Colaboraciones

La inconstitucionalidad de la sentencia de la Corte

Gustavo Lambruschini, Filósofo, ensayista y docente universitario, brinda su mirada a EL DIARIO sobre la polémica sentencia de la Corte Suprema.
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1. La escandalosa sentencia de la Corte, que termina tratando de manera injusta a los que perpetraron crímenes de lesa humanidad, se suma al extendido fenómeno de la anomia que registra el país desde el Argentinazo, y que se volvió virulento durante la “década ganada”, y que ha adquirido un renovado impulso con el presunto “cambio republicano”, que estaría experimentando por estos días el país. La endémica anomia y la agudeza que ésta adquiere a causa de la sentencia de la Corte, obligan a la toma de distancia de lo inmediato y revisar nuevamente algunos principios que subyacen a la discusión tanto del quid iuris como del quid facti.

2. Se dice de modo principista y con toda razón que es obligatorio defender (1) el Estado de Derecho (la superioridad de la Lex-Logos); (2) la Democracia (la soberanía inalienable del pueblo); (3) la República (el principio de la división de poderes y la recusación de la monarquía); (4) las normas postconvencionales de los Derechos Humanos, oriundos del contractualismo liberal; (5) el Derecho Penal liberal; (6) los derechos de las víctimas; (7) el garantismo; en fin (8) los logros evolutivos generales del constitucionalismo que sólo pueden abandonarse al precio del retorno a la barbarie.

3. Si tiene la voluntad sin alternativas de ser fiel a su principio formal, lo que debe hacer el Estado de Derecho con los facinerosos genocidas y con los que perpetraron crímenes de lesa humanidad cumpliendo dolosamente un plan sistemático, resulta puerilmente simple y obvio: devolver justicia a las alevosas injusticias que cometieron; respetar incondicionalmente los Derechos Humanos de quienes los violaron entonces y con contumacia insisten en violarlos hasta ahora, obstaculizando el esclarecimiento de los crímenes terroristas y la labor reparadora de la jurisdicción.

4. Está fuera de toda discusión el principio de la obligación jurídica y la obligación política de la defensa incondicional del Estado de Derecho, i. e., de que el Derecho debe estar por encima del Estado y de las opiniones y la voluntad más o menos falibles de los ciudadanos, incluso de esos ciudadanos que son miembros del Congreso de la Nación, del Poder Administrador o del Poder Judicial, pues cualquiera puede cometer errores o puede ser un ignorante o violar por alguna razón el Derecho. El Derecho mismo, por su parte, reconocida su falibilidad, se halla condicionado a la Crítica, la reflexividad y la argumentación dialécticas, oriundas del uso público de la Razón. Si el Derecho y toda norma no pueden deducirse fácilmente del principio de la Lex-Logos, de la Libertad-consciente-de-sí, entonces es un instrumento de coacción y de opresión social. Toda ley extrae su legitimidad y su justificación del consenso y del consentimiento de quienes igualitaria y universalmente deben someterse a ella. O dicho de otro modo: lex iniusta non est lex.

5. Así pues, a despecho del Derecho positivo y del iuspositivismo, hay que reivindicar enfáticamente el principio democrático y republicano de que la opinión pública deliberativa como cuarto poder (öffentlichkeit) no sólo tiene el derecho, sino tiene el deber ciudadano de controlar críticamente todas las normas de todos los funcionarios públicos (en principio comisarios y mandatarios revocables) del Estado de Derecho, cualquiera ellas sean, incluidas las sentencias judiciales y aun las de la Corte Suprema de Justicia. El control de constitucionalidad es un derecho inalienable del pueblo y de cada ciudadano autónomo en principio capaz de autolegislarse y autogobernarse. De ninguna manera debe consentirse ni consensuarse que de facto el control de constitucionalidad haya sido usurpado por el Poder Judicial, pues es éste el que permite, por una parte, constatar el habitual prevaricato, la generalizada impunidad y la voluntad constante de ue el Poder Administrador busque colonizar al Poder Judicial (aun con pretextos “democráticos”); y por otra, permite denunciar que la justcia, como principio formal de la República o del Estado de Derecho, se ha ido degradando y se ha tornado públicamente increíble desde aquella hazaña liminar en el “comienzo de la democracia”, que significó el Juicio a las Juntas (1985), lo cual alentó genuinas esperanzas respecto a la Idea de Justicia.

6. No es que haya que renunciar a la Ética de la Convicción y re-afiliarse a la Ética de la Responsabilidad para percibir de manera completamente intuitiva que nos hallamos ante una sentencia injusta emanada de una mayoría contingente de la Corte Suprema, y por lo tanto nula para los criterios morales y éticos del Estado de Derecho: la sentencia de la Corte es inconstitucional.

Para decirlo de manera intuitiva: los Cavallo, los Donda, el “Tigre” Acosta o el “Ángel de la Muerte” Astiz, los ejecutores y los agentes del Terrorismo de Estado o del Estado del Terrorismo; los genocidas y quienes perpetraron los crímenes de lesa humanidad ejecutando con dolo un plan sistemático; esos criminales contumaces, que no manifiestan ni la más mínima insinuación de arrepentimiento y que con toda probabilidad volverían a secuestrar, torturar y asesinar; que se autocomprenden como soldados de una “guerra sucia” y se autodenominan “cruzados” de una apócrifa “civilización occidental y cristiana” sólo existente en sus cabezas enfermas; los que ocultan de manera artera las listas de los desaparecidos y de los niños apropiados y todavía mantenidos en cautiverio; todos ellos, han cometido delitos imprescriptibles, no indultables, no amnistiables en cuanto crímenes de lesa humanidad. Por estos días se denuncia la desatención y aun el desprecio por parte del sistema penal del “derecho de las víctimas” que han sufrido algún tipo de crimen. La impunidad de esos facinerosos, secuestradores, torturadores, genocidas, raptores de niños, violaría los “derechos de esas víctimas” que han sufrido la violación de sus Derechos Humanos como sujetos de derecho. Así pues, esto significaría sobre todo un retroceso moral y una afrenta a la consciencia ética de la Humanidad toda. La República Argentina que exhibía el genuino orgullo, (casi) único en el mundo, de haber juzgado y castigado los crímenes de lesa humanidad, habría defeccionado y habría perdido su genuina y merecida autoridad moral.

7. Frente a la Autoamnistía de los genocidas y los criminales (1983) y frente a los argumentos capciosos, falaces e inmorales acerca de la “continuidad jurídica del Estado”, la incipiente Democracia debió refundar y hallar una justificación normativa original y originaria para juzgar al “mal radical” y al “mal absoluto” (Nino). Como entonces, también ahora tras la sentencia inconstitucional de la Corte, es necesario salvar al Estado de Derecho y a los Derechos Humanos que lo constituyen formalmente: los facinerosos deben ser juzgados y condenados también ahora, respetando el Principio de Proporcionalidad respecto a la naturaleza de los crímenes que alevosamente perpetraron y continúan perpetrando con su silencio y con sus ocultamientos, obstruyendo e impidiendo la jurisdicción (Cantón).

*Filósofo, ensayista, docente universitario.
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