CUANDO LOS PADRES ELIGEN EL CAMINO DE LA JUSTICIA

Los límites de la escuela a la hora de aplicar sanciones

Desde 2009 existe un sistema que privilegia la aplicación de sanciones educativas antes que punitivas, y que desterró las amonestaciones. Pero el cambio es lento, y en ocasiones las autoridades escolares olvidan el principio de defensa, y de proporcionalidad en los castigos. Algo de eso ocurrió en un colegio católico de San José.
Jueves 20 de Octubre de 2011 Hs.
La sanción a una alumna de una escuela católica de San José, departamento Colón, por haber utilizado un teléfono celular en el aula y posteriormente haber subido material a las redes sociales de Internet, y su anulación posterior a partir de una sentencia de la Justicia, volvieron a abrir el debate en torno al modo cómo docentes y alumnos resuelven los conflictos que se desatan en las aulas.
Desde 2009 rige en la provincia un sistema de resolución de conflictos de modo “pacífico”, que prioriza la “mediación” y la “negociación” antes que la aplicación de medidas punitivas, como las amonestaciones, que ya han sido desterradas. Ante la eventualidad de tener que aplicar una sanción, establece ese régimen, la escuela debe tener en cuenta dos principios: la gradualidad –no puede aplicarse sin previamente existir un llamado a la reflexión del alumno que cometió la falta-; y la proporcionalidad, según el nivel de gravedad de la transgresión cometida.
La Resolución Nº 1.692 del Consejo de Educación que regula la aplicación de sanciones establece que éstas deben ser “educativas” y no “punitivas”, y que en todo proceso debe existir el “derecho a réplica”, y la posibilidad de que el alumno ejerza el derecho de defensa. No siempre esos principios se cumplen cabalmente, y por eso sobrevienen los malos entendidos.

INTERVENCIÓN. Carlos Chiara Díaz, vocal del Superior Tribunal de Justicia, miembro de la Sala de Procedimientos Constitucionales y Penal, la misma que reprendió al Instituto del Niño Jesús, de San José, por haber aplicado una sanción a una alumna de 3º año sin haber respetado el derecho de defensa, negó que los jueces pretendan así minar la autoridad de la escuela.
“Lo que nosotros advertimos es que el sistema disciplinario de la escuela no se ajusta a las condiciones de respeto de la facultad de defensa, y que tampoco está adecuado al esquema constitucional vigente. Es decir, no decimos que la escuela no puede ejercer el poder de disciplina; lo que decimos es que no se dio la oportunidad al alumno de efectuar los descargos. Además, no vimos una proporcionalidad en la sanción aplicada. Se sancionó a esta alumna sólo por usar un celular”, apuntó.

- Se critica el hecho de que se está judicializando la tarea de la escuela.
- No, de ninguna manera. No judicializamos las relaciones en el ámbito escolar, como tampoco las relaciones en el ámbito familiar, entre padres e hijos. Pero, evidentemente, si el padre, utilizando los poderes que son propios de su paternidad, aplica castigos que son denigrantes, o que somete a los hijos a una condición indecorosa, intervenimos. No se trata de intervenir de oficio en toda actividad disciplinaria de cada escuela, o por cada nota que se aplica. Pero si viene alguien y demuestra que no se siguió el procedimiento para aplicar una sanción, o que ese régimen disciplinario no ofrece garantías a la gente, ahí sí tomamos parte. Los jueces están para eso. No es que queramos quitar autoridad a nadie”.

MALESTAR. Marcela Mangeón, responsable de la transformación curricular de la escuela secundaria en Entre Ríos, admite el malestar que existe, y reconoce que “la escuela no está fácil”, pero plantea que “con sancionar no se resuelve nada. El tema es trabajar para que no haya faltas, ni maltrato. Es muy difícil trabajar en la escuela secundaria de hoy. Pero el planteo es trabajar la convivencia con acuerdos, con tolerancia, y con cuidado del otro y de uno mismo, para no llegar a faltas, violencia, agresiones. La sanción no corrige conductas, no modifica hábitos”.

