Colaboraciones

Personas jurídicas, en estado de emergencia

Desde el advenimiento de la democracia, ningún gobierno constitucional ha considerado en su agenda, encausar y resolver la situación de los organismos registrales.
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“El valor de la crítica constructiva se fundamenta en el propósito de lograr un cambio favorable que beneficie a todas y cada una de las personas involucradas en circunstancias o ambientes determinados, con actitud de respeto y sentido de colaboración”.

Desde el lugar de la construcción, y con la experiencia de más de 17 años en la Inspección de Sociedades, me permito hacer un breve diagnóstico de la situación que hoy atraviesa el organismo estatal (Dirección de Inspección de Personas Jurídicas) y que afecta sin lugar a dudas, a todas las empresas de Entre Ríos y a quienes quieran invertir en nuestra provincia, como asimismo a las organizaciones sin fines de lucro (ONG).

Desde el advenimiento de la democracia, ningún gobierno constitucional ha considerado en su agenda, encausar y resolver la situación de los organismos registrales (Registro Civil, Registro de la Propiedad del Inmueble, Inspección de Personas Jurídicas).

El gobierno federal por el contrario, desde el año 2003 ha implementado modificaciones de fondo y forma, asignándose los recursos necesarios para acompañar los cambios tecnológicos y legislativos impulsados, desde la gestión del Dr. Ricardo Augusto Nissen con la Resolución Nº7/2005 IGJ, simplificándose la inscripción registral de sociedades con la precalificación y estableciendo reglas claras para todos los operadores jurídicos, de nuestro país y del extranjero. Prueba de ello, es que muchísimas empresas radicadas en Entre Ríos, promueven la inscripción de su estructura jurídica (sociedad anónima o de responsabilidad limitada) en la Inspección General de Justicia porteña, acarreándose perjuicios para las arcas de nuestra administración provincial.

La Inspección de Personas Jurídicas -para quienes no lo saben-fiscaliza y controla en Entre Ríos, las sociedades, las fundaciones y las asociaciones sin fines de lucro, desde su nacimiento hasta su disolución. Este organismo -a diferencia del Registro Civil y del Registro de la Propiedad del Inmueble- carece de una estructura descentralizada en los diversos departamentos, centralizando su funcionamiento en una única oficina que funciona en calle Gualeguaychú de la ciudad de Paraná. La “centralización” provoca que tanto los empresarios como los profesionales y quienes llevan adelante una tarea social mediante un organismo sin fines de lucro, deban trasladarse desde Islas del Ibicuy o desde Concordia a la ciudad de Paraná, para acceder al servicio público que la repartición debe cumplir. En 34 años de democracia, ningún funcionario provincial ha promovido la creación de oficinas de informes/recepción de documentación en las cabeceras departamentales, evitando así, que las personas deban recorrer cientos de kilómetros o deban contratar los servicios de profesionales con domicilio en la ciudad de Paraná.

LO REGLADO. En materia normativa, la ley de creación (Decreto Ley 6963/82) y su decreto reglamentario (Decreto 1863/82) datan del último gobierno militar. En 34 años de democracia, se han producido en nuestro país innumerables cambios legislativos, que no han tenido el acompañamiento del organismo provincial.

Solo con fecha 15 de Julio de 2015, se dictó la Resolución Nº150/15, frente a la derogación del Código de Comercio por la Ley Nº 26.994, normativa muy precaria que ignora la existencia y no da respuesta a instituciones del derecho tales como el fideicomiso, sociedades extranjeras, consorcios de cooperación, propiedad horizontal, y conjuntos inmobiliarios, entre otras.

El 12 de abril de 2017 se publicó en el Boletín Oficial de la Nación, la Ley Nacional Nº 27.349 de “Apoyo al capital emprendedor”, que introduce importantes beneficios fiscales a inversores y crea las sociedades por acciones simplificadas (S.A.S.) como nuevo tipo societario, permitiendo la constitución y registración de una sociedad vía Internet, la obtención de la CUIT en un plazo de 24 horas y la apertura de una cuenta bancaria en el acto. Esta ley nacional ordena, que todos los Registros provinciales aprueben un modelo tipo de instrumento constitutivo para facilitar la inscripción registral.

