Colaboraciones

La humanidad lesionada

Que el Poder Judicial no borre con el codo lo que escribió la mano de la Justicia.
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Pero también de la responsabilidad que nace del saber, del estar enterado, porque a ello sigue, inexorablemente, el preguntarse: ¿cómo evitar que pueda repetirse? Y la angustiante inquietud de advertir que víctimas y victimarios fueron nuestros contemporáneos, que la tragedia tuvo a nuestro suelo por escenario y que quienes así afrentaron nuestra historia no ofrecen todavía actos o palabras de confiable arrepentimiento”.
Nunca Más (1984)

Lesa Humanidad. En el Estatuto de la Corte Penal Internacional o Estatuto de Roma de 1998 se definen aquellos delitos que deben considerarse de lesa humanidad o como delitos contra la humanidad toda. “Lesa” en latín es el participio pasivo del verbo “laedere” que significa ofender, dañar o herir. Estos crímenes ya habían sido catalogados y considerados como imprescriptibles por los Tribunales de Nüremberg. Para este documento, estos delitos pueden ser cometidos tanto por el Estado como por organizaciones políticas, poniendo como condición tipificante que se cometan como parte de un plan sistemático o general, e intencional contra civiles, ya sea durante una guerra, o en épocas de paz.

En el Estatuto son considerados delitos aberrantes que conforman un plan meditado contra poblaciones no militares: 1. Los homicidios dolosos (asesinatos); 2. El exterminio, privando a las comunidades del acceso a servicios o elementos básicos o imponiéndoles condiciones inhumanas de vida que los lleven paulatinamente a la desaparición (como había sucedido en el Holocausto); 3. Esclavitud; 4. Deportación de personas o su traslado de manera forzosa e ilegítima; 5. Privación ilegal de la libertad; 6 Tortura; 7. Delitos sexuales (violación, prostitución, esclavitud sexual, etcétera); 8 Persecución discriminatoria de grupos políticos, religiosos, raciales, de género, culturales, y otros; 9. Desaparición forzosa de personas; 10 Apartheid. Esta enumeración no es taxativa (es solo enunciativa) ya que luego de enumerar los casos, agrega que también comprende otros actos similares, inhumanos e intencionales, que ocasionen sufrimientos graves, o con el mismo carácter atenten contra la integridad de las personas tanto física como mental.

Este instrumento entró a regir a partir del 1º de julio de 2002. Posee en la actualidad como signatarios a 139 países y otros 107 lo han ratificado. Establece una Corte Penal Internacional permanente con sede en La Haya, que entre los delitos de su competencia, consagra los que aquí se tratan. Esto es: la apropiación de niños, la desaparición forzada, la privación ilegítima de la libertad, la tortura… Todos en manos de agentes del Estado.

La Corte Suprema en la República Argentina definió qué es un delito de lesa humanidad, dejando fuera de su alcance los actos terroristas de los guerrilleros, que dieron origen a la represión ilegal armada por parte del Estado (terrorismo de Estado) sobre todo a partir de 1976. Los actos de terrorismo de Estado sí son considerados crímenes de lesa humanidad por la Suprema Corte, y por lo tanto imprescriptibles.

Desesperación Forzada. A partir de 1976 ante la desaparición forzada emerge la desesperación forzada, los familiares de los desaparecidos claman por saber la verdad de su paradero. Un sector de la sociedad incrédulo que se apodera de los clichés de la época: “algo habrán hecho”, “están todos en Europa”, “los mismos grupos guerrilleros los eliminaron”, “a mí no me pasó nada porque no estaba metido en política”, etc. Los familiares ante la ausencia de los cuerpos traen a la memoria colectiva esa instancia de barbarie en manos del Estado, que dejó de ser Estado de Derecho para ejercer la fuerza brutal sobre un enemigo construido en la denominada “lucha contra la subversión”. El Golpe Militar fue un golpe al corazón de nuestra sociedad, que todavía nos golpea, que aún nos deja heridas. Sin los organismos de derechos humanos, los familiares de desaparecidos, los militantes por la causa derechos humanos en la Argentina; la pretensión de hacer “desaparecer” la búsqueda, la insistencia por la verdad hubiese triunfado, y hoy no estaríamos en condiciones de mostrar al mundo un ejemplo de lucha, una persistencia sin claudicaciones, sin miedos.

La desaparición por la fuerza, de muchos sujetos, de muchos jóvenes, deja desamparada a esa comunidad, desconcertada; es la tremenda violencia de la invisibilidad, de dejar sin rastro a una generación entera; de condenar a los hombres a la duda acerca de su paradero, de su destino final. Esas personas que se esfumaron, ¿dónde están? Al mismo tiempo que se engendraba la proclama de “aniquilar el accionar subversivo”, comenzaba la búsqueda de los desaparecidos, es por eso que hoy debemos retomar, retornar a esos dos extremos de nuestra historia; que están en las antípodas, pero están los dos. Porque si solamente hubiese el terror, no podríamos seguir siendo humanos.