DISCONFORMES. En Educación hubo voces discordantes en torno a cómo se resolvió el caso puntual de San José. En opinión de la directora departamental de Educación de Colón, María Elizabeth García de Serpa, el fallo de la Justicia no hizo más que desprestigiar a la autoridad de la escuela y al rol del docente. “Me parece una contradicción que los padres recurran a la Justicia”, disparó la funcionaria, y señaló después: “Estoy totalmente en desacuerdo con la medida tomada por el tribunal. Hemos sido desprestigiados durante mucho tiempo en la docencia y lamentablemente estos fallos nos siguen desprestigiando”.
Roque Caviglia, director departamental de Educación de Paraná, también se mostró contrariado con el fallo judicial. “Hay una resolución que establece cuáles son las normas éticas que un alumno debe observar para ser abanderado. En este caso, la alumna no las respetó y por eso le quitaron la bandera. Esta resolución de la Justicia afecta la autoridad de la escuela, y cuestiona una resolución del Consejo de Educación, que es muy prolija”, aseguró.
Miriam Clariá, asesora legal de Educación, planteó de igual modo que los recursos judiciales de los padres ya son costumbre en la provincia cuando están en disconformidad con alguna medida adoptada por la escuela respecto de los hijos. “Antes, cuando un chico volvía de la escuela con una sanción, los padres le preguntaban por qué, qué había hecho. Ahora, no, los padres se ponen del lado de los hijos, y cuestionan lo que decide la escuela. Eso genera que se arme una costumbre en la que, socialmente, la escuela no puede llamar la atención a sus alumnos”, planteó.
La abogada sostiene que, cuando el acuerdo de convivencia está bien aplicado en un conflicto determinado, y cuando todos están al tanto de qué es lo que dice esa reglamentación, no hay por qué temer. “Cuando está bien aplicado, paso por paso, la Justicia no lo puede objetar. Cuando esto no ha sido así, está la debilidad. Un punto primordial es el derecho a defensa. Cuando eso no está dado, cuando no se respeta el proceso, las sanciones se pueden recurrir en la Justicia”, añadió.
- ¿Fue acertada la sanción de quitarle la bandera a la alumna por usar un celular en clase?
- Por una cuestión de un momento, no es la decisión acertada quitarle una trayectoria de toda una vida escolar. El derecho de portar la Bandera el alumno no lo obtiene de un día para el otro.

Cuándo, cómo

Las escuelas deben priorizar la gradualidad a la hora de aplicar las sanciones, y para eso tienen que distinguir entre faltas leves y faltas graves de los alumnos para determinar de qué modo actuar, dice la reglamentación hoy vigente.
Así, frente a una falta leve, lo que cabe es el llamado de atención oral o escrito, o también la realización de acciones reparatorias. Y frente a las faltas graves, y sólo después de aplicar una política de reparación del daño cometido, pueden existir advertencias directas, y en situaciones todavía más comprometidas, podría caber la decisión de cambio de división, turno y/o establecimiento si fuera estrictamente necesario.
Claro que ese tipo de medidas serán adoptadas en casos extremos, con la intervención directa del Supervisor Escolar y el consentimiento de la familia.
Adriana Wendler, responsable del Programa de Convivencia Escolar del Consejo de Educación, dice que los nuevos parámetros de resolución de conflictos en la escuela no son aplicados de modo uniforme. “Hacia el interior de las instituciones los cambios son más lentos. Hay dificultades para llegar a una coherencia de trabajo. Y a veces la escuela se olvida de dar algunos pasos antes de aplicar una sanción”, observa.
Wendler entiende que no corresponde, sin embargo, que la Justicia medie en un conflicto que debió resolverse en el ámbito escolar. “No es lo correcto esto. Si no, vamos a llenar a la Justicia de un montón de casos. No es el ámbito para resolverlo. Se ha judicializado mucho en muchos ámbitos, no sólo en el escolar”, apuntó.
De todos modos, indicó que en función de la complejidad de las relaciones que se establecen en las escuelas, el Consejo de Educación está avanzando en la redacción de acuerdos de convivencia marco, que ahora son privativos del nivel secundario, para las escuelas primarias. En este caso, serán los padres y los docentes quienes establezcan un marco de relación, y de sanciones disciplinarias, que hasta ahora no existe.

Facebook y la disciplina

El hecho ocurrió el lunes 1º de agosto, al mediodía. Una alumna de tercer año del Instituto del Niño Jesús, de San José, Colón, estaba aburrida en clase, y cayó en la cuenta de que una compañera suya estaba en igual situación.
Hizo entonces lo que hizo: le tomó una foto con su celular, y como el celular tenía conexión a Internet, subió la foto a Facebook, con un comentario socarrón, del estilo “cómo presta atención Fulanita en clase”. En forma de delación, el hecho se conoció en toda la escuela, y la escuela tomó intervención.
Las autoridades echaron mano del acuerdo escolar de convivencia, en el apartado que prohíbe a los alumnos llevar celular a clase, y a partir de eso estableció un marco de situación: que “la conducta refleja falta de conciencia del alcance público del medio social que está utilizando”, que la “acción repercute en la imagen de la institución”, que la alumna en cuestión, la que usó el celular, “porta la bandera de Entre Ríos, y que desde ese punto es criterioso considerar que para ser merecedor de tal distinción, debe respetar las pautas institucionales”.
El procedimiento, sumarísimo, derivó en la obligación para la chica de cumplir 8 horas extra de clase en los días que elija para realizar una monografía sobre “uso y mal uso de los medios de comunicación”, trabajo que debía exponer ante la Rectoría, y después frente a sus compañeros de clase; pero además la sancionaron con la “pérdida del mérito de integrar el cuadro de honor de la institución y de portar o escoltar las Banderas”, según la resolución que adoptó la escuela el 5 de agosto último.
Ricardo Leguizamón
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