondiente a su alta jerarquía militar y debajo la leyenda “Generala del Ejército”. Es lo único que quedó de lo que fue hasta hace unos años la sede de la Segunda Brigada Blindada General Justo José de Urquiza de Paraná. El resto son marcas y agujeros en la pared.
En el lugar reina un raro desorden si por ello se entiende a la sobreabundancia de polvillo acumulado por años de encierro, moho y una fresca humedad en el ambiente. Hay algunos espacios en refacción y otros completamente restaurados.
Se clausuraba el año 2008 cuando el jefe de la guarnición, Jorge Tellado, hizo entrega formal del predio, aunque hacía unos meses que se había concretado la venta y un tiempo más que se sabía que la estructura militar debía abandonar el lugar. Estaba, sí, en buen estado de conservación, pero ya sentía el paso del tiempo sin esos pequeños trabajos que requiere una construcción centenaria.
“Cuando supieron que tenían que entregar el predio, los militares dejaron de hacerle un mantenimiento adecuado y volcaron sus esfuerzos en los inmuebles a los que habrían de mudar el Comando. Eso provocó un lento pero indetenible deterioro”, explica el camarista durante la recorrida con los cronistas de EL DIARIO.
Daniel Alonso tiene 53 años y es oriundo de Victoria aunque desarrolló casi toda su carrera en Formosa. Allí fue funcionario judicial, convencional constituyente y como abogado intervino, por ejemplo, en causas por violaciones a los derechos humanos y también representó a Carlos Nair Menem en el juicio por filiación para que se lo reconozca como hijo del ex presidente. Llegó a Paraná como juez federal en 2008 pero al poco tiempo pasó a ocupar el lugar de camarista que dejó vacante Guillermo Enderle, cuyo último acto público fue, precisamente, durante el acto de entrega del edificio.
Anfitrión y guía, Alonso se percibe curioso de la Historia y en su despacho guarda algunos libros de sentencias, de esos con letra manuscrita prolijamente dibujada y escrita con pluma, tal como se usaba antaño. Esa curiosidad lo ha llevado a conocer los orígenes de la Cámara Federal de Apelaciones, que el año próximo cumplirá 110 años, y del Juzgado Federal de Paraná, que celebrará sus 150 años de funcionamiento en 2013.
HISTORIA. El Comando fue adquirido por el Consejo de la Magistratura de la Nación para albergar algunas dependencias judiciales: ya se vendieron los pliegos y se espera conocer las ofertas para las obras de refuncionalización del edificio principal, donde está proyectado el traslado del Tribunal Oral Federal y los Juzgados Federales; en una segunda etapa se prevé construcción de un edificio para la Secretaría Electoral; y también es posible que allí funcionen las fiscalías y defensorías públicas.
El edificio estaba en poder de los militares desde 1914. Había sido adquirido a Luisa Otero de Hernández, esposa de quien fuera juez, gobernador y senador nacional entrerriano, Sabá Z. Hernández. Antes había funcionado allí un hospital de caridad impulsado por Hernández y apadrinado por el gobernador Eduardo Racedo.
En esa mole de cemento sobre la que se cierne un laberíntico edificio, con pasillos, recovecos y escaleras que perderían hasta al más avezado guía, funcionaban los cuarteles del Comando de la Segunda Brigada de Caballería desde 1965. Esa característica, que podría darle un halo misterioso, tiene, por el contrario, un costado si se quiere tenebroso. Es en verdad un prejuicio porque nada conserva la antigua estructura de sus anteriores ocupantes. Y nada en este caso es exactamente eso: nada. Ni siquiera quedaron los accesorios que hubieran estado empotrados en las paredes.
EN RECUPERACIÓN. El predio ocupa el corazón de manzana, con una construcción principal, algunos anexos y un centro aireado: tiene una entrada principal por calle 25 de Mayo, un estacionamiento al que se accede por Urquiza y un ala al que se ingresa por calle Belgrano. Todo está conectado por un gran patio arbolado y poblado por palomas.
Sin embargo, después de aquel día de diciembre de 2008 le echaron llave y casi nadie anduvo más por allí. Entonces la suciedad fue ganando espacios por algunos orificios. “Tiene inconvenientes lógicos por haber estado cerrado durante casi tres años: humedades, decaimiento general, polvillo; pero no problemas estructurales”, explicó Alonso.