Los Juicios a las Juntas posibilitaron en una primera instancia dar a conocer los testimonios de las víctimas y la inadmisible defensa (sobre todo por sus argumentos) de los verdugos. El informe de Conadep recogió esos testimonios. Pilar Calveiro (2008) afirma: “Los juicios fueron un ejercicio de memoria colectiva. Buena parte de los sobrevivientes testimonió, lo que también fue prueba de los límites de lo pretendidamente irrestricto, del efecto parcial y temporario del terror, de la capacidad de resistencia como contraparte de la sumisión. En este sentido contrapesaron el terror generalizado que la sociedad había padecido. A partir del juicio, tampoco se pudo aducir desconocimiento por la negación de los hechos, luego el desconocimiento y, por último, la obediencia a las órdenes. Desde ese momento quedaron reconocidos sus delitos de manera pública. Nadie puede decir, desde su condena, que los hechos no sucedieron, o bien que los desconoció. Sin embargo puede permanecer otro recurso, de la mayor eficiencia: el olvido, la amnesia. A partir de los juicios, la mejor forma para desconocer que la realidad de los campos de concentración estuvo estrechamente ligada con la sociedad de entonces y con la de nuestros días es olvidarlos, decidir que el mundo y el país han dado suficiente cantidad de vueltas como para estar en otro lado. Amnistía, como amnesia, proviene de a-mnes-is, olvido”.

En el alegato de Emilio Massera publicado por el diario La Nación el 4 de octubre de 1985 dice: “No he venido a defenderme. Nadie tiene que defenderse por haber ganado una guerra justa. Y la guerra contra el terrorismo fue una guerra justa. Sin embargo yo estoy aquí procesado porque ganamos esa guerra justa… Pero aquí estamos. Porque ganamos la guerra de las armas y perdimos la guerra psicológica”. Massera le dio a su alegato un aspecto dramático y teatral, su discurso preparado con fundamentos de los cuales él estaba convencido y que –lamentablemente– en algunos sectores de nuestra sociedad persisten, los argumentos de “guerra sucia” y “guerra contra la subversión” perduran y confunden.

La actitud de los que integraron la Junta Militar en el momento del Golpe, sobre todo la del Almirante Massera, contrastó con la actitud de los que fueron víctimas (del despojo, la tortura, el encierro, el exilio); también se distancia de las imágenes en los juicios que se reabrieron luego de la anulación de los indultos y las leyes de impunidad: los dictadores ahora eran ancianos indefensos que reclamaban (sin arrepentimiento alguno) a través de sus defensores arresto domiciliario habida cuenta de su edad.

La justicia fragmentada. Una sociedad dividida en el momento de aquellos juicios, una sociedad dividida en la actualidad, algunos intelectuales o comunicadores sociales que en tiempos de la dictadura nada decían sobre la brutal represión (inclusive muchos fueron complacientes) hoy se espantan ante los debates, los disensos, los desacuerdos. Cabe destacar la “división” de puntos de vista en cuanto a dar cuenta de la fragilidad democrática en nuestro país: hay quienes señalan como principal factor los sucesivos golpes militares desde el año ’30, mientras que otros apuntan a la clase política a la que definen como corrupta y con falta de capacidad para gobernar el país. En un primer caso la democracia interrumpida violentamente; en el segundo la retirada de la política para dar lugar a un estado gendarme.

Si la clase dominante necesita un Estado que use toda la fuerza para salvaguardar sus derechos que en honor a la verdad no son derechos son privilegios, habrá entonces una parte de la sociedad que apoyará esa mirada, no sólo eso: instituciones y medios de comunicación estarán ahí para justificarlo. Re-escribir la historia en términos de una memoria larga, re-significar la terminología política, social, económica del país, es una tarea compleja y necesaria; habida cuenta de las múltiples significaciones discursivas acerca del sistema democrático, del reparto de poderes, la exégesis legal, las atribuciones del ejecutivo, en suma: de la legitimidad de los mandatos, sus límites y alcances.

APRENDIZAJE. ¿Se puede aprender del conflicto?, de hecho y de derecho, efectivamente sí; si esta sociedad no puede lograrlo, será inevitable continuar con esta polisemia propia de una torre de Babel en la que decimos democracia en muchos sentidos distintos, en la que pronunciamos términos como igualdad, libertad, propiedad sin posibilidad de diálogo, el diálogo es un logos que va y viene entre dos sujetos o entre dos sectores. A partir de la “capacidad de discernimiento” y en virtud de la “materialidad del discurso”, aún admitiendo que las palabras guardan múltiples significados y la polisemia se profundiza cada día más; hay que acudir a los conceptos y categorías de análisis correctos, si lo que buscamos es la verdad. Y si la verdad tiene como meta la justicia y la reparación.

A los denominados “excesos” del período dictatorial llamarlos por su verdadero nombre: son delitos, crímenes de lesa humanidad. Por eso, son crímenes que no prescriben jamás, muchos de los indultados han debido ser juzgados nuevamente, la reapertura de los juicios y la apertura de nuevas causas fueron posibles en la Argentina de los comienzos del siglo XXI, en la Argentina del Bicentenario. La ley 24.390 conocida por la del dos por uno que se sancionó en el año 1994 y se derogó en 2001 es utilizada para casos como el del represor Luis Muiña porque su condena estuvo comprendida en el período mencionado. Ningún argumento “técnico” puede estar por encima del fundamento ético de los derechos humanos. No puede aplicarse ni antes ni ahora a los delitos y crímenes de Lesa Humanidad.
Que el Poder Judicial no borre con el codo lo que escribió la mano de la Justicia.

*Docente universitaria, investigadora.
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