En forma insólita –quizás producto del desconocimiento- el funcionario responsable del organismo, no sólo no ha cumplido con la manda legal, sino que además dispuso (Resolución Nº092 DIPJ) la suspensión de la aplicación de la ley nacional Nº 27.349. Corresponderá a la Justicia calificar semejante exceso del funcionario público y ordenar las medidas que la ley nacional dispone.

La desmesura de “discrecionalidad” con que se ha manejado y se maneja este organismo, atenta contra la seguridad jurídica de quienes pretenden invertir en nuestra provincia, y reclaman reglas claras, criterios objetivos, modelos e instructivos que faciliten la tarea de registración, en línea con el resto de los organismos fiscalizadores de la Nación y de la Provincia.

CAPACITACIÓN. Los particulares también reclaman eficiencia y diligencia a la hora de la resolución de sus trámites registrales. Ello se logra, por obvio que sea, con la capacitación del personal técnico y administrativo, con sueldos dignos y una carrera que se respete, con la tecnología básica para trabajar en forma eficiente, y con un plantel de personal adecuado en número y calidad para sostener una oficina única. Nada de esto existe. El personal técnico y el administrativo no han recibido capacitación alguna y van aprendiendo sobre la marcha. Los sueldos son los más bajos comparándolo con reparticiones similares de otras provincias. Muchos Inspectores profesionales (abogados y contadores), emiten sus dictámenes en forma manuscrita, porque carecen de impresoras. El personal no cobra ningún adicional vinculado a la mayor responsabilidad y exigencia laboral. Las condiciones de trabajo de sectores como el Archivo son indescriptibles por su estado de abandono, poniendo en riesgo no sólo la salud física de los empleados, sino además la documentación que en soporte papel existe, más allá de que se haya dispuesto parcialmente de la digitalización.

Estas situaciones concretas, llevaron a que la totalidad del personal, paralice a principios de año el organismo por 60 días, con la supuesta promesa de las autoridades de que iban a resolverse –en el mes de agosto- cada uno de los planteos laborales: adicional, condiciones de trabajo, informatización, limpieza de las oficinas, carrera administrativa, etc., con la participación del sindicato UPCN quien fue el representante de los trabajadores ante las autoridades. A la fecha la situación de hecho no registra ningún avance. Si un franco retroceso, con el inicio de “estados de asamblea” del personal.

Entendemos que todos los actores y operadores jurídicos, y sobre todo las autoridades del gobierno y los colegios profesionales (abogados, escribanos y contadores), han tomado nota de la gravedad de ésta situación, y de la necesidad de proponer y concretar soluciones inmediatas para éste organismo, de vital importancia para las aspiraciones de cualquier empresario que tenga como objetivo invertir un nuestra provincia.

El gobernador Bordet viene dando señales al sector privado, de poner las cuentas en orden sin aumentar las cargas fiscales, de reducir el gasto público, de no seguir endeudando a nuestra provincia, y de promover políticas que benefician a las pequeñas y medianas empresas. Es por ello, que resulta una contradicción en sí misma, que el organismo provincial de registración de las estructuras jurídicas de las empresas no funcione, esé paralizado, y no brinde un servicio moderno, eficaz, y eficiente.

Se deben derogar las normas del gobierno militar dictando una legislación moderna y dinámica, con criterios objetivos y sin discrecionalidad de ningún funcionario de turno; se debe jerarquizar al personal, con sueldos dignos y capacitación permanente; se debe informatizar y digitalizar todo el organismo en línea con ATER y AFIP.
Y no se puede seguir esperando más.

(*) Abogado. Escribano. Posgrado Sociedades Universidad Notarial Argentina La Plata. Ex Inspector del Registro Público. Asesor del Bloque de Diputados Frente Justicialista para la Victoria.
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