El magistrado ha asumido voluntariamente la reapertura en forma paulatina del edificio y con él colaboran unos pocos empleados judiciales. “Estamos trabajando a pulmón, reparando lo que podemos, considerando que no hay personal disponible ni dinero asignado en el presupuesto anual; desde septiembre se reciben apenas 4.500 pesos cada tres meses, ya que antes no había ninguna partida para el sostenimiento del edificio por no estar habilitado aún”, señaló.
Ya fueron recuperados dos espacios en el edificio principal y atravesando el patio se encuentran el departamento médico, la obra social y otra oficina está empezando a poblarse de expedientes que llegan por vía de archivo desde el Juzgado Federal.
Pero el gran desafío a futuro es acondicionar en el menor tiempo posible una sala en la planta baja, para que allí pueda desarrollarse el juicio por secuestros, desapariciones y asesinatos cometidos en la costa este de la provincia, que estaba previsto para este año y debió postergarse unos meses.
La sala tendría capacidad para 95 personas, aunque para ello habrá que derribar una pared que separa lo que fueron dos oficinas; esto es así porque el gran salón que podría utilizarse sin mayores esfuerzos, aquella donde se celebraron los consejos de guerra durante la dictadura, se encuentra en el primer piso y el edificio no tiene ascensor, lo que generaría dificultades para el acceso a los imputados de edad avanzada.
Lo que fueron compartimentos de soldados serán reconvertidos en oficinas y el despacho del jefe del comando será sala para la recepción de declaraciones indagatorias; es probable que el casino de oficiales, ese lugar dedicado a la comida y esparcimiento de los jerarcas y también para las reuniones sociales que en otra época supieron dispensar los militares, se vuelva biblioteca. El sitio conserva aún las columnas de fuste circular al final de un amplio salón, con piso de parqué y un fondo luminoso.
Algunas siluetas y rayos de sol se cuelan por los resquicios que dejan las persianas. Poco a poco se va corriendo el velo hacia la recuperación de un edificio histórico. Tres años estuvo cerrado y tal vez en 2012 se abra al público como parte de los festejos por el aniversario de la Cámara Federal de Apelaciones.
Circo trágico
Entre 1976 y 1977 se desarrollaron tres consejos de guerra en Paraná. En lo formal, son procedimientos militares de carácter sumarísimo que se dan en situaciones de beligerancia y las penas se imponen y ejecutan de manera inmediata. En la práctica, fueron parodias de juicios, sin las mínimas garantías, a los que fueron sometidos algunos detenidos políticos durante la dictadura.
En el enorme salón del primer piso, siete jueces representantes de las tres armas, investidos en sus uniformes de gala, cada uno con el color de la fuerza, se ubicaban delante de un gran telón rojo y presidían el acto.
Los acusados salían de los centros clandestinos de detención e ingresaban de a dos, esposados y encapuchados en el edificio, donde antes del juzgamiento eran obligados a firmar declaraciones, bajo tormentos, en las que se autoincriminaban falsamente y que luego eran utilizadas como prueba en su contra.
Los imputados, luego de todo el círculo que tenían que desarrollar, eran conducidos nuevamente ante el tribunal para conocer la decisión. Allí, en grupos de tres, recibían el veredicto condenatorio. Así terminaba la función.
Túneles
Los estudiosos de la historia de Paraná sostienen que en algún sector del edificio se encuentra la entrada a túneles centenarios”. La frase pertenece a Daniel Alonso y abre paso a una discusión no saldada sobre lo que esconde el subsuelo de la ciudad. Sin embargo, el magistrado enseguida aclara que eso no ha sido corroborado y lo atribuye al hecho de que “la gran cantidad de construcciones realizadas en los últimos cien años en el predio imposibilita advertir a simple vista vestigios de otras construcciones más antiguas”. No obstante, confió en que “tal vez las obras a llevarse a cabo a partir de 2012 dejen al descubierto algunos rastros de eso”. El historiador Miguel Ángel Mernes asegura haber participado de una expedición que pretendía llegar por vía subterránea desde los cuarteles del Ejército hasta el edificio del Comando con el objetivo de apoderarse de la guarnición militar, en los meses previos al golpe de Estado de 1955. Según dijo, las conexiones llegaban desde el Escuadrón de Comunicaciones hasta la Plaza Sáenz Peña y una vez allí fue imposible seguir avanzando debido a un derrumbe, al parecer, bastante extenso. Sin embargo, dejó planteada la duda.
Proyecto a futuro
En términos matemáticos el edificio del Comando de la Segunda Brigada Blindada es de mayores dimensiones que todos los que utiliza el Poder Judicial sumados. En el proyecto se admite que, por sus características, mejorará las condiciones de funcionamiento de la estructura judicial.
El proyecto contempla, en una primera etapa, una serie de trabajos de adecuación del edificio principal para el traslado del Tribunal Oral en lo Criminal Federal, que funcionará en la planta baja; y de los Juzgados Federales, en el primero y segundo piso; y se prevé la construcción de un tercer piso vidriado. La obra está pensada en función de las restricciones y exigencias que fija el Código Urbano de la Municipalidad de Paraná.
Para una segunda etapa está contemplada la construcción de un nuevo edificio para la Secretaría Electoral, sobre el ala que da a calle Urquiza.
Asimismo, está previsto ceder o transferir una porción de terreno para que se instalen, en el sector que da a calle Belgrano, las fiscalías y defensorías.
La Cámara Federal de Apelaciones, por su parte, permanecerá en el edificio donde funciona actualmente, dado que le pertenece, es de gran valor arquitectónico y se encuentra en buen estado de conservación y mantenimiento.
De todas maneras, todas estas obras todavía no tienen plazos de ejecución ni presupuesto.
Juan Cruz Varela
¿Tenés twitter? ¡seguinos!
De casa militar a palacio de la administración de justicia
El predio donde estaba la Segunda Brigada Blindada, en pleno centro de Paraná, se encuentra en vías de refuncionalización para que allí se instalen dependencias de la Justicia Federal. Después de tres años de estar cerrado, en septiembre se inició una lenta recuperación y el año que viene comenzarán las obras para su remodelación.
Lunes 7 de Noviembre de 2011 Hs.
EDIFICIO EXISTENTE
ESQUEMA ANTEPROYECTO
El edificio que ocupó el Comando fue adquirido por el Consejo de la Magistratura de la Nación
El ruido metálico del cerrojo que se corre representa la entrada a un lugar cargado de historia, que supo ser la casa de un médico, hospital para pobres y guarnición militar; que albergó enfermos, soldados, presos políticos y quién sabe cuántas leyendas. Ahora pasó a manos del Poder Judicial y está siendo refaccionado.
Lo primero que chocan los ojos de cualquier visitante es una imagen estampada en azulejos de la Virgen Nuestra Señora de la Merced portando una bandera e investida con la faja y la banda correspondiente a su alta jerarquía militar y debajo la leyenda “Generala del Ejército”. Es lo único que quedó de lo que fue hasta hace unos años la sede de la Segunda Brigada Blindada General Justo José de Urquiza de Paraná. El resto son marcas y agujeros en la pared.
En el lugar reina un raro desorden si por ello se entiende a la sobreabundancia de polvillo acumulado por años de encierro, moho y una fresca humedad en el ambiente. Hay algunos espacios en refacción y otros completamente restaurados.
Se clausuraba el año 2008 cuando el jefe de la guarnición, Jorge Tellado, hizo entrega formal del predio, aunque hacía unos meses que se había concretado la venta y un tiempo más que se sabía que la estructura militar debía abandonar el lugar. Estaba, sí, en buen estado de conservación, pero ya sentía el paso del tiempo sin esos pequeños trabajos que requiere una construcción centenaria.
“Cuando supieron que tenían que entregar el predio, los militares dejaron de hacerle un mantenimiento adecuado y volcaron sus esfuerzos en los inmuebles a los que habrían de mudar el Comando. Eso provocó un lento pero indetenible deterioro”, explica el camarista durante la recorrida con los cronistas de EL DIARIO.
Daniel Alonso tiene 53 años y es oriundo de Victoria aunque desarrolló casi toda su carrera en Formosa. Allí fue funcionario judicial, convencional constituyente y como abogado intervino, por ejemplo, en causas por violaciones a los derechos humanos y también representó a Carlos Nair Menem en el juicio por filiación para que se lo reconozca como hijo del ex presidente. Llegó a Paraná como juez federal en 2008 pero al poco tiempo pasó a ocupar el lugar de camarista que dejó vacante Guillermo Enderle, cuyo último acto público fue, precisamente, durante el acto de entrega del edificio.
Anfitrión y guía, Alonso se percibe curioso de la Historia y en su despacho guarda algunos libros de sentencias, de esos con letra manuscrita prolijamente dibujada y escrita con pluma, tal como se usaba antaño. Esa curiosidad lo ha llevado a conocer los orígenes de la Cámara Federal de Apelaciones, que el año próximo cumplirá 110 años, y del Juzgado Federal de Paraná, que celebrará sus 150 años de funcionamiento en 2013.
HISTORIA. El Comando fue adquirido por el Consejo de la Magistratura de la Nación para albergar algunas dependencias judiciales: ya se vendieron los pliegos y se espera conocer las ofertas para las obras de refuncionalización del edificio principal, donde está proyectado el traslado del Tribunal Oral Federal y los Juzgados Federales; en una segunda etapa se prevé construcción de un edificio para la Secretaría Electoral; y también es posible que allí funcionen las fiscalías y defensorías públicas.
El edificio estaba en poder de los militares desde 1914. Había sido adquirido a Luisa Otero de Hernández, esposa de quien fuera juez, gobernador y senador nacional entrerriano, Sabá Z. Hernández. Antes había funcionado allí un hospital de caridad impulsado por Hernández y apadrinado por el gobernador Eduardo Racedo.
En esa mole de cemento sobre la que se cierne un laberíntico edificio, con pasillos, recovecos y escaleras que perderían hasta al más avezado guía, funcionaban los cuarteles del Comando de la Segunda Brigada de Caballería desde 1965. Esa característica, que podría darle un halo misterioso, tiene, por el contrario, un costado si se quiere tenebroso. Es en verdad un prejuicio porque nada conserva la antigua estructura de sus anteriores ocupantes. Y nada en este caso es exactamente eso: nada. Ni siquiera quedaron los accesorios que hubieran estado empotrados en las paredes.
EN RECUPERACIÓN. El predio ocupa el corazón de manzana, con una construcción principal, algunos anexos y un centro aireado: tiene una entrada principal por calle 25 de Mayo, un estacionamiento al que se accede por Urquiza y un ala al que se ingresa por calle Belgrano. Todo está conectado por un gran patio arbolado y poblado por palomas.
Sin embargo, después de aquel día de diciembre de 2008 le echaron llave y casi nadie anduvo más por allí. Entonces la suciedad fue ganando espacios por algunos orificios. “Tiene inconvenientes lógicos por haber estado cerrado durante casi tres años: humedades, decaimiento general, polvillo; pero no problemas estructurales”, explicó Alonso.
El magistrado ha asumido voluntariamente la reapertura en forma paulatina del edificio y con él colaboran unos pocos empleados judiciales. “Estamos trabajando a pulmón, reparando lo que podemos, considerando que no hay personal disponible ni dinero asignado en el presupuesto anual; desde septiembre se reciben apenas 4.500 pesos cada tres meses, ya que antes no había ninguna partida para el sostenimiento del edificio por no estar habilitado aún”, señaló.
Ya fueron recuperados dos espacios en el edificio principal y atravesando el patio se encuentran el departamento médico, la obra social y otra oficina está empezando a poblarse de expedientes que llegan por vía de archivo desde el Juzgado Federal.
Pero el gran desafío a futuro es acondicionar en el menor tiempo posible una sala en la planta baja, para que allí pueda desarrollarse el juicio por secuestros, desapariciones y asesinatos cometidos en la costa este de la provincia, que estaba previsto para este año y debió postergarse unos meses.
La sala tendría capacidad para 95 personas, aunque para ello habrá que derribar una pared que separa lo que fueron dos oficinas; esto es así porque el gran salón que podría utilizarse sin mayores esfuerzos, aquella donde se celebraron los consejos de guerra durante la dictadura, se encuentra en el primer piso y el edificio no tiene ascensor, lo que generaría dificultades para el acceso a los imputados de edad avanzada.
Lo que fueron compartimentos de soldados serán reconvertidos en oficinas y el despacho del jefe del comando será sala para la recepción de declaraciones indagatorias; es probable que el casino de oficiales, ese lugar dedicado a la comida y esparcimiento de los jerarcas y también para las reuniones sociales que en otra época supieron dispensar los militares, se vuelva biblioteca. El sitio conserva aún las columnas de fuste circular al final de un amplio salón, con piso de parqué y un fondo luminoso.
Algunas siluetas y rayos de sol se cuelan por los resquicios que dejan las persianas. Poco a poco se va corriendo el velo hacia la recuperación de un edificio histórico. Tres años estuvo cerrado y tal vez en 2012 se abra al público como parte de los festejos por el aniversario de la Cámara Federal de Apelaciones.
Circo trágico
Entre 1976 y 1977 se desarrollaron tres consejos de guerra en Paraná. En lo formal, son procedimientos militares de carácter sumarísimo que se dan en situaciones de beligerancia y las penas se imponen y ejecutan de manera inmediata. En la práctica, fueron parodias de juicios, sin las mínimas garantías, a los que fueron sometidos algunos detenidos políticos durante la dictadura.
En el enorme salón del primer piso, siete jueces representantes de las tres armas, investidos en sus uniformes de gala, cada uno con el color de la fuerza, se ubicaban delante de un gran telón rojo y presidían el acto.
Los acusados salían de los centros clandestinos de detención e ingresaban de a dos, esposados y encapuchados en el edificio, donde antes del juzgamiento eran obligados a firmar declaraciones, bajo tormentos, en las que se autoincriminaban falsamente y que luego eran utilizadas como prueba en su contra.
Los imputados, luego de todo el círculo que tenían que desarrollar, eran conducidos nuevamente ante el tribunal para conocer la decisión. Allí, en grupos de tres, recibían el veredicto condenatorio. Así terminaba la función.
Túneles
Los estudiosos de la historia de Paraná sostienen que en algún sector del edificio se encuentra la entrada a túneles centenarios”. La frase pertenece a Daniel Alonso y abre paso a una discusión no saldada sobre lo que esconde el subsuelo de la ciudad. Sin embargo, el magistrado enseguida aclara que eso no ha sido corroborado y lo atribuye al hecho de que “la gran cantidad de construcciones realizadas en los últimos cien años en el predio imposibilita advertir a simple vista vestigios de otras construcciones más antiguas”. No obstante, confió en que “tal vez las obras a llevarse a cabo a partir de 2012 dejen al descubierto algunos rastros de eso”. El historiador Miguel Ángel Mernes asegura haber participado de una expedición que pretendía llegar por vía subterránea desde los cuarteles del Ejército hasta el edificio del Comando con el objetivo de apoderarse de la guarnición militar, en los meses previos al golpe de Estado de 1955. Según dijo, las conexiones llegaban desde el Escuadrón de Comunicaciones hasta la Plaza Sáenz Peña y una vez allí fue imposible seguir avanzando debido a un derrumbe, al parecer, bastante extenso. Sin embargo, dejó planteada la duda.
Proyecto a futuro
En términos matemáticos el edificio del Comando de la Segunda Brigada Blindada es de mayores dimensiones que todos los que utiliza el Poder Judicial sumados. En el proyecto se admite que, por sus características, mejorará las condiciones de funcionamiento de la estructura judicial.
El proyecto contempla, en una primera etapa, una serie de trabajos de adecuación del edificio principal para el traslado del Tribunal Oral en lo Criminal Federal, que funcionará en la planta baja; y de los Juzgados Federales, en el primero y segundo piso; y se prevé la construcción de un tercer piso vidriado. La obra está pensada en función de las restricciones y exigencias que fija el Código Urbano de la Municipalidad de Paraná.
Para una segunda etapa está contemplada la construcción de un nuevo edificio para la Secretaría Electoral, sobre el ala que da a calle Urquiza.
Asimismo, está previsto ceder o transferir una porción de terreno para que se instalen, en el sector que da a calle Belgrano, las fiscalías y defensorías.
La Cámara Federal de Apelaciones, por su parte, permanecerá en el edificio donde funciona actualmente, dado que le pertenece, es de gran valor arquitectónico y se encuentra en buen estado de conservación y mantenimiento.
De todas maneras, todas estas obras todavía no tienen plazos de ejecución ni presupuesto